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Gobierno de Navarra

Educación califica de “buena” la OPE que generó decenas de recursos y 2 manifestaciones

El Gobierno defiende su gestión y achaca el 24% de plazas que quedó sin cubrir a la “distinta preparación” de interinos

Cientos de interinos se manifestaron en Pamplona el 18 de mayo contra el diseño de la OPE de Secundaria y FP. También lo hicieron el 24 de marzo.
Cientos de interinos se manifestaron en Pamplona el 18 de mayo contra el diseño de la OPE de Secundaria y FP. También lo hicieron el 24 de marzo.
DN
Actualizada 17/10/2018 a las 08:24

Para el Gobierno de Navarra, las oposiciones de Secundaria y FP del pasado mes de junio y su gestión realizada han sido “buenas”. Así lo aseveró este martes en el Parlamento foral la consejera de Educación, María Solana, y el responsable de su servicio de Recursos Humanos, Francisco José Iglesias. En su repaso de la convocatoria no encontraron hueco para recordar que esta OPE generó decenas de recursos previos las pruebas, dos manifestaciones, remisión a los tribunales y cientos de reclamaciones de aspirantes que cuatro meses después ahora están pudiendo ver sus exámenes. Tampoco el hecho de que 76 de las 325 plazas convocadas hayan quedado desiertas ante el elevadísimo porcentaje de suspensos parece enturbiar la valoración del Ejecutivo Barkos. “Venimos aquí para hablar del malestar generado por las oposiciones pero pensamos que ese malestar es muy matizable. Las personas que han obtenido plaza no tienen ese malestar”, declaró María Solana.


Con un tono que varios miembros de la comisión de Educación calificaron de “altivo” y “pleno de autocomplacencia”, los responsables del departamento ofrecieron su explicación a que en la comunidad escolar se califiquen de polémicas las pasadas oposiciones. “Todo el ruido generado de forma intencionada en torno al procedimiento, con el objetivo de paralizar la convocatoria, ha generado este malestar. Llegaron incluso a decir que el TSJN anularía la convocatoria. Después las acusaciones de irregularidades y arbitrariedades se sucedieron cuando vieron que las pruebas se iban a realizar. Fuera de ese ruido, la valoración que hace el departamento de la convocatoria es buena”. La frase, de Iglesias.


El responsable de RRHH de Educación también aportó su explicación al elevado número de suspensos de entre los 2.200 aspirantes: “Las posibles causas incluyen que no se hubiesen convocado oposiciones desde hace ocho años así como a la diversa tipología de las personas que se han presentado a este procedimiento y la distinta preparación de cada una”. Con todo, aseguró que las 76 plazas vacantes se volverán a convocar en 2020, en las próximas oposiciones de Secundaria y FP.


A la oposición no le gustaron las explicaciones dadas por el Gobierno. El regionalista Alberto Catalán lamentó que Educación no haga “absolutamente nada” de autocrítica: “Dicen que no hay malestar. Preguntemos a los afectados; a los aprobados y a los suspendidos. También a la plataforma de interinos que se creó. Falta de información e improvisación, eso lo han denunciado los propios tribunales de la OPE”. Y el socialista Carlos Gimeno denunció que muchas personas “no se han presentado” por las características de una oposición que ha estado “absolutamente rodeada de incidencias, desde el principio hasta el final”.

 

Polémica por las actas de centros que redujeron el PAI

 

 

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, y el parlamentario de UPN Alberto Catalán, tuvieron este martes un duro cruce de acusaciones por unas actas de consejos escolares que reclama la formación regionalista en relación con la reducción de sesiones del PAI, el Programa de Aprendizaje en Inglés, en 13 centros educativos de Navarra.


La consejera afirmó que el departamento no dispone de esas actas y que su gestión compete a los propios consejos escolares de los centros. Por el contrario, Alberto Catalán le reprochó que, según un informe del Parlamento foral, el Departamento debe remitir esta información.
El origen de la polémica está en una solicitud de información que registró UPN el pasado febrero tras constatar que 13 centros educativos habían reducido sus sesiones semanales del Programa de Aprendizaje en Inglés. En concreto, los regionalistas querían que Educación les facilitara las actas de los consejos escolares en relación con esta decisión. Entonces, el departamento respondió que las actas no son documentos públicos y que su gestión corresponde a los miembros de los consejos escolares, según un informe de la propia secretaría general técnica del departamento. La consejera insistió en que el Gobierno no tiene esos documentos, algo que justificó en que no se requiere autorización del departamento cuando la modificación de sesiones no sobrepasa los límites de la horquilla horaria prevista en la norma.
Alberto Catalán insistió en que el reglamento de la Cámara ampara su petición de información: “La consejera está incumpliendo la norma y la legalidad, porque el reglamento de la Cámara es una ley foral y está incumpliendo la ley foral. Lo hace con conocimiento de causa. La ocultación de datos y la falta de transparencia es más que evidente, algo que ocurre siempre que se está tratando sobre el PAI. El problema es que esas actas no existen, no se trató la reducción horaria en el consejo escolar de esos centros. Y usted lo sabe”.


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