Diario de Navarra

Una juez ha desestimado la reclamación que un afectado por el 'dieselgate' presentó contra el concesionario de Audi en Orkoien, al que reclamaba 6.000 euros por la pérdida de prestaciones del vehículo tras la reprogramación indicada por la DGT y el propio fabricante tras detectarse el softwar malicioso. Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1, el informe pericial del dueño del vehículo “no es concluyente para acreditar el alegado perjuicio” que reclamaba al concesionario. El fallo es recurrible ante la Audiencia. El afectado afirmaba que compró el vehículo en 2012 al concesionario, no a la marca, por lo que éste debía responder ante los problemas surgidos tras la reprogramación, según relataba la demanda. Esta intervención se produjo tras el escándalo mundial que afectaba a los motores diesel de la marca Volskwagen, después del cual se encomendó a los usuarios que se sometieran a la denominada “medida de servicio” para la eliminación del software malicioso (optimizaba los valores de emisión de óxido de nitrógeno cuando era sometido a pruebas de ensayo) con el que fue adquirido. El demandante sostenía que, tras la intervención, el coche había “dejado de ser el mismo” y sus prestaciones habían “empeorado”, además de que, según el informe pericial aportado, el sistema de recirculación de gases trabajaba con más frecuencia y generaba más hollín, elemento que podría dañar determinados órganos mecánicos como los inyectores, la válvula EGR o el filtro de partículas. Por todo ello, más los daños morales causados y la depreciación del vehículo en el mercado de segunda mano, reclamaba al concesionario casi 6.000 euros. El concesionario se oponía a la demanda. Reconocía que el vehículo presentaba la incidencia del software y que fue sometido a la medida de servicio, pero señalaba que no se había producido “ningún incumplimiento contractual” y que las emisiones del vehículo eran “inferiores a las de otros vehículos existentes en el mercado”, algo que además no se había tenido en cuenta para concertar el contrato. El vehículo, añadían, es apto para circular y cumple los requisitos de seguridad y funcionalidad, aún en el caso de no haberse implementado la medida de servicio, que no era obligatoria, “lo cual no causó ninguna repercusión negativa en el funcionamiento del vehículo, no produciéndose ningún daño”. Para la magistrada, el informe pericial presentado por el demandante “no demuestra que exista una disminución de las prestaciones del vehículo, ni desde luego un mayor consumo”. “Son meras conjeturas las indicaciones efectuadas sobre la menor durabilidad de determinadas elementos”, afirma. La sentencia añade que las conclusiones del informe pericial del demandante aparecen contradichas por otras pruebas, como el informe de la demandada, y por la popia homologación y certificación de la autoridad competente, y otros informes emitidos en sede de otro procedimiento penal, “y por parte precisamente de autoridades policiales adejas a cualquier sospecha de parcialidad”. Por tanto, ante la “falta de una conclusión rotunda y fundada”, desestima la demanda.

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Desestiman la reclamación a un concesionario por el 'dieselgate'

Un afectado pedía 6.000 euros por la pérdida de prestaciones del coche tras la reprogramación de la DGT y el fabricante

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