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El director de Open Arms, en Pamplona: "Nadie es ilegal en el mar”

El director de la ONG ha abordado el problema de las personas refugiadas en una jornada en Civican

El director de Open Arms, en Pamplona:

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, en una rueda de prensa en el Palacio de Navarra.

EFE
Actualizada 29/01/2019 a las 13:22
  • Diario de Navarra
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El director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, han abordado el problema de las personas refugiadas en su llegada a Europa y su rescate en el Mar Egeo y en el Mediterráneo, en una jornada bajo el título: 'La determinación de salvar vidas frente a la deshumanización de Europa', que ha tenido lugar en el Auditorio Civican, en Pamplona / Iruña.

La charla ha sido organizada por el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales, dentro del ciclo 'Las Conferencias del Observatorio', con el objetivo de acercar a la ciudadanía los debates sobre los procesos de transformación social y problemas sociales.

“La respuesta de las instituciones europeas no ha estado, ni antes ni ahora, a la altura de la gravedad de los conflictos. Además, el compromiso humanitario para atender a las consecuencias de los mismos ha sido escaso y tardío”, ha afirmado el vicepresidente Miguel Laparra. Además, ha añadido que, “el Gobierno de Navarra demanda de las instituciones europeas y estados miembros una mayor implicación a la hora de atender a las personas desplazadas por conflictos bélicos”.

Óscar Camps, por su parte, ha hablado sobre la determinación que le lleva a salvar vidas en el Mediterráneo y ha abordado las vulneraciones reiteradas de los derechos humanos que padecen las personas que migran, así como la persecución con la que se ha encontrado su organización y el resto, a consecuencia del auge de la extrema derecha en Europa.

“Llevamos dos años denunciando lo que está ocurriendo en Libia y en aguas internacionales. Nosotros preservamos el derecho a la vida de las personas que huyen y las protegemos porque nadie es ilegal en el mar”, ha afirmado Óscar Camps. Asimismo, ha incidido en que, “hay que intentar que estas personas independientemente del lugar del que huyan y a dónde se dirijan, no sean abandonadas en el mar, vulnerando todos sus derechos”.

PROTOCOLO DE ACOGIDA

En verano de 2015, el Gobierno de Navarra emitió una declaración institucional frente a la crisis de las personas refugiadas en Europa por sus implicaciones en aspectos humanitarios y políticos: se pusieron en cuestión valores como la solidaridad, búsqueda de la paz, respeto a los valores humanos y derecho a la libre circulación, entre otros.

Para superar esta situación, el Ejecutivo foral ha mostrado desde el inicio su disposición para colaborar en la gestión de esta crisis y ha impulsado diferentes acciones como el desarrollo del dispositivo de acogida con un total de 180 plazas, la sensibilización, refuerzo de ayuda humanitaria y mejora de los procesos de acogida a través de sesiones informativas. También se han llevado a cabo la evaluación de los procesos de acogida e integración, subvenciones a entidades de iniciativa social a través de los fondos IRPF y la comisión de seguimiento de los procesos de acogida con los diferentes organismos que han participado en la elaboración del protocolo integral de acogida de personas refugiadas, que el Gobierno navarro aprobó en mayo de 2018

Por último, el pasado 21 de enero, la Junta de Portavoces aprobó una declaración institucional en la que el Parlamento de Navarra manifestaba su rechazo por la denegación de la solicitud de despacho de los buques Aita Mari y Open Arms para labores de vigilancia y recogida de náufragos en el Mediterráneo. Además, en el documento aprobado se demandaba el diseño con urgencia de un modelo de rescate que garantice los derechos de las personas rescatadas en alta mar, de manera que su desembarco se produzca en el puerto más próximo.

Hasta ahora Navarra ha dado asilo a 448 personas refugiadas, respecto al total de 720 personas que puede acoger; a 254 unidades familiares, de 363, y a 168 menores, de 269. a fecha de 29 de enero de 2019.

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