Entrevista a Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de la Transparencia de Navarra

Hijo de un farmacéutico de la calle Curia, Santiago, natural de Fustiñana, y con madre de Santesteban, Juan Luis Beltrán fue el segundo de cuatro hermanos. Estudió en Jesuitas y vivía en el Paseo Sarasate, por entonces un parque sin asfaltar, campo seguro para juegos infantiles, una vez traspasada la carretera. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra (1965-1970). “Entonces, los ‘de letras’ no teníamos más opción que Derecho o Filosofía. Los chicos solían escoger Derecho y las chicas, Filosofía”, explica la elección. “Cuando empecé a ejercerlo es cuando me gustó”, confiesa sobre el Derecho quien ha sido luego docente durante décadas en las universidades navarras. Terminada la carrera, se instaló como abogado laboralista en Madrid. “A todos los que éramos de izquierdas -y todavía lo soy- nos tiraba el derecho laboral. Sobre todo, entonces con la dictadura franquista”. Pero no duró mucho en los pleitos obreros. Un primo suyo, que trabajaba en la Dirección General de Sanidad, entonces dependiente del Ministerio de Interior, le aviso de que iba a convocarse una plaza de letrado. “Y, claro, yo en el tribunal, tenía muchos boletos”, reconoce el enchufe. Empezó así una larga carrera como letrado en la Administración pública. Tras varios años en un Madrid “que no le terminaba de gustar” (tenía novia en Pamplona desde la universidad), aprovechó la oportunidad que le brindó el entonces viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, el pamplonés Andrés Gorricho, de ser asesor jurídico en ese departamento. “Era un reto bastante interesante: construir el sistema sanitario de una comunidad entera”. Por entonces, su mujer, Pilar Lizarraga, era ya funcionaria del Ayuntamiento de Pamplona. Así que él iba y venía a diario de Vitoria. En cuanto el Gobierno foral convocó una oposición de letrado en Salud, se presentó. Y sacó la plaza. Era 1981. Beltrán arrastraba ya once años de carrera en la Administración central y vasca. Sin embargo, su paso por la Administración navarra fue más un trasiego que un tránsito continuado y apacible. Tras dos años de “letrado de a pie”, su primer cargo llegó en 1983: secretario general técnico en Salud. Con Federico Tajadura de consejero, recién entrado el gobierno socialista de Urralburu que dirigió Navarra ocho años. Tras el desembarco de UPN en 1991 en el Ejecutivo, con Calixto Ayesa de consejero y José Luis Alli de director general, vio que no iba a congeniar. “Y me pasé a Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente”. Entró de funcionario raso. “Entonces, secretario técnico del departamento era Javier Enériz, que en la siguiente legislatura pasó a director general del departamento, y a mí me ascendieron a secretario general técnico de Urbanismo”. Era 1995, con Yolanda Barcina de consejera en sus primeros pasos en política. No encajaron bien. “Teníamos mentalidades y visiones muy diferentes, sobre todo, del Medio Ambiente”. Así que en 1998 buscó refugio en el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). “Un trabajo jurídico y aislado” de la política, en el que permaneció dos décadas. De ahí, fichó como asesor jefe en el Defensor del Pueblo, donde estuvo los últimos ocho años hasta su jubilación efectiva en 2016. Ya que estamos, ¿para qué sirve el TAN? El TAN es igual que un juzgado. El ciudadano, cuando quiere recurrir un acto de la Administración local, tiene la opción de irse directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o al TAN. Sus resoluciones son sentencias puras y duras. ¿Cuándo inició usted la actividad docente en la universidad? Cuando ya me casé, me instalé en Pamplona, saqué la oposición y empecé a trabajar, contacté con el catedrático de Derecho Administrativo de la UN, González Navarro, para preparar la tesis doctoral. Todavía no existía la UPNA. Entonces, él me ofreció dar clases como profesor asociado. Era 1991, si no recuerdo mal. Entraron a la vez, por las mismas circunstancias, los hermanos Razquin, Martín (fue letrado del Parlamento y actualmente es catedrático de Derecho Administrativo en la UPNA) y José Antonio (jefe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra hasta su cese por el cuatripartito). Después, cuando se creó la UPNA, Martín y yo nos pasamos a ella. Ya perdonará, pero impartir Derecho Administrativo suena a rollo macabeo. Igual de rollo que las demás (ríe). ¡Para mí, mucho más rollo era el Derecho Civil! Pero el Derecho Civil toca más en la vida de la gente: firmas contratos, te divorcias, heredas... El derecho administrativo parece coto privado de funcionarios. El ciudadano se relaciona con la Administración a todas horas. Yo les decía así a los alumnos. Cuando te levantas, lo primero que haces ¿qué es? ¿ducharte? Pues ya estás ejerciendo un contrato que has firmado con la Administración, que te facilita el agua que sale del grifo. Cuando coges el autobús para ir a la universidad, ya tienes la siguiente relación con la Administración pública. Y si eres alumno de la UPNA, has pagado una matrícula con la Administración, a cambio de la cual recibes unas prestaciones. Estas relaciones jurídicas que unen al ciudadano con la Administración, generando derechos y obligaciones mutuas, es lo que regula el Derecho Administrativo. En todas sus mudanzas en la Administración le veo coincidir con Javier Enériz, el actual Defensor del Pueblo. Hasta jubilado, ahora en el Consejo de Transparencia. Javier Enériz es quince años más joven que yo. Coincidimos en el departamento de Ordenación, pero luego en el TAN, no. Cuando le nombraron Defensor del Pueblo, me llamó y me pasé con él como asesor jefe de la institución. Pedí excedencia especial y ahí estuve, como cargo de libre designación, ocho años hasta que me jubilé hace dos. Enériz es un superviviente político. Sí, le nombraron Defensor del Pueblo en tiempos de UPN. Su mandato es de seis años. Pero, como en el Parlamento no se ponen de acuerdo, o bien renombrarle o nombrar otro, lleva “en funciones” cuatro años largos. Pronto, cinco. Porque se exige mayoría cualificada de tres quintos. ¡Eso sí que es una interinidad! Ahora, en serio, como experto en Derecho Administrativo, ¿cómo se concibe que hayamos llegado en Navarra a unos niveles de eventualidad del 51% en la plantilla de Salud? Porque, en esta última década, el nivel de eventualidad entre los empleados públicos se ha elevado muchísimo. No solo en Salud, sino en todos los departamentos y en la mayoría de las administraciones públicas. ¿De dónde viene esto? De la crisis. Las administraciones tuvieron que cerrar el grifo; ahorrar, ahorrar, ahorrar y disminuir gasto. Y la partida de personal es una de las más altas. Una de las medidas que se tomaron, en la Administración navarra y en las de todo el país, fue no convocar plazas nuevas. Reducir plantilla, en otras palabras. Provocar jubilaciones forzosas a los 65 años y no convocar las plazas vacantes para ahorrar. ¡Claro! Han conseguido reducir plantilla. Pero si quieres mantener los servicios públicos en los niveles que estaban, al final, se ha optado por contratos eventuales. Ahora todos esos trabajadores se han cronificado en puestos temporales y los jueces de lo Social empiezan a darles la razón respecto a que sus contratos son indefinidos laborales y por tanto, indemnizables. Efectivamente, y con mucha razón jurídica. En esa dinámica estamos. Creo que estuvo mal planificado desde el principio. Ahora la Administración está volviendo a sacar plazas de plantilla. Ya. Pero si las oposiciones no las sacan estos mismos eventuales, el Gobierno foral se va a gastar un dineral en indemnizaciones. ¿Qué solución ve usted a este lío? No hay soluciones fáciles. ¿Cómo puedes solucionar que los 5.000 interinos que hay acaben siendo plantilla de la Administración? Porque una de las premisas, lo dice la Constitución, es que el ingreso en la Administración pública es por mérito y capacidad. Y convocatoria libre. No puedes meter a dedo. Esta gente tiene un contrato que es indefinido, sí, pero el día que la Administración saque esa plaza a convocatoria pública se tienen que presentar. Y si la sacan, bien. Y si no, a la calle. Esa es la pega jurídica. ¿No cabe puntuar la experiencia como mérito en la oposición como piden ellos? Como mérito, sí. Pero sin ser determinante. Experiencia de trabajo en la Administración en el puesto al que aspiras, pero que no tenga un grado de puntuación tan alto que nadie lo pueda superar por otros méritos. Ese es el problema que tenemos: que nadie te puede garantizar la plaza. Y eso es insalvable. Porque, para los nuevos opositores, rompería el principio de igualdad de trato. Al margen del uso político de la cuestión, ¿la puntuación del euskera no está siento determinante en algunas plazas? Determinante, no. Porque no son tantos puntos que anulen los méritos de otro. Pero, en mi criterio, sí es un mérito excesivamente puntuado. En mi opinión, tiene que valorarse más un doctorado que el conocimiento del euskera. Y no ocurre. No le digo que sea regla general. Hay que ir a cada convocatoria y ver la casuística. Pero alguna que he conocido, sí. DERECHO A SABER Jubilado, sin más ocupación que alguna que otra clase o tribunal como l colaborador honorífico de la UPNA, Beltrán era candidato propicio para presidir el Consejo de la Transparencia Navarra, tras la dimisión de su primera presidenta, la periodista Pilar Yoldi, en agosto de 2017. ¿Quién se acordó de usted para este puesto? ¿No sería Enériz? Nooo... Quien me propuso entrar fue Koldo Martínez. Nos conocemos hace tiempo por temas de bioética sanitaria (Beltrán ha profundizado en sus trabajos sobre derecho sanitario sobre el suicidio asistido, muerte digna, objeción de conciencia de los sanitarios, etc.). Javier Enériz está en el consejo en virtud de su cargo. De los doce miembros, seis son juristas. Están allí por la Cámara de Comptos; el Consejo de Navarra; la Federación Navarra de Municipios y Concejos; la UPNA, el Defensor del Pueblo, y el departamento de Presidencia, Interior y Justicia. Los otros seis son políticos (4 parlamentarios y 2 alcaldes). Los juristas (ahora, siete con él) son los que llevan la carga de trabajo. Estudian y redactan las resoluciones. Para ellos, es un sobreesfuerzo. De momento, como el número de reclamaciones es pequeño no tenemos mayor problema en asumirlas. ¿Para qué sirve el Consejo de la Transparencia? No es que tenga mucha visibilidad. Aún es desconocido, sí. También tiene menos trayectoria que otras instituciones (se creó en abril de 2016). Pero es importante que la gente conozca qué puede hacer por ella. El ciudadano tiene derecho conocer todo lo que hace la Administración, por qué lo hace y por qué lo hace así. Para que pueda juzgar si las decisiones son oportunas, o no, y si son convenientes, o no, para su bienestar. Para eso es necesario que la Administración haga una constante publicidad de toda su actuación. Como dijo el jurista italiano Norberto Bobbio, “democracia no es otra cosa que la gestión de lo público en público”. Esta publicidad es fundamental para sentar la democracia. Controlar, evaluar y valorar su cumplimiento es para lo que sirve el Consejo de Transparencia, como órgano independiente de la Administración. Los periodistas, solo con que la Administración nos facilite los datos que pedimos, ya nos damos con un canto en los dientes. Lo del por qué ya me parece utopía. No, no, no. La Administración tiene que explicar el porqué de sus decisiones. Por qué decide meter unas asignaturas y no otras en un plan educativo. Por qué este plan de reordenación urbana coge este ámbito territorial y no otro. Y, si no, a lo largo del expediente, hay informes técnicos, económicos y jurídicos, que amparan la decisión. El ciudadano tiene también derecho a pedir y obtener esos documentos, sin tener que acreditar ningún interés o legitimación personal. Simplemente por ser ciudadano. Es un derecho subjetivo universal. No necesitas ni ser de nacionalidad española. Vale, pongamos que lo pide. Entonces, va y se encuentra con el silencio administrativo (dejar pasar el plazo sin contestar). Cuando un ciudadano pide algo y la Administración le da la callada por respuesta, puede reclamar al Consejo de Transparencia. Actuamos ante la Administración reclamada y resolvemos conforme a derecho. Dice que es un derecho universal. ¿Los ciudadanos tenemos derecho a saber todo, todo, de la Administración? No. Las leyes de transparencia fijan unos límites. Le pongo un ejemplo cercano: la historia clínica. Es un documento administrativo, pero si pides la de otro, no se te puede dar por respeto a la intimidad de esa persona. Me temo que, ahora, más que el silencio administrativo, la moda es invocar la ley de protección de datos para no darlos. Sí. La protección de datos está entre esos límites que le decía. Lo que ocurre es que la Administración, en todo el país, está abusando claramente de la interpretación de esos límites, no solo el de la protección de datos personales, también el secreto industrial, etcétera, etcétera. Ampliando desmesuradamente y utilizándolos desorbitadamente. Los consejos de transparencia están llamando al orden en eso todos los días. Estiman el 80% de las reclamaciones que presentan los ciudadanos frente a silencio administrativo o negativas de las administraciones a facilitar los datos que piden. En Navarra, el año pasado , de las 15 reclamaciones que tuvimos, estimamos 10, desestimamos una y hubo cuatro inadmitidas porque eran contra administraciones no navarras. En esto de la protección de datos, se da la paradoja de que los ciudadanos recelamos mucho de posibles fugas en la Administración, y en cambio damos con alegría permisos a Facebook, que acaba vendiendo hasta los datos de nuestros contactos, como en el caso de Cambridge Analytica. Ciertamente, la Administración recopila muchos datos de los ciudadanos: el historial clínico, el currículum académico, datos fiscales, etc. Pero, en general, los protege bastante bien. El auténtico peligro en cuanto a la vulneración de la intimidad de las personas y sus datos personales no está en la Administración sino en las redes sociales e internet. Lo dicen los expertos. No olvide que Hacienda Navarra se descuidó y dejó una puerta abierta hace poco. El problema de la Administración, por muchos recursos y buenos informáticos que tenga, es que es difícil estar a la última en técnicas para protección de datos. Los hackers siempre están por delante. También roban datos a los bancos y empresas privadas. Es imposible un nivel de protección absoluto. Siempre habrá un riesgo, más alto o más bajo, de que se filtren datos, o por errores de quienes los manejan o por entradas de hackers. Ahora entra en vigor el reglamento europeo de protección de datos. Nos han bombardeado a mensajes en correos y aplicaciones. ¿Qué cambia? Exige que los datos sean previamente anonimizados, que España ya lo hacía. Significa separar los datos identificativos del dato objetivo en sí que se registra, de modo que se pueda trabajar con los datos objetivos recopilados pero no con los titulares de aquellos. Aún y todo, la tecnología hace imposible que un dato anonimizado no sea reversible y el Parlamento Europeo lo sabe. Por eso, el reglamento dice que se entenderá que un dato especialmente protegido (por ejemplo, sanitario) es anónimo y se puede ceder para su explotación por terceros cuando las técnicas necesarias para su reversión sean desproporcionadas o excesivamente costosas.

“El ciudadano tiene derecho a conocer todo lo que hace la Administración y por qué”

En marzo, dos años después de jubilarse, Juan Luis Beltrán fue nombrado por el Parlamento para presidir el Consejo de Transparencia de Navarra

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