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Cámara de Comptos

Comptos dice que la inversión en la Ciudad del Transporte es de 113 millones

Ha remitido al Parlamento un informe sobre la Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona, solicitado por el propio legislativo a instancias del grupo Podemos

Ciudad del Transporte de Imárcoain.

Ciudad del Transporte de Imárcoain.

BUXENS
Actualizada 01/06/2018 a las 12:49
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  • Europa Press. Pamplona

La Cámara de Comptos de Navarra ha señalado que, teniendo en cuenta los datos de comienzos de 2018, la inversión pública en la Ciudad del Transporte ha sumado 113 millones, la mayor parte destinada a financiar las expropiaciones, y ha añadido que no es posible pronunciarse todavía sobre la rentabilidad económico-social de la infraestructura ni sobre el retorno de la inversión realizada.

Comptos ha remitido al Parlamento un informe sobre la Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona, solicitado por el propio legislativo a instancias del grupo Podemos. El informe analiza, entre otros aspectos, el desarrollo del proyecto, la expropiación de terrenos, el modelo de gestión, las inversiones públicas y el nivel de ocupación de la infraestructura.

Comptos recuerda que la Ciudad del Transporte nació en 1991 con el objetivo de centralizar todas las actividades del transporte de mercancías. Su impulso fue mediante una sociedad de capital privado, principalmente de las patronales del sector, estando inicialmente el capital en manos de Anet, Tradisna, Cámara de Comercio e Industria de Navarra y Audenasa. Desde 1993, el Gobierno de Navarra asumió el liderazgo en la ejecución y financiación del proyecto a través de ampliaciones de capital a las que no acuden los anteriores socios privados. De esa forma, el capital social pasó a ser totalmente público.

La Ciudad del Transporte se ha ido desarrollando en cuatro fases sucesivas, estando actualmente pendiente de configurarse o redefinirse la cuarta y última.

Aunque en un principio el proyecto se limitó al tráfico de mercancías por carretera, en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de ampliación se contempló la conexión director a la red ferroviaria. No obstante, esta opción ha quedado de momento descartada.

FALTA DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA

El informe señala que en la primera y segunda fase de la Ciudad del Transporte, desarrolladas hasta 1999, no consta que hubiera estudios sobre las necesidades de la infraestructura ni sobre su viabilidad económica social. Dichos estudios sí constan en el caso de las siguientes fases.

El modelo de gestión de la Ciudad del Transporte se basó en una sociedad gestora, privada hasta 1995 y pública después, con el objetivo de prestar un servicio público a través de un concesionario privado. Actualmente es la sociedad pública Nasuvinsa la gestora de la Ciudad del Transporte.

Para la selección de dicho adjudicatario se hicieron dos concursos públicos -uno para las dos primeras fases en 1995 y otro para la tercera en 2006- que recayeron en el mismo ofertante: una UTE constituida por las sociedades SANCO y Construcciones GM. Fue la única oferta recibida en ambos procesos de selección.

El adjudicatario asume las obras de urbanización y construcción de naves y edificios, así como la explotación y comercialización de la Ciudad del Transporte.

GASTO DE 92 MILLONES EN EXPROPIACIONES

El informe destaca que el proceso de expropiaciones de los terrenos, realizadas por el procedimiento de urgencia, ha sido largo y complejo, con una judicialización relevante y una importante repercusión sobre los recursos públicos. De hecho, dice, no hubo acuerdos amistosos con los propietarios, por lo que se acudió al Jurado de Expropiación. Las resoluciones de este órgano fueron recurridas por lo propietarios, por el Gobierno de Navarra o por ambos, llegando los pleitos hasta el Tribunal Supremo.

La Cámara de Comptos señala que las expropiaciones han costado al Gobierno de Navarra 92 millones, incluidos los intereses de demora que suman 25 millones. Destaca la importante variación del coste por metro cuadrado de terreno expropiado dependiente de la fase. Así, en las dos primeras el precio pagado se sitúa entre los 12 y los 19 euros según sentencias de 2002. En la tercera y cuarta la horquilla, como consecuencia de sentencias de 2016, está entre los 53 y los 57 euros por metro cuadrado.

Además del gasto en expropiaciones, el Gobierno de Navarra ha financiado 11 millones para infraestructuras fuera del ámbito de la Ciudad del Transporte pero necesarias para dotarla de los servicios públicos precisos.

En cuanto a las inversiones realizadas por la UTE adjudicataria, ascienden a 87 millones, de los que el 40 por ciento corresponde a gastos de urbanización y el 60 por ciento a construcción de naves.

113 MILLONES DE INVERSIÓN PÚBLICA

El informe señala que no es posible pronunciarse todavía sobre la rentabilidad económico-social de la infraestructura ni sobre el retorno de la inversión realizada. No obstante, teniendo en cuenta los datos de comienzos de 2018, se destaca que la inversión pública ha sumado 113 millones, la mayor parte destinada a financiar las expropiaciones.

La financiación obtenida por la Ciudad del Transporte asciende a 105 millones. De esta cifra, 74 proceden de aportaciones del Gobierno de Navarra o la empresa pública CPEN y el resto de la actividad comercial de la sociedad gestora.
En cuanto al nivel de ocupación, las dos primeras fases están prácticamente ocupadas en su totalidad y la tercera algo más de la mitad. La cuarta fase actualmente se está replanteando.

El informe concluye destacando el largo proceso de definición, gestación y construcción de la infraestructura. De hecho, ha durado prácticamente tres décadas y aún está pendiente de concretarse la cuarta fase. Según la Cámara de Comptos, la ampliación de la Ciudad del Transporte a las fases tres y cuatro se diseñó y gestionó con hipótesis optimistas a la vista del alto nivel de ocupación de las fases anteriores. Sin embargo, el inicio de dicha ampliación en 2007 coincidió con el comienzo de la crisis económica, lo que ha afectado a la comercialización de los terrenos.

Se destaca también el elevado coste que para las arcas públicas ha supuesto el proceso de expropiaciones y el hecho de que, a pesar de publicitar ampliamente los procesos de selección para las obras y explotación de la infraestructura, solo se presentara una oferta.

Por último, la Cámara de Comptos ha analizado la legalidad del contenido y tramitación de los PSIS, las contrataciones de obras y asistencias adjudicadas, los expedientes de expropiación y las ventas de parcelas. La conclusión es que se han ajustado a la normativa vigente.

La Cámara de Comptos incluye algunas recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de mejorar la planificación de este tipo de inversiones a las que se destinan importantes fondos públicos. También se pide mejorar el control sobre las obras y gestión realizadas por el adjudicatario. El informe recomienda finalmente garantizar el cobro de las deudas pendientes de la UTE por el canon que paga a la sociedad gestora. Dicha deuda, a finales de 2017, ascendía a 8,8 millones.

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