TRANSPORTE ESCOLAR

Expediente sancionador a ANET y 39 empresas por pactar precios en el transporte escolar

Las compañías se enfrentan a multas de hasta el 10% de su volumen de negocio

Comienza este lunes una campaña de control de transporte escolar
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Comienza este lunes una campaña de control de transporte escolarM.A.G.
Comienza este lunes una campaña de control de transporte escolar

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Diana de Miguel

Actualizado el 24/11/2018 a las 15:54

39 empresas de transporte y la asociación provincial del sector, ANET, podrían haber constituido un cártel en el sector del transporte escolar de centros públicos para fijar durante años los precios del transporte escolar en Navarra y repartirse las rutas.


Tras las investigaciones que se vienen realizando desde mayo con inspecciones en la sede de las propias empresas, la Dirección de Competencia del Gobierno Foral ha concluido que existen “indicios racionales” de que en los concursos para la contratación del transporte escolar para los cursos escolares 2013-2014 y 2017-2018 se llevaron a cabo conductas prohibidas por la normativa de competencia.


Una circunstancia que le ha llevado a abrir un expediente sancionador contra estas empresas y la mencionada asociación del que ya han sido informados los propios investigados a los que se les ha recordado, además, el deber de reserva y confidencialidad al que están obligados de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Defensa de la Competencia. La obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador. ANET no respondió ayer a la llamada realizada por este periódico.


De acuerdo con las informaciones a la que tuvo acceso Competencia, altos ejecutivos de las empresas investigadas y un número reducido de trabajadores de confianza de las mismas, habrían mantenido reuniones y contactos periódicos con el objetivo de llegar a acuerdos para repartirse el mercado y/o fijar los precios y las condiciones comerciales. Unas prácticas que son constitutivas de una infracción muy grave del artículo 62.4 de la Ley de la Competencia en cuanto a que supone el desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la mencionada norma. Este tipo de infracciones, de las más dañinas para la Competencia, se castigan con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.


La norma especifica que “el volumen de negocio total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocio de sus miembros”. La instrucción del expediente sancionador por parte del Gobierno foral para su posterior resolución por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no deberá prolongarse más allá de los 18 meses sin que, como precisaba ayer el propio Gobierno foral, la incoación del expediente prejuzgue el resultado final de la investigación ni la culpabilidad de las empresas investigadas.


Las conductas analizadas tienen su origen en la información que el propio Gobierno foral recibió tras las licitaciones. La Dirección de Competencia inició entonces una información reservada con el fin de determinar, con carácter preliminar, si existían circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador como finalmente ha terminado ocurriendo. En el marco de la investigación se realizaron desde finales de mayo registros domiciliarios en las empresas implicadas, entre ellas la propia Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera.


Participaron funcionarios del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra y agentes de la Policía Foral, además de inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Según fuentes de la investigación, se verificaron libros y documentos relativos a la actividad de las empresas, incluidos los programas informáticos y se obtuvieron copias o extractos de algunos documentos.


“SIN COMPETENCIAS NI BAJAS”

Entre los indicios de infracción que Competencia detectó en la licitación de transporte escolar para el curso 2013-14 y la adjudicación final de 2014-15 se señala el caso de la empresa Conda que se integró en hasta cinco UTEs para optar al reparto de zonas. Así, en la zona de Tudela, en los cuatro lotes a los que se presentó mediante la UTE Ribera 6-26 con Arasa hubo una única oferta y con bajas del 0% o, como mucho, del 1%.


Según apunta Competencia, en la licitación anterior, la de 2009-10, en esos mismos lotes se presentaron Arasa y Conda por separado, pero para la licitación de 2013-14 se constituyeron en la UTE Ribera 6-26, presentándose únicamente esta UTE, es decir, sin competencia y sin bajas de precios. Algo que, según los responsables de Competencia, indica que estas empresas aún teniendo capacidad para presentarse por sí solas, optaron por unirse mediante UTE para no competir entre sí, lo que resultó más beneficioso para ellas.


También consideran llamativo que en los dos lotes en los que no se presentó Conda de la zona de Tudela, se presentaran a cada uno la UTE Bloque Sur (empresas Jiménez y Aranda) y la UTE Queiles (Elcarte, Litago, Aranda y Arasa), sin competencia, ya que no se presentó nadie más. Estas dos UTEs no se presentaron al resto de lotes de Tudela a los que sí se presentó Conda. Una circunstancia ésta que, según apuntan fuentes del sector, podría tratarse de un acuerdo de reparto de mercado.

 

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