Las organizaciones que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han acusado al Gobierno de Navarra de "actitud antidemocrática y antisocial" por "ejercer el derecho a veto" sobre su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para mejorar la Renta Garantizada y hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social por "implicar incremento de los créditos presupuestarios".

La Carta de Derechos Sociales ha considerado "inaceptable esta decisión, tanto desde un punto de vista democrático como desde un punto de vista social" y ha destacado que "cualquier mejora social conlleva, lógicamente, aumento presupuestario".

Asimismo, ha afirmado que "el veto al debate de iniciativas diversas alegando que suponen incremento del gasto presupuestario es la forma de proceder que ha desarrollado en el Estado español el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos". "Es una triste equiparación para un Gobierno que se califica como del cambio", ha afirmado a través de una nota de prensa.

Para estas organizaciones, el Ejecutivo navarro quiere "rechazar las mejoras propuestas en la ILP" por "la vía rápida, sin ni siquiera debate social". Han reprochado, además, la "actitud antidemocrática y antisocial" del Gobierno de Navarra que "ni siquiera se ha dignado en contactar con la Carta para analizar las medidas concretas recogidas en la ILP o trasladar su decisión de vetar el debate".

Ante esta situación, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha manifestado que "no va a cejar en su empeño en mejorar los derechos sociales". Por ello, ha exigido al Gobierno de Navarra la "inmediata revisión" de su decisión para permitir la tramitación de la ILP en el Parlamento de Navarra. Asimismo, han reclamado a los grupos parlamentarios que lleven a debate en la Cámara foral los contenidos recogidos en la ILP.

Igualmente, ha solicitado un cambio en la ley actual de la ILP para "impedir que el Gobierno de Navarra pueda ejercer derecho a veto alguno".

Por otro lado, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para rechazar esta situación así como la convocatoria de una manifestación que tendrá lugar este mes de junio ante el Gobierno de Navarra.