Diario de Navarra

Angélica trabajaba en Caracas como editora de un periódico y, después, como vendedora de pisos en una inmobiliaria. Tenía dos hijos pequeños y la vida le iba “bastante bien”. Pero hace poco todo cambió. Empezó a recibir llamadas amenazantes, la asustaban diciendo que iban a secuestrar a sus niños, se divorció... y decidió salir del país. “Hice tres maletas, dejé mi casa, cogí a los niños, compré tres pasajes de avión y me vine a Pamplona”, resume en una cafetería del centro de la ciudad una tarde calurosa de principio de agosto. A su lado, su hijo Marcelo, de 12 años, asiente con la cabeza mientras se abanica con las manos. Angélica tiene 36 años y es una de los mil venezolanos que engrosan esa diáspora en Navarra. Llegó a Pamplona el 25 de junio. Los primeros días los pasó en el sofá de la casa de una conocida y después se presentó en las oficinas de Cruz Roja, en Pamplona, para pedir ayuda. Desde entonces, está en la fase previa al programa, y ha vivido en varios albergues, pensiones y hostales. “Lo que quiero es trabajar en lo que sea. No me gusta que me mantengan”, explica. Angélica, como todos los nombres propios que aparecen en esta historia (salvo el de Eglée Torres Zuleta) es la identidad falsa de una historia real. Aunque, de momento, está fuera del programa y las citas con la Policía Nacional se están dando para los próximos mayo y junio, le gustaría empadronarse para tener una tarjeta sanitaria y que sus hijos puedan empezar el colegio el próximo septiembre. “Ahora no tenemos cobertura médica. Solo podemos ir a urgencias del hospital y al centro de salud, en horario de urgencias. Yo tengo problemas de corazón, muchas taquicardias, la tensión baja... y tengo miedo a que me pase algo”. Además, continúa el relato, uno de sus hijos “se enfermó” hace poco porque “no tolera la comida”. “Ya lo he notificado pero hemos tenido que ir a urgencias porque se encontraba muy mal”. La presidenta de la asociación humanitaria venezolana en Navarra Alpargatika, Eglée Torres Zuleta, que reside aquí desde hace once años, denuncia la situación de “vulnerabilidad” en la que se encuentran Angélica y otras personas de distintas nacionalidades que aún no han entrado en el programa. “Entendemos que hay una avalancha pero hay que alertar sobre estos casos. Esta gente necesita que les digan la verdad. Sufren angustia porque no saben hasta cuándo van a estar en ese hostal ni si les van a enviar a otras ciudades”, lamenta. Entonces se suma a la conversación Rosana, una compatriota de Maracaibo, en la costa del Caribe, que llegó Pamplona en diciembre de 2017, con su marido y su hija, de 18 años. Hasta junio residieron en albergues y pensiones de Pamplona y comarca pero al llegar San Fermín, relata, Cruz Roja los envío a otras localidades más alejadas para dejar esos alojamientos libres para los turistas. “Nos sacaron y, al poco tiempo, a nosotros nos dijeron que nos habían encontrado plaza en Barcelona. Así que nos fuimos”. Sin embargo, continúa Rosana la narración, vieron que no les interesaba porque era volver a un albergue y no a vivir en un piso. “Renunciamos al programa y nos hemos vuelto a Pamplona. Sobre todo, por mi marido que tiene un problema de espalda y aquí ya está recibiendo tratamiento”. Tanto Rosana como su esposo trabajaban en Venezuela como abogados públicos, por lo que su vida comenzó a correr peligro. “Nos amenazaban, así que nos tuvimos que ir. Ahora llevamos una vida muy diferente a la de allá. No podemos trabajar ni tenemos nada qué hacer”, lamenta Rosana, una mujer de 45 años, guapa y elegante, mientras sus uñas pintadas de rojo tamborilean en la mesa. Su hija Mariana, que cursaba Economía en la universidad, abandonó sus estudios y ahora sueña con poder reanudarlos aquí. “Pero es muy complicado convalidar las asignaturas”. Lo que corrobora Angélica. “A mí me da igual trabajar en cualquier cosa”, dice y añade que ella, como muchos de sus compatriotas, cuando llegan aquí acarrean un gran trama. “Por la situación vivida antes de salir y porque resulta muy difícil dejarlo todo y venir”. En su caso, confiesa, le robaron la “plata” (dinero) en el aeropuerto antes de salir. “Se ha convertido en una práctica habitual. Mucha gente viaja con dinero en efectivo y los funcionarios te lo quitan y te dicen que puedes elegir entre ir a denunciarlo o coger el avión”, insiste otro de sus compatriotas que trabajó como abogado defendiendo causas en contra del Gobierno. CIUDAD DE ACOGIDA Eglée Torres critica que las personas que aún no han pasado al programa de protección de Cruz Roja están una situación muy vulnerable, a pesar de que Pamplona, sigue, se erija como ‘Ciudad de acogida’. “No hay dinero para albergar a tantas personas. No tienen tarjeta de transporte ni sanitaria, por lo que no pueden moverse del hostal si no es andando, ni ir al centro de salud. No hacen más que angustiarse porque no saben qué va a pasar”. Tanto Eglée como otros venezolanos critican que en Cruz Roja les muestran un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros. “Me dijeron que yo no soy como los sirios o los ucranianos que vienen huyendo de una guerra. Pero también hemos tenidos que dejar nuestro país por el peligro”, insiste Rosana. Un punto que los responsables de Cruz Roja en Navarra niegan. “No existe ningún trato discriminatorio ni negativo. Lo que ocurre es que hay un problema de gestión porque cada vez se están sumando más personas al programa”, apunta el coordinador autonómico, Juanjo San Martín Baquedano. Los venezolanos suponen el mayor número de refugiados seguidos por sirios y colombianos.

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Angélica, venezolana en Navarra: “Mis hijos corrían peligro. Cogí tres maletas, a los niños y vine”

Angélica tiene 36 años y dos hijos pequeños. Las amenazas que recibía en Caracas la empujaron a coger un avión y venir a Pamplona. Ahora vive en un hostal y espera a que Cruz Roja le ayuda a conseguir permiso para trabajar

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