Marzo de 1998, Las Pocholas. Mesa para cuatro: el entonces presidente del Gobierno, Miguel Sanz; su jefe de gabinete, Francisco Iribarren (luego consejero de Economía); el responsable de la Cámara de Comercio, Javier Taberna; y el entonces director de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Manuel López Merino. El protagonismo de la comida en el desaparecido restaurante pamplonés gana protagonismo cada día que avanza la comisión parlamentaria sobre Caja Navarra y ha comparecido en ella el último de los comensales. Este viernes, López Merino volvió a modificar su versión de los días previos. Confesó que grabó lo hablado en la comida para “transmitir todo lo que se trató allí”, y que Sanz, Iribarren y Taberna desconocían que les grababa.

Según dijo López Merino en sus sesiones anteriores ante la comisión, en la comida recomendó esperar a las elecciones de 1999 para fusionar CAMP y CAN, ya que en ese momento UPN gobernaba en minoría. Y relató que Taberna dijo que ganarían los comicios, fusionarían las cajas y “Kiko, director general”, en alusión a Enrique Goñi, que asumió en 2002 la dirección de la CAN.

 

 

Fue el pasado 15 de junio cuando la comida de Las Pocholas apareció por primera vez en la comisión de investigación. Manuel López Merino mostró una cinta que contenía la grabación. El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui le preguntó al respecto:

- ¿Esa grabación fue autorizada por las personas que le acompañaban? -cuestionó el regionalista.

- Me la hicieron desde fuera. Unos personajes que pertenecían a una agencia de seguridad, y que me la grabaron -respondió López Merino.

- ¿Fueron contratados por usted? -siguió Zarraluqui

- No por mí, precisamente -dijo López Merino.

- ¿Quién era esa agencia de seguridad y quién les mandó grabar?

- No lo sé -aseguró el exdirector de la CAMP-, pero la grabación aquí está.

- O sea, que usted no sabe quiénes eran, pero le dieron la grabación.

- A los años.

- ¿Cómo se enteraron de esa comida? ¿Por quién se enteraron? -incidió el parlamentario de UPN.

- No lo sé, pero yo me enteré al cabo de los años -afirmó López Merino.

 

 

Una semana después, Manuel López Merino alteró su propio relato alegando que, con sus preguntas, Zarraluqui había logrado que se “contradijera”.

- La grabadora la llevaba yo en el bolsillo -manifestó a preguntas de Koldo Martínez (Geroa Bai).

El exdirector de la CAMP contó incluso que la víspera de la comida hicieron pruebas en una cena con una empresa especializada venida de Madrid, pero no se oía bien:

- Nos dijeron ‘tiene que llevar usted la grabadora’. Yo dije ‘bueno, qué le vamos a hacer’ -indicó.

 

 

La comida de Las Pocholas regresó a la palestra ayer en la comisión de investigación sobre Caja Navarra, cuando López Merino se sometió a las preguntas Arantza Izurdiaga (EH Bildu) y el socialista Guzmán Garmendia.

- ¿Qué preveía que podía ocurrir en la comida para que tomase una decisión anómala como es grabar la conversación? -cuestionó la abertzale.

- Anómala, no. No usual. Sólo lo he hecho una vez en la vida -contestó el compareciente-. Recibo una llamada de la presidencia del Gobierno vía del entonces jefe de gabinete, Francisco Iribarren: que el presidente (Miguel Sanz) quería hablar conmigo de la fusión de las cajas. Que íbamos a estar solos, no iba a estar el presidente de mi caja (Javier Chourraut) ni el director general de la CAN (entonces Lorenzo Riezu). Cada vez que se hablaba de la fusión nos venía a nosotros muy mal porque la que salía erosionada era la pequeña. Y me planteé: ¿se lo comunico a mi presidente? Entonces, pensé en tratar de captar todo. Como no quería perderme detalle, no me quedaba más que ese remedio. Tenía que transmitir todo lo que se trató allí.

- ¿El resto de asistentes a la comida han tenido conocimiento de esa grabación? -cuestionó Izurdiaga.

- Lo han tenido estos días -asumió López Merino.

El exdirector de la CAMP y exdirector adjunto de la CAN relató también cómo, con posterioridad, suministró información a periodistas que “querían hacer un libro de Caja Navarra empezando desde la fusión y todos los aconteceres posteriores”.

- Vinieron a Madrid, donde yo estaba trabajando. Uno de ellos era hijo de un amigo mío de La Milagrosa. Les dije que, para que no les pudiesen decir que era cierto o no, yo tenía un diario que empezó el día de Las Pocholas, el día de la primera transcripción, de doscientas y pico páginas. ‘Os lo dejo, os lo fotocopiáis y me lo devolvéis’, les dije. En aquella ocasión, de la cinta, no sé si oyeron algo, pero no era fundamental. Lo fundamental se lo conté. Y la cinta está guardada y punto -expuso López Merino.

Garmendia, del PSN, retomó el asunto de la comida en su turno de interrogatorio.

- ¿Salió de usted coger la grabadora y grabar? -quiso saber.

- No. Primero, no iba a grabar yo. Contratamos a una empresa especializada e hicimos unas pruebas. El primer día salieron muy bien, pero observaron el restaurante y dijeron que había un riesgo: ‘La comida es en unos reservados que hay al fondo, vamos a tener problemas, tenemos que hacer las pruebas de nuevo’. Era una empresa que venía de Madrid. Hicieron las pruebas y se oía fatal. Y me dijeron ‘no le va a quedar a usted más remedio que entrar con la grabadora’. Y dije ‘vamos a ver, ¿hace ruido, se oye, se ve?, que yo lo que quiero es tranquilidad’. Asumí el riesgo de hacerlo yo y de no avisar a los interlocutores. Es que si les aviso ya no tenía objeto. Lo que quería yo es no estar distraído con los detalles, poder grabar y tener el concepto en la cabeza, y que luego todo lo dicho lo pudiese consultar -confesó el último responsable de la CAMP.

- ¿Quién contactó con la empresa de Madrid? -concretó el socialista.

- Mi servicio de seguridad -afirmó esta vez López Merino.

 

UPN pidió este viernes que los letrados del Parlamento estudien si Manuel López Merino “faltó a la verdad” el 15 de junio para, en su caso, “interponer una demanda donde sea procedente”. Los regionalistas quieren saber si las palabras del exdirector de la CAMP constituyen una violación del artículo 502 del Código Penal, que en su apartado 3 dice: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. Así mismo, UPN quiere que se reclame a Caixabank “información y copia de la factura abonada en 1998 por la CAMP a la empresa especializada venida desde Madrid” aludida por López Merino.