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Aprobado un proyecto de ley que modifica el Plan de Inversiones Locales 2017

Las modificaciones, según ha explicado Solana, buscan solventar las incidencias detectadas y "hacer un uso más eficiente de los recursos públicos".

María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra.

María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra.

Actualizada 13/06/2018 a las 13:23
  • Efe. Pamplona
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El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un proyecto de ley por el que se modifica la Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, con el fin de solventar las incidencias detectadas y "hacer un uso más eficiente de los recursos públicos".

Así lo ha indicado esta mañana en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, una vez finalizada la reunión semanal del Ejecutivo.

Las modificaciones propuestas "responden a las incidencias detectadas en la gestión del mismo desde que entrara en vigor el 1 de enero de 2017" y han sido introducidas "con el fin de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos", abreviando tiempos de tramitación, eliminando duplicidades y "aclarando determinados conceptos".

La principal novedad del proyecto, que se enviará al Parlamento para su tramitación y posterior aprobación, es la que hace referencia al tratamiento presupuestario, ya que se permitirá imputar "los compromisos económicos de la Dirección General de Administración Local a ejercicios diferentes en función de la previsión de ejecución de las obras".

Además, se incorpora un nuevo procedimiento denominado el permiso de inicio, que posibilita la ejecución por parte de la entidad local de las inversiones que figuren en la relación definitiva de reserva, sin perder el derecho a una posterior inclusión en el Plan.

Igualmente, incrementa la aportación de inicio de obra del 50% al 60%, "mejorando la capacidad económica de las entidades locales" y permitiendo a Administración Local la ejecución de un mayor porcentaje de gasto al inicio de las obras.

En cuanto a la compatibilidad de las aportaciones del Plan con otras ayudas, se introduce la "obligación, en su caso, de acreditar el importe, procedencia y aplicación de otros fondos percibidos destinados a la inversión".

Por otro lado, se pretende "facilitar la gestión de la libre determinación de los concejos que tienen delegadas sus competencias en los ayuntamientos que no hayan solicitado informe de adecuación en plazo". Así, se permitirá que sus consistorios soliciten dichos informes, ejecuten las inversiones y tramiten los correspondientes abonos.

Asimismo, se establecen nuevos plazos para la solicitud de abonos de libre determinación, tanto para las inversiones a ejecutar en 2018 como para las de 2019 (con fecha límite de 1 de noviembre), con el fin de "adelantar los pagos de 2018 y, en caso de disponibilidad presupuestaria, permitiendo el pago de aportaciones asignadas a 2019, en 2018".

Otro aspecto destacable es la modificación de las condiciones de acceso al régimen excepcional, estableciendo la "obligatoriedad de ajustar la inversión o de proponer una fórmula alternativa de financiación, cuando sea posible, antes de solicitar el acogimiento a este régimen".

En otro orden de cosas, se "corrige el alcance de la ayuda, incrementando con el IVA correspondiente para aquellas inversiones con IVA no deducible". En esta misma línea, se establece la obligación de "aprobar un incremento mínimo del tipo impositivo del 0,20 de la contribución territorial sobre el actualmente vigente".

En cuanto al procedimiento de emergencia, se adecúa el concepto de emergencia al contenido en la normativa foral de contratos públicos de Navarra, distinguiendo con mayor "claridad" los procedimientos a realizar en caso de emergencia y los relativos a actuaciones complementarias.

En el proyecto aprobado también se concede carácter "potestativo" a la facultad de la Dirección General de Administración Local de fijar los plazos de ejecución de las inversiones, estableciendo, "a su vez y excepcionalmente, su posibilidad de ampliación".

Por último, se introduce un nuevo régimen de penalidades para el retraso en el inicio de las obras, por un lado, y para la ausencia de justificación documental de la finalización de la inversión en el plazo señalado para ello, por otro. De este modo, se elimina el primer supuesto como causa de "exclusión total" y el segundo como causa de "exclusión parcial", diferenciando, además, entre la renuncia y la exclusión

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