El Gobierno de Uxue Barkos encajó este jueves una severa derrota en el Parlamento provocada por tres de las cuatro fuerzas que le sustentan. El Ejecutivo se vio obligado a retirar justo antes de que fuera votado un proyecto de ley para modificar la norma que regula el Plan de Inversiones Locales (PIL) 2017-2019, ya que junto a éste iba a prosperar una enmienda con la que Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra forzaban a gastar 29,6 millones de euros más durante el presente año en redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales; pavimentación con y sin redes; alumbrado público; adaptación a la normativa de infraestructuras y dotaciones; y caminos a núcleos habitados.

Fue la propia presidenta Barkos la que tomó la palabra en el hemiciclo para anunciar la marcha atrás y evitar la votación. El Gobierno retiraba su ley, centrada en cambios “para facilitar la gestión del plan y hacer efectivas las inversiones en las entidades locales”, según la consejera de Desarrollo Rural y Administración Local, Isabel Elizalde. La Mesa del Parlamento, primero, y la Junta de Portavoces, después, admitieron a trámite todas las enmiendas que se habían presentado, con el único voto en contra de Geroa Bai en ambos órganos y frente al criterio discrepante del Ejecutivo a la tramitación al suponer aumento de gasto. La tensión que se vivió entre el Gobierno y sus socios dentro del cuatripartito fue máxima. Especialmente visible durante una reunión que protagonizaron en el atrio de la Cámara la presidenta Barkos, la consejera Elizalde, miembros del equipo de Administración Local y el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, quien defendió la enmienda ante el resto y se negó a retirarla. Bildu, Podemos e I-E habían presentado dos enmiendas. UPN, por su parte, hizo lo propia con otra que suponía un incremento de 35 millones de euros, aunque para el año 2019. Mientras que la iniciativa de Bildu, Podemos e I-E iba a aprobarse con el apoyo de todos menos Geroa Bai, la de los regionalistas apuntaba al fracaso.

El objetivo de déficit

Los socios del Ejecutivo justificaron el mayor gasto que propugnaron en el remanente generado el pasado año. La réplica tanto por parte de la consejera Elizalde como por el portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, fue avisar de que esos 29,6 millones de más “implican un incumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto” establecidos para este año.

“No se incumple la regla de gasto”, replicó Araiz, quien acusó al Ejecutivo de “falta de valentía política”. “Si hubiésemos resuelto esto en marzo, no estaríamos aquí. Aprobar esto supone valentía y creemos que de modo alguno será recurrido por el Estado”. “Si hace falta valentía y rebeldía para hacerlo, votaremos a favor”, sentenció por parte de Podemos Rubén Velasco, mientras que José Miguel Nuin (I-E) aseguró que el Gobierno y Geroa Bai no tenían motivos para sorprenderse por las enmiendas. “Hace diez días una reunión entre el cuatripartito y Hacienda en la que se puso sobre la mesa su presentación”, dijo. “Y no entenderíamos que un Gobierno central del PSOE recurriese esto. Sólo podría recurrirse con una interpretación como la de Montoro”.

La enmienda de UPN fue defendida por Mari Carmen Segura, quien afeó a la consejera por pretender una nueva ley “porque la que hicieron no hay por dónde cogerla”. “Es una chapuza que después de año y medio deben arreglar”, remató.