Diario de Navarra

Los letrados del Parlamento consideran que la ley foral de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”, impulsada de nuevo por el cuatripartito, puede incurrir en inconstitucionalidad como le sucedió a la norma anterior. El Tribunal Constitucional anuló el pasado julio la práctica totalidad de la ley foral que aprobaron al final de la pasada legislatura Izquierda-Ezkerra (promotora), Bildu, Aralar, Geroa Bai y el PSN. La decisión del Alto Tribunal se centró en la creación de una comisión para investigar hechos relacionados con la violencia ejercida por policías y grupos de extrema derecha desde 1950. Según la sentencia, la Comisión de Reconocimiento y Reparación, “estaría llamada a la investigación y la fijación de hechos o conductas constitutivas de delito, al margen, por entero, del Poder Judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”. Lo que, dictaminó, “es contrario a la Constitución”. Anuló íntegramente 5 de los 8 artículos de la norma y otro de manera parcial. Tras el varapalo judicial, las siglas que sostienen al Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai, Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E) han presentado una nueva ley que derogue la anulada casi al cien por cien. Fue admitida el pasado día 14, y el cuatripartito se valió de su mayoría frente a UPN, PSN y PP para que la tramitación sea por el procedimiento de urgencia. No obstante, la Junta de Portavoces solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento y al Consejo de Navarra sendos informes sobre la nueva norma “contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional” fijada en la sentencia de julio. En su análisis, entregado el lunes a la Mesa y Junta de Portavoces, los letrados de la Cámara concluyen que la actual proposición de ley del cuatripartito “presenta el mismo problema que suscitó la interposición del recurso de inconstitucionalidad” contra la norma de hace cuatro años, “como es la posible interferencia de las potestades de investigación atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, con las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado propias de los juzgados y tribunales”. De ahí que, aseguran, si la nueva ley fuera impugnada ante el Tribunal tal y como se ha registrado, el Alto Tribunal “podría pronunciarse en un sentido análogo” al de su sentencia de julio “y anular buena parte de su articulado”. La proposición de ley del cuatripartito cuenta con la conformidad del Ejecutivo foral. "CAUTELA" INSUFICIENTE La ley anulada señalaba que la citada comisión “tendrá competencia directa en cuanto a la fijación e investigación de los hechos con base en instrumentos internacionales homologados y al margen de toda interferencia en el plano penal”. No obstante, acentuaba que, en caso de que no existiera una sentencia “aclaratoria” sobre la autoría de los hechos, la comisión “determinará de forma veraz y coherente una interpretación que esclarezca lo sucedido”. Así, el órgano resolvería quién es víctima y tiene derecho a indemnizaciones. El cuatripartito ha modificado la redacción en su norma actual y, como hacen hincapié los letrados del Parlamento, a diferencia de los de la ley de 2015, los artículos relativos a la comisión (que deberá ser financiada por el Gobierno) “tienen un alcance meramente organizativo”. El nuevo texto, por otro lado, habla de “subsidiariedad del procedimiento administrativo respecto del penal”. “Está sujeto a la ausencia de finalidad punitiva y respeta con plena garantía los deberes y obligaciones de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales”, dice la ley de Geroa Bai, Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E. Una “cautela” insuficiente a juicio de los juristas: “No se excluye de forma expresa que la comisión pueda intervenir en asuntos no prescritos, en delitos imprescriptibles o en los casos en que se reabriera una causa judicial cerrada en supuestos de sobreseimiento provisional”, manifiestan. “La actividad de la comisión interfiere e invade la potestad jurisdiccional otorgada a juzgados y tribunales”. Para evitar un recurso de inconstitucionalidad y no interferir en la Justicia, los letrados proponen “delimitar las funciones de averiguación y fijación” de la comisión a los hechos “que no fueran constitutivos de ilícitos penales o bien estuvieran prescritos por el tiempo transcurrido”. Componentes de la comisión LO QUE DECÍA LA LEY DE 2015 9 miembros, elegidos para 5 años por el Parlamento por mayoría de dos tercios. Serán especializados en Derecho, Criminología, Sociología, Psicología o los derechos humanos, debiendo acreditar reconocida competencia en el ejercicio activo de su profesión. Ser miembro es incompatible con cargos en la Administración del Estado, de la Comunidad foral, de los ayuntamientos, y con funciones directivas en partidos y sindicatos. LO QUE DICE LA NUEVA LEY 9 miembros, con el director general de Paz y Convivencia (la comisión se adscribe a su departamento) y el del Instituto de la Memoria como natos. El resto los elige el Parlamento por mayoría absoluta, para 6 años. Tendrán derecho a dietas.

Diario de Navarra

Los letrados ven riesgo de ilegalidad en la nueva ley sobre violencia policial

El cuatripartito ha impulsado otra norma tras ser anulada casi toda la anterior por el Tribunal Constitucional

Comentarios

Fotos del incendio que se ha producido en Mañeru y ha cortado la A-12

Santesteban celebra la 46ª edición de su Cross Popular

Cortada la A-12 entre Puente la Reina y Mañeru por un incendio

Una localidad navarra ya ha superado los 40 grados

Más de 600 personas marchan contra el cáncer en San Adrián