Diario de Navarra

Los centros especiales de empleo (CEE) de Navarra -centros privados creados por diversas entidades y fundaciones para dar empleo a discapacitados- andan escocidos con el Servicio Navarro de Empleo (SNE) este año por el cambio de la convocatoria de ayudas a las ‘unidades de apoyo’ (UA) con las que financian parte de su actividad. Tanto, que los principales centros han presentado un recurso de alzada contra los cambios que introduce en “una subvención consolidada en el tiempo y con funcionamiento exitoso”, dicen. Se trata de Tasubinsa, Elkarkide, Aspace, Adisco, Amimet, Bidean, Albernia y Gureak. Cuestionan la “vulneración” de derechos fundamentales respecto a la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso al empleo y otras medidas para las que “no encuentran otra explicación que el intento de recortar. QUÉ ES UNA UNIDAD DE APOYO Los CEE emplean en Navarra a unos 1.600 discapacitados, físicos, sensoriales e intelectuales. Reciben subvenciones estatales y del Gobierno foral, a través del SNE, para sufragar buena parte de sus salarios. Dentro de los CEE, hay una parte de plantilla (trabajadores con discapacidad intelectual =>33% o con discapacidad sensorial =>65%) que, por sus “especiales dificultades para la empleabilidad”, son susceptibles de integrar las llamadas ‘unidades de apoyo’. Éstas reciben una subvención adicional (100€ por usuario al mes) que les permite costear, en parte, la contratación de técnicos y encargados (discapacitados o no) para atenderlos. Estas son las ayudas, cuyas bases ha modificado el SNE en su convocatoria de 25 de abril, para el periodo comprendido entre noviembre 2017 y octubre de 2018, y que los CEE han recurrido. Cambios que “suponen discriminación o bien recortes” respecto a la situación previa, según José Antonio Delgado, gerente del centro Adisco de Corella y a su vez coordinador de Empleo de Cermin. Esta entidad, que engloba a las asociaciones de discapacidad en Navarra, se ha sumado al recurso. REQUISITO "DISCRIMINATORIO" En especial, los recurrentes consideran una “disposición gravísima” la base 5.5 que exige “solicitar” a la ANADP (agencia navarra de la dependencia) “un informe de adecuación al puesto de trabajo” cuando el trabajador de apoyo tenga un porcentaje de discapacidad superior al destinatario. Este requisito “va en contra de la convención de la ONU de 2006, del artículo 14 de la Constitución y es discriminatorio” expone Delgado. “Están prejuzgando que un trabajador, por tener mayor discapacidad que otro, va a dar un servicio de peor calidad, cuando un discapacitado sensorial (auditivo, visual o del habla) puede perfectamente apoyar a un discapacitado intelectual de grado menor”. OTRAS BASES RECURRIDAS Otro punto (base 2.1) establece que “en los casos en que se combinen diferentes tipos de discapacidad” para ser destinatarios de apoyo deberán tener “reconocido como mínimo un grado del 25%” en discapacidad intelectual o mental. Los centros argumentan que es “un criterio nuevo, sin precedente autonómico, ni nacional” que desconoce que “el grado de discapacidad es único, por más que para su valoración se hayan tenido en cuenta distintos tipos de discapacidad que pueda tener la persona”. Detrás, ven un intento de “reducir usuarios” de las unidades y, por tanto, ayudas. Como la base 6.4, que solo contará el “tiempo efectivo” de los destinatarios del apoyo, haciendo recaer en los centros el coste proporcional de los técnicos “durante el tiempo que hay usuarios de baja”. Por último, recurren que les pidan “autorizar” al SNE a consultar “la vida laboral” de los empleados. Lo ven “una vulneración de la Ley de Protección de Datos “francamente sorprendente viniendo de una entidad pública”.

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Los centros de empleo acusan al SNE de "discriminar" entre discapacitados

Recurren la convocatoria de ayudas a unidades de apoyo en sus centros que reparte 1 millón de euros

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