Diario de Navarra

Veintitrés empresas están reguladas en la Comunidad foral por el comercio de derechos de emisión de CO2, un sistema diseñado por la UE en 2005, tras la firma del Protocolo de Kioto, para fomentar la reducción de los gases de efecto invernadero. Hay eléctricas, cementeras, papeleras... Sus fábricas expulsaron el año pasado a la atmósfera algo más de dos millones de toneladas de CO2, de acuerdo con la cifra de emisiones verificadas por Medio Ambiente, un 36% más que lo que a nivel global se les había asignado y que les obligó a comprar nuevos permisos para poder liberar más CO2. Cada año, los gobiernos -aquí el de España- asignan a cada una de las instalaciones que están dentro de dicho sistema -hay más de 10.000 repartidas por todo el continente- un cupo con las toneladas que pueden emitir a la atmósfera. Si superan las cantidades asignadas, deben acudir al mercado a comprar nuevos permisos a otras instalaciones excedentarias. El comercio de derechos de emisión, como explica Francisco Javier Vera Janín, responsable del área de Recursos Atmosféricos e Hídricos de la consejería de Medio Ambiente, funciona como una especie de mercado de valores donde cada empresa puede comprar o vender derechos según sus necesidades en un juego de oferta y demanda que implica que se adquieran a un precio que fluctúa. Al final de cada año, las empresas deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones ya que, en caso contrario, se les impondrán fuertes sanciones. El problema es que en el último año el precio del CO2 se ha triplicado y eso ha repercutido por partida doble en los costes de las empresas: de forma directa, cuando han tenido que comprar derechos de emisión, e indirecta, por el encarecimiento de la luz. Y así, por un lado, ese mayor coste de las emisiones hace que para las tecnologías más contaminantes -térmicas y ciclos combinados- sea más caro generar energía provocando que el precio ofrecido en la subasta del mercado diario sea más elevado -la última energía que entra en el ‘pool’ (la más cara) es la que determina el precio en el mercado mayorista que tiene un peso del 35% en el recibo de los consumidores. Y, por el otro, sube el precio de la luz que pagan compañías y consumidores. ASIGNACIÓN GRATUITA La normativa europea establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar de forma gratuita a las entidades reguladas para que los costes por participar en ese régimen no sean excesivos. Sin embargo, de esa asignación gratuita de derechos están excluidas las actividades de generación eléctrica y algunas de cogeneración. Una circunstancia que en el caso concreto de la Comunidad foral afecta, fundamentalmente, a la eléctrica EdP, propietaria de los ciclos combinados de Castejón que el año pasado emitieron a la atmósfera 544.402 toneladas de CO2, una cuarta parte de las emisiones del conjunto de las instalaciones reguladas y una cifra muy superior a las 146.017 toneladas que emitieron esas mismas instalaciones en el año 2013. Preguntada sobre el impacto que el aumento del coste de las emisiones están teniendo en su actividad, la eléctrica portuguesa que en plena escala de precios a optado por ofrecer a sus nuevos clientes domésticos del mercado liberalizado el consumo de un mes de luz gratis, se muestra cauta y se limita a manifestar que “el precio del CO2 es un aspecto más a tener en cuenta a la hora de generar”. El listado facilitado por Medio Ambiente incluye a otra eléctrica, Iberdrola Generación Térmica, con una planta en Castejón que lleva dos años parada. Una circunstancia que explica la baja cifra de emisiones verificadas de esa instalación, 72 toneladas de CO2 el año pasado, de acuerdo con los registros facilitados. Junto a las eléctricas, aunque en menor medida, también se ven afectadas por esa limitación a la asignación gratuita de derechos las empresas que realizan actividades de cogeneración como la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, IESA Intermalta, con planta en San Adrián, Neoelectra SC Ecoenergía Navarra -la antigua planta de depuración de purines de Artajona- y la planta que Viscofán tiene en Cáseda. Como explica el responsable de Recursos Atmosféricos e Hídricos del Gobierno regional, en el caso de estas cuatro empresas la asignación de derechos es muy pequeña si se compara con su cifra de emisiones verificadas. En concreto, según los datos facilitados, a estas cuatro empresas se les asignaron 84.532 toneladas de CO2, pero su volumen final de emisiones fue casi cuatro veces superior: 336.669 toneladas. Y es así, apostilla el técnico de Medio Ambiente del Gobierno foral, porque estas plantas sólo reciben asignación gratuita de derechos de emisión por una parte de su actividad: la relacionada con la generación de calor, pero no por la parte de generación de electricidad. SEGUIMIENTO DE EMISIONES Vera Janín explica que todo lo relativo a la asignación y entrega de derechos a las instalaciones españolas es competencia del Gobierno central y que las comunidades autónomas se limitan a hacer el seguimiento de emisiones a cada una de las empresas que están reguladas por este sistema. Tras más de una década ya en funcionamiento, el sistema europeo de comercio de derechos de emisión no ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, ni en el sector de la generación eléctrica. Y de ahí que en Bruselas se debata desde hace tiempo sobre cómo reformar ese mercado. El propio Parlamento Europeo ha reconocido que “los desequilibrios entre la oferta y la demanda de los derechos de emisión están desincentivando las emisiones verdes”, es decir, la inversión de los Gobierno en energías limpias que nos lleven a un modelo más sostenible y menos basado en los combustibles fósiles. En el caso concreto de la Comunidad foral, las emisiones directas de las 23 empresas reguladas han aumentado más de un 27% desde 2013 y el año pasado fueron responsables de algo más del 37% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de toda Navarra. Por el contrario, la asignación de derechos de emisión a estas 23 empresas (en 2013 eran 25, pero Incogen quedó en 2014 fuera del régimen y Navarra Ecoenergy, S. L. se fusionó con Smurfit Kappa Navarra, S.A.), se ha reducido en estos cinco años sólo un 25% (450.552 toneladas). Hay que tener en cuenta además, como explica el técnico de Medio Ambiente, que hay otras instalaciones industriales que también emiten CO2, pero que no están en el régimen de derechos por tener un tamaño inferior. En el caso de las de combustión, deben tener una capacidad superior a los 20MW para entrar en el régimen de emisiones. La normativa también se excluye a instalaciones de pequeño tamaño como los hospitales y las instalaciones que hayan notificado emisiones inferiores a 25.000 toneladas anuales (excluida biomasa). AUMENTA LA RECAUDACIÓN Las ventas de los derechos por emitir dióxido de carbono (CO2) podrían aportar a final de año al Estado unos 1.300 millones frente a los 370 millones previstos inicialmente en los actuales Presupuestos del Estado. Una circunstancia que permitirá compensar la bajada de recaudación por la supresión del impuesto a la luz anunciado días atrás por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Todo indica que la escalada del CO2 va a continuar. Algunos expertos energéticos aseguran que las autoridades comunitarias han recortado el volumen de derechos a negociar conscientemente para que suba su precio. Y, de hecho, los futuros de este mercado no descartan que el coste del CO2 repunte hasta los 30 euros por tonelada. Si así fuera, los ingresos públicos por este concepto ascenderían a 2.000 millones de euros. CLAVES ¿Qué es el comercio de derechos de emisión? Es un mercado de CO2 que puso en marcha la Unión Europea en 2005. Cubre, en los 28 Estados miembros, las emisiones de este gas de instalaciones como centrales térmicas, refinerías, cementeras o papeleras. Este régimen afecta a más de 10.000 instalaciones y a más de 2.000 millones de toneladas de CO2 lo que supone en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la UE”. ¿Cómo funciona? Para que el mecanismo funcione tiene que haber una autorización de emisión, es decir, un permiso otorgado a una instalación para que pueda emitir gases. Pero también existe el derecho a emitir, que se refiere a la cantidad de gases que podrán emitirse. Este derecho de emisión es transferible: se puede comprar o vender. ¿Qué se busca con este sistema? Teóricamente su objetivo es reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y combatir así el cambio climático. Pero el propio Parlamento Europeo (PE) ha reconocido que “los desequilibrios entre la oferta y la demanda de los derechos de emisión está desincentivando las inversiones verdes”, es decir, la inversión de los Gobiernos en energías limpias. Para que fuera eficaz, la compra-venta de derechos de emisión se debería realizar a un precio que anime a la industria “a buscar alternativas para ahorrar energía y reducir sus emisiones”. Hasta ahora, el mecanismo no ha funcionado, pues el precio por contaminar estaba muy bajo. Sin embargo, la situación empieza a dar un giro. ¿Por qué ha subido el precio del CO2? La reducción de los derechos de emisiones se acelerará a partir de 2019, en el marco de los compromisos globales y europeos en la lucha contra el cambio climático, lo que ya se está notando en el precio que este año se ha triplicado. En un informe publicado en abril, Carbon Tracker, un ‘think tank’ que investiga el impacto del cambio climático en los mercados financieros, pronostica que el incremento del coste por contaminar acelerará la transición del carbón al gas (menos contaminante) en Alemania, Italia, Países Bajos y España, y fomentará una mayor apuesta por las renovables. El grupo de investigación pronostica que el precio de la tonelada de CO2 alcance los 25 euros a finales de este año y avancen de los 35 a los 40 euros entre 2019 y 2023. Estiman que las tasas del mercado de derechos de emisiones puedan alcanzar los 50 euros en los inviernos de 2021 y 2022.

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23 empresas se reparten en Navarra los derechos de emisión de CO2

Su asignación para 2017 fue de 1.313.099 tn, el resto, hasta las 2.061.097 tn emitidas, lo compraron. El precio de mercado del CO2 se ha triplicado este año y está detrás de la subida de la electricidad

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