El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha indicado que el Plan Estratégico de Inclusión Social, aprobado este año, se está realizando “conforme a lo previsto”.

Así lo ha señalado en el pleno de la Cámara foral en respuesta a una pregunta de UPN sobre las actuaciones del Departamento de Derechos Sociales en relación a la partida presupuestaria para poner en marcha este plan.

Laparra ha señalado que el citado plan cuenta con el apoyo del Consejo Navarro de Bienestar Social y las entidades sociales que agrupa, y ha destacado algunos ejemplos de líneas incluidas en el mismo, como programas dirigidos al acompañamiento o la empleabilidad.

Unos programas que, ha apuntado, en 2014 suponían 3, 4 millones de euros de presupuesto y en 2018 alcanzan los 8,7 millones de euros.

En su tuno de réplica, la parlamentaria de UPN, Maribel García Malo, ha señalado que el citado plan se concreta en “estudios, seminarios, grupos de trabajo y protocolos” y pone de manifiesto “que este Gobierno no tiene una apuesta clara por lo social” y que las personas afectadas necesitan “medidas concretas”.

Asimismo, Laparra ha apuntado, sobre la desestimación del recurso interpuesto por el Ejecutivo foral a la sentencia 45/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y sus consecuencias para las personas con dependencia severa, que esta ha sido recurrida en casación.

Al respecto, ha incidido en que, en este momento, se sigue aplicando la orden foral recurrida y que, independientemente de si la sentencia sea favorable o no, el Ejecutivo foral está  

Finalmente, ha avanzado, a una pregunta de UPN, que el contrato con la Asociación Navarra Nuevo Futuro está en un proceso de licitación bajo la modalidad de concierto, previsto para tres años, con posibilidad de ampliarlo hasta nueve, y que implicará un aumento significativo de plazas.