Diario de Navarra

Una mujer de 77 años fue juzgada ayer en la Audiencia de Navarra por ocultar el fallecimiento de su madre durante 23 años, de 1992 a 2015, para seguir cobrando su pensión. Ningún sistema de control lo detectó, por lo que la Seguridad Social abonó un total de 142.000 euros que, según las acusaciones, la procesada utilizó gracias a que era cotitular de la cuenta de su madre. La fiscal le pide 3 años de cárcel y ella reclama la absolución. “No tengo ni idea ni me explico qué pudo ocurrir. Yo no podía tocar esa cuenta”, declaró para negar el fraude. La Seguridad Social lo descubrió en mayo de 2015, cuando Caixabank devolvió la pensión de ese mes. Según explicaron desde la entidad, habían requerido a la titular de la cuenta que actualizara su DNI, dentro de un control para constatar si seguía viva, y al no hacerlo no podían ingresarle la nómina. Después de cuatro mensualidades devueltas, se dejó de abonar la pensión. Y fue entonces, tras consultar en el Registro Civil, cuando la Seguridad Social descubrió que esa mujer había fallecido en agosto de 1992. Así que iniciaron un procedimiento de reintegro (primero se reclaman los cuatro años anteriores) y Caixabank devolvió 32.800 euros, dejando la cuenta de la fallecida, que contaba con 17.000 euros, en un saldo negativo de 16.000. La entidad bancaria también informó de que la cuenta de la fallecida contaba con una cotitular, una de sus tres hijas. “Le enviamos cartas pero no recibimos ninguna contestación suya”, declaró en el juicio la responsable del área de pensionistas de la Seguridad Social. “Se le dio la opción de reingresar el dinero de forma voluntaria pero no lo hizo ni dio explicación a por qué no lo comunicó el fallecimiento durante tanto tiempo”. “NO SAQUÉ DINERO DE AHÍ” La acusada tampoco lo explicó ayer. A preguntas de su abogado -no respondió a las demás partes- aseguró que su madre manejaba su cuenta y que ella “no la podía tocar”, por lo que las veces que acudió a sacar dinero, cuando su madre vivía, tenía que llevar una autorización firmada por ella. Negó que ambas fueran “titulares indistintas”, algo que así consta en la documentación de Caixabank, y dijo no saber si otras personas podían sacar dinero de ahí. La acusada añadió que tiene dos hermanas más y que cuando su madre falleció ella extrajo las 19.000 pesetas (114 euros) que había en la cuenta para pagar el entierro, para lo que tuvo que añadir dinero de su bolsillo. Aseguró que cancelaron la cuenta con la partida de defunción (la cuenta nunca se cerró) y que pensó que con eso era “suficiente”, ya que no sabía que tenía que informar a la Seguridad Social del fallecimiento. “Para nada he sacado dinero de ahí”, reiteró. Sobre por qué no respondió a los requerimientos de la Seguridad Social, explicó que cuando recibió la carta estaba recién operada de cáncer. En la cuenta en la que se ingresaron los 142.000 euros había retiradas en efectivo, cobros de cheques, recibos de la comunidad de propietarios, compras domiciliadas en las que aparecía como beneficiaria la acusada, gastos de teléfonos, embargos del Ayuntamiento de Pamplona... La responsable de la oficina de Caixabank donde se abrió la cuenta dijo desconocer quién había realizado esas disposiciones de dinero, ya que se hicieron desde otra oficina. Para la fiscal, “ningún tercero” ha podido suplantar a la acusada durante 23 años y en todas las operaciones. La defensa, al contrario, sostiene que no se han probado las acusaciones y restó validez al certificado de Caixabank en la que la acusada figura como titular de esa cuenta. RESPONSABILIDAD DEL BANCO Desde enero de 1997, una orden ministerial obliga a las entidades bancarias a realizar “controles de vivencia” para verificar que los beneficiarios de pensiones siguen vivos. Caixabank, en este caso “no lo comunicó”. Por este motivo, la Fiscalía y la Seguridad Social consideran al banco responsable civil subsidiario. La directora de la oficina declaró que este tipo de controles se empezaron a hacer a partir de 2012, tras la absorción de Caja Navarra por parte de Caixabank. Desde la Seguridad Social afirmaron que casos como este “apenas ocurren ahora”, ya que diariamente cruzan sus datos con el Ministerio de Justicia.

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Juzgada por cobrar la pensión de su madre fallecida durante 23 años

La fiscal reclama 3 años y 9 meses de cárcel por haber dispuesto de 142.000 euros

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