La responsable de la secretaría general técnica del departamento de Educación, Begoña Alfaro, ha achacado la reciente suspensión de la oposición del cuerpo de inspectores, cuyas pruebas se celebraron a finales de abril, a un "error administrativo".

Así lo ha indicado en una comisión parlamentaria, a petición de UPN, en la que ha explicado que, ante la presentación de un recurso de alzada de un recurrente, se optó por mantener los actos previos y que el recurrente fuera convocado para realizar las pruebas en solitario, una decisión tomada al ser "la menos gravosa para los participantes".

No obstante, ha aseverado que la mejor opción hubiera sido "suspender" la oposición antes de la realización de pruebas, pero que ello no pudo realizarse debido a los "brevísimos plazos".

Alfaro ha precisado que el pasado 11 de mayo fue estimado el recurso de alzada presentado por el recurrente y se anuló su exclusión al haberse cometido "un error administrativo", en concreto, no contabilizar los años de experiencia docente por ser liberado sindical.

Ha avanzado que el recurrente no se ha presentado al ejercicio de la primera convocatoria y que el mismo ha presentado otro recurso de alzada por considerar que ha recibido un trato "diferente" al del resto de los aspirantes.

Alfaro ha recordado que en 2015 se convocó una oferta pública de empleo de nueve inspectores en castellano y cinco en euskera, que fue modificada por un decreto foral en noviembre de 2016, de forma que la nueva convocatoria fue de siete plazas en castellano y siete en euskera.

Esta última convocatoria fue recurrida por el sindicato Afapna, y siguiendo el criterio de la propia Alfaro y del director de recursos humanos, entre otros, se estima el recurso de alzada y se suspende la convocatoria.

Finalmente, se propone la modificación mediante un decreto foral y se aprueba la convocatoria del cuerpo de inspectores, estableciéndose como requisito para participar en el proceso, entre otras cuestiones, contar con seis años de antigüedad de experiencia docente.

Al respecto, el recurrente presentó una instancia de participación en el procedimiento, acompañada de un certificado de la Junta de Andalucía, que acreditaba su experiencia en Secundaria.

No obstante, el director de servicios de Recursos Humanos aprobó la resolución de la convocatoria, en la que excluyó al recurrente al considerar que no acreditaba los seis años de experiencia docente.

Finalmente, miembros del departamento de Educación decidieron suspender la oposición teniendo en cuenta una sentencia dictaminada por el Tribunal Constitucional, y estimar el recurso de alzada presentado por el recurrente, todo ello dentro de los plazos estimados por la legislación vigente.

A finales de esta semana o principios de la siguiente se publicarán los resultados provisionales de las pruebas ya realizadas por los opositores.

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha criticado la "inseguridad jurídica más que manifiesta" del departamento de Educación, que, ha dicho, "ha actuado con un sectarismo total y evidente".

Los representantes del cuatripartito han considerado que se ha tratado de un "error administrativo" y han valorado la convocatoria de las 14 plazas de inspectores.

El socialista Carlos Gimeno ha indicado que el departamento de Educación "no puede mejorar" porque "no hay crítica dentro del cuatripartito, ni autocrítica".