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TRIBUNALES

La Fiscalía pide archivar la querella de UPN contra Solana

Los regionalistas han acudido al Supremo al solicitar la portavoz la suspensión del desalojo del Palacio de Rozalejo

Solana, como madre afectada:
María Solana, portavoz del Gobierno foral.
Actualizada 24/10/2018 a las 09:41

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido archivar la querella que UPN ha presentado contra la consejera y portavoz del Gobierno foral, María Solana, por solicitar el pasado 18 de agosto en nombre del Ejecutivo al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona la suspensión del desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo, ubicado en Navarrería y convertido en el gaztetxe Maravillas por los okupas. UPN acudió al Supremo al tratarse Solana de una persona aforada por su condición de consejera gubernamental. El fiscal ha solicitado a la sala de lo Penal del Supremo que resuelva “asumir la competencia para la instrucción y el enjuiciamiento” de los hechos contenidos en la querella, si bien insta a que se proceda al archivo de las actuaciones “al no revestir los hechos el carácter de delito.

Solana firmó el escrito que el Ejecutivo remitió al juez instando a suspender la ejecución del desalojo. Lo hizo como sustituta de la consejera de Interior, María José Beaumont, quien se encontraba de vacaciones. UPN se querelló contra Solana al entender que se han podido cometer tres posibles delitos: el de prevaricación administrativa al solicitar al juzgado la suspensión de la ejecución del desalojo; el de omisión del deber de perseguir delitos, en este caso contra el patrimonio histórico; y el de malversación por omisión.

“Aunque pudiera tacharse de irregular la actuación de la querellada, es evidente que la decisión de solicitar del Juzgado la suspensión del desalojo está justificada en términos que la alejan de ser injusta o arbitraria, toda vez que pretende la culminación de un proyecto de acuerdo con representantes sociales en la utilización del edificio público en cuestión y, sobre todo, evitar previsibles alteraciones de orden público y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana”, argumenta el fiscal, para el que “no fue la voluntad caprichosa” de Solana la que le llevó a pedir la suspensión del desalojo. “La decisión de la querellada responde a concepciones políticas, en este caso, sobre la utilización de bienes públicos que, en un sistema democrático, en último término, siempre pueden ser corregidas mediante el voto de los ciudadanos”, señala el fiscal, quien no observa en Solana, “responsable política”, una omisión “en la que la dejación de funciones ha de ser patente, manifiesta y total”. Y afirma que UPN se confunde al “pretender incluir” la conducta de la portavoz “como una actividad de administración desleal” del edificio.


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