Diario de Navarra

Ayer fue un día extraño para Silvia González Pascual, pamplonesa de 39 años, víctima de violencia de género. Por la mañana, acudió a trabajar, entre las 10 y las 13 horas, en el establecimiento familiar en Pamplona. No estaba sola. Como siempre, desde hace un año, la acompañaba su perra Sugui, una perra de protección, adiestrada específicamente para ella. Con ella, estaba también su acompañante de la asociación feminista navarra Andreas-Lunes Lilas, Iurre Calixto, su coach, como la llama Silvia. Y también medios de comunicación, entre ellos televisiones de ámbito nacional. Ayer, 4 de enero, era la fecha marcada en alerta roja en su calendario. Su día D. El que vencía la prisión provisional de su ex pareja, condenado por malos tratos, y que ahora permanece encarcelado en Pamplona por sendas condenas de amenazas y quebrantamiento de la orden de alejamiento. Esperaba alguna llamada, política, institucional, después de la campaña de recogida de firmas que esta víctima lideró -denuncia pública en primera persona incluida- para que se regule el acceso de los perros de víctimas de maltrato a lugares públicos como lo tienen reconocidos los perros guía de los invidentes. Los que sí llamaban eran los medios de comunicación. “¿Sabes si ha salido?”, preguntaban sobre su agresor. “No sé nada”, contestaba Silvia. Su marido, Karlos Ezpeleta, matizaba que, en todo caso, la Policía Foral avisaría a Silvia para acudir a comisaría a que le colocaran y activaran la pulsera telemática, paso previo a la salida de su agresor de la cárcel que exige el protocolo de protección de las víctimas. Su agresor no salió de prisión. Ni ayer, ni está previsto que lo haga en breve. La sección segunda de la Audiencia provincial de Navarra, encargada de los casos de violencia de género, ratificó en diciembre las dos condenas previas del juzgado de lo Penal nº 5, según confirmaron ayer fuentes oficiales del juzgado. En una de ellas, se ratifica la condena a prisión hasta el 10 de septiembre de este año y en la otra hasta 11 de octubre de 2020. Antes de esa fecha, los posibles permisos, tercer grado o libertad condicional, dependerán de la junta de la cárcel o de Instituciones Penitenciarias, aunque con casos de presos peligrosos se suele tender a agotar la condena. Silvia se “enteró” de ello con “alivio” ayer a media tarde por una cadena de TV que grababa su entrenamiento con Sugui. De eso y de que la orden de alejamiento se extiende hasta 2027. Desde el juzgado pamplonés, en cambio, aseguran “haber notificado a la víctima las resoluciones y las fechas a través de su abogado y procurador”. Una función sin regular Salga o no salga su agresor, que “algún día saldrá”, dice Silvia, temerosa de que intente cumplir sus frecuentes amenazas, la cuestión de fondo sigue abierta. Su vida dio un giro hace un año cuando compró a Sugui, una perra pastor alemán de 3 años, adiestrada como perro de defensa deportiva, y reconvertida en su guardaespaldas de confianza. Le costó 9.000 euros, que aún está pagando y que le han devuelto la seguridad perdida y mucho más. “Tenías que verla antes. En los 9 años que la conozco, no se atrevía a salir sola”, dice su actual marido. Con Sugui todo cambió. El problema es que, a efectos legales, Sugui es un perro más. Y, como tal, tiene prohibido entrar con ella en establecimientos y espacios públicos: comercios, bares, campos de fútbol, recintos administrativos. Silvia ha reconquistado su libertad, pero, a medias. “Sugui es una perra de acompañamiento y defensa”, explica Francisco Gijón, responsable de la empresa navarra Riberbox, que adquirió y adiestró a la perra desde los seis meses. “Su principal función es la de terapia: mejorar su funcionamiento físico, social y emocional, dando seguridad a la guía, porque una de las secuelas que sufren las personas maltratadas es la baja autoestima y la pérdida de seguridad en sí mismos”, explica el adiestrador. “Luego, está su faceta como perro protector”. Pero “no es una perra de ataque”, matiza. Su primera función de protección es “disuasoria”, ladrando al potencial agresor, a la orden de su guía. En segunda instancia, “es capaz de derribar al agresor mientras la víctima se pone a salvo, pero no pueden causar daño por mordeduras, porque se adiestran para llevar el ‘bozal de impacto’ siempre que acompañen a la víctima en la vía pública”. Gijón asegura que en estos casos “no vale cualquier perro” aunque no tiene por qué ser de una raza determinada. “Ha de estar socializado, tener un físico potente, carácter y cierta desconfianza hacia los extraños, además de adiestramiento en obediencia y seguimiento a lo largo de toda su vida”.

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Sugui sigue ejerciendo de escolta alegal

Silvia González, víctima de maltrato, tenía el viernes una alerta roja en el calendario. Vencía la prisión provisional de su agresor en la cárcel de Pamplona. No saldrá hasta octubre de 2020. La Audiencia ratificó sus condenas. Mientras, su perra escolta sigue en el limbo legal

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