Diario de Navarra

UPN va a querellarse contra la consejera y portavoz del Gobierno foral, María Solana, por solicitar el pasado día 18 en nombre del Ejecutivo al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona la suspensión del desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo, ubicado en Navarrería y convertido en el gaztetxe Maravillas por los 'okupas'. Los regionalistas prevén presentar este viernes la querella ante el Tribunal Supremo, al tratarse Solana de una persona aforada por su condición de consejera gubernamental. La portavoz y titular de Educación firmó el escrito que el Ejecutivo remitió al juez instando a suspender la ejecución del desalojo. Lo hizo como sustituta de la consejera de Interior y Justicia, María José Beaumont, quien se encontraba de vacaciones. El Ejecutivo daba así marcha atrás después de que el viernes 17 Policía Foral y Policía Nacional desalojaron el gaztetxe durante la madrugada y la mañana y, ya por la tarde, el edificio, propiedad del Gobierno, volvió a ser ocupado por los jóvenes. El Ejecutivo, que el sábado por la mañana certificó la falta de respaldo por parte de sus socios en el cuatripartito, pasó a pedir la suspensión del desalojo por medio del escrito de Solana. Lo defendió por “garantizar la efectividad de las medidas que se adopten, evitar previsibles alteraciones de orden público y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana”. Ante esto, el juez dictaminó el archivo de la causa al entender que la petición del Gobierno supone “una tolerancia temporal de ocupación”. Un archivo que el Ejecutivo ha recurrido. UPN VE TRES POSIBLES DELITOS UPN presenta la querella al entender que se han podido cometer tres posibles delitos. Uno de ellos, según afirman los servicios jurídicos regionalistas, es el de prevaricación administrativa al solicitar al juzgado la suspensión de la ejecución del desalojo. “La consejera Solana es perfectamente conocedora de que toma la decisión de tolerar la ocupación ilegítima de un bien inmueble titularidad del Gobierno de Navarra tras las presiones y el chantaje tanto de sus socios de Gobierno como de los okupas. Por ello, nos encontramos ante un caso de arbitrariedad que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y perjudica gravemente el interés general”, exponen los juristas de UPN, quien enumeran como otro de los posibles delitos el de omisión del deber de perseguir delitos, en este caso contra el patrimonio histórico. “El Palacio del Marqués de Rozalejo, tratándose de un palacio del siglo XVIII, goza de un grado de protección especial por su valor histórico y arquitectónico. Los okupas, como ha informado la Policía Foral, ha realizado obras ilegales, sin control alguno por parte de la administración, lo que puede suponer un delito frente al patrimonio histórico. Y el Gobierno, en virtud de lo que mandan la Constitución y la Ley Foral de Patrimonio, tiene obligación de proteger y defender el patrimonio histórico. Pero no lo hace y permite la ocupación ilegal y las obras que ponen en riesgo el patrimonio histórico del Gobierno”, señalan los servicios jurídicos de UPN. Los abogados regionalistas observan también una posible malversación por omisión “al permitir con la tolerancia de la ocupación que terceros hagan un uso y disfrute irregular de un bien inmueble titularidad del Gobierno”.

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UPN se querella contra Solana por pedir al juez suspender el desalojo

Los regionalistas ven delitos como el de prevaricación y acuden al Supremo por ser la consejera aforada. María Solana firmó, en sustitución de Beaumont, el escrito del Gobierno solicitando al juez parar el desalojo de Rozalejo

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