Diario de Navarra

Los juzgados de Pamplona fueron este miércoles el escenario de un nuevo capítulo relacionado con el escándalo dieselgate. Al contrario que anteriores reclamaciones, la novedad estribaba en que el demandante pedía una compensación económica directamente al concesionario Audi situado en Orkoien en vez de a la marca. Según el escrito de la parte agraviada, la relación contractual se estableció con la compra en 2012 de un vehículo al concesionario, no a la marca, por lo que este debía responder por los problemas que presentaba tras la reprogramación del motor realizada conforme le indicaba una carta remitida por la DGT y el propio fabricante. El demandante sostenía que, tras la intervención, el coche había “dejado de ser el mismo” y sus prestaciones habían “empeorado”, además de que, según el informe pericial aportado, el sistema de recirculación de gases trabajaba con más frecuencia y generaba más hollín, elemento que podría dañar determinados órganos mecánicos como los inyectores, la válvula EGR o el filtro de partículas. Por todo ello, más los daños morales causados y la depreciación del vehículo en el mercado de segunda mano, reclamaba al concesionario casi 6.000 euros. El juicio oral, que arrancó con una hora de retraso y quedó visto para sentencia hacia las dos de la tarde, comenzó con la intervención del perito del demandante, un despacho de abogados titular del vehículo. Ingeniero técnico industrial, relató ante la juez la prueba a la que sometió al vehículo antes y después del cambio del software del motor, un recorrido urbano y extraurbano de 128 kilómetros que repitió en las mismas condiciones ambientales y de circulación. Entre sus conclusiones destacó una apreciable pérdida de fuerza en una rampa de unos dos kilómetros de longitud, que tuvo que ser abordada insertando una velocidad más corta para obtener la misma respuesta que antes de la reprogramación. Debido a ello, señalaba que, para un mantener el ritmo de conducción similar al anterior a la intervención, habría que incrementar el régimen del motor y consumir más. También registró una mayor frecuencia de la recirculación de los gases de escape, comportamiento que, a su entender, derivaba en la generación de mayor cantidad de hollín, material que, con el tiempo, provocaría el desgaste prematuro de elementos de la alimentación y el escape. Por otra parte, el perito constató tras la reprogramación que se encendía un testigo del cuadro de mandos que advertía de una avería relacionada con los gases de escape, anomalía acompañada de un mal funcionamiento del sistema start and stop. Por último, a preguntas de la abogada del demandante, corroboró una pérdida de valor del coche en el mercado de segunda mano calculada en un 5% . “Sensaciones” en vez de “datos” En el turno del letrado del demandado, intentó desacreditar el testimonio del perito de la parte agraviada al resaltar que las pruebas realizadas al coche no se correspondían a ninguna fórmula homologada. También cuestionaba las conclusiones de su informe, basadas en “sensaciones” más que en datos objetivos. El abogado del concesionario argumentó que tampoco se había probado una menor durabilidad del motor tras la reprogramación, al tiempo que consiguió que el perito demandante reconociera que un cambio de la válvula de recirculación de gases, tal como se reclamaba, entraba en lo normal para una vida útil estimada en 300.000 kilómetros. La parte demandada presentó el testimonio de un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en motores térmicos, que aportó la información de varios estudios y pruebas realizadas a nivel internacional que desmentían los problemas de pérdida de prestaciones y aumento de los consumos, así como los derivados de una menor durabilidad de algunos componentes. No obstante, la letrada del demandante dejó en evidencia que los datos provenían de terceros, no fruto de la experiencia del investigador de la Politécnica de Valencia, y que la parte demandada no había probado el vehículo que había motivado del pleit

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Reclama 6.000 € al concesionario por un coche afectado por el 'dieselgate'

El demandante sostiene que el vehículo ha perdido prestaciones tras la reprogramación

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