El presidente de la comisión de investigación en el Parlamento sobre inversiones de Sodena, Jokin Castiella, ha afirmado que si del análisis de la información recibida "se recabara algún tipo de dato o información que incurriera en ilegalidad, sería debidamente comunicada en las conclusiones de la comisión y remitida en su caso a la Fiscalía".

Jokin Castiella ha subrayado que el objetivo de la comisión es "llegar a aclarar si realmente hay algún tipo de actuación que pueda considerarse irregular o contrario a ley".

"Aquellas inversiones más cuestionables por Sodena tienen cierto interés por parte de los grupos para determinar si fueron con respecto a norma o no", ha continuado Castiella.

"Analizadas todas y cada una de ellas, indagando en la información recibida, cuál ha sido la actuación de los consejos de administración sucesivos de Sodena", si "se recabara algún tipo de dato o información que incurriera en ilegalidad sería debidamente comunicada en las conclusiones de la comisión y remitida en su caso a la Fiscalía", ha afirmado.

Además, en su reunión de este miércoles, la comisión de investigación ha abordado "el tratamiento y la confidencialidad" de la documentación recibida por los parlamentarios miembros y solicitará un informe jurídico a los servicios del Parlamento para determinar si las actas del registro mercantil y diferentes actas del consejo de administración de Sodena "disponen de la misma protección legal" que la recabada en la comisión de investigación de Caja Navarra (CAN).

Castiella ha afirmado que, "según el Reglamento del Parlamento de Navarra y según los precedentes que nos han marcado los informes jurídicos que ha elaborado la Cámara con la comisión de investigación de Caja Navarra, sabemos que están sujetos a confidencialidad y que los parlamentarios que forman parte de la comisión deben guardar el secreto sobre las mismas".

Al respecto, ha destacado que su responsabilidad como presidente de la comisión es "hacer guardar las obligaciones y las normas que debidamente tienen que cumplir los parlamentarios y, sobre todo, guardar aquella confidencialidad que se requiera de una documentación que puede ser sensible, que puede estar protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y sobre todo no trasladar una investigación, que debe darse en el seno de esta comisión, a medios de comunicación" y "a un debate interesado o partidista en función de las lecturas que se puedan hacer de las documentaciones".

Castiella ha indicado que uno de los informes jurídicos solicitados a la comisión de investigación de CAN "hablaba de las consecuencias penales a las que podrían incurrir aquellos parlamentarios que efectuaran filtraciones o no guardaran el deber de secreto y confidencialidad".