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ETA

Barkos y Urkullu se marcan como objetivo acercar a los presos de ETA

Emplazan al Estado a un “grupo de trabajo” sobre política penitenciaria

foto de El lehendakari vasco Iñigo Urkullu y la presidenta foral Uxue Barkos, junto al Palacio del Señorío de Bertiz.
El lehendakari vasco Iñigo Urkullu y la presidenta foral Uxue Barkos, junto al Palacio del Señorío de Bertiz.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, este viernes en el Señorío de Bertiz donde han leído una declaración institucional por la disolución final de ETA.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, este viernes en el Señorío de Bertiz donde han leído una declaración institucional por la disolución final de ETA.
  • Marcos Sánchez. Señorío de Bertiz
Actualizada 05/05/2018 a las 10:23

Los gobiernos de Navarra y Euskadi reaccionaron este viernes de la mano ante el anuncio de la disolución de ETA. Los presidentes Uxue Barkos e Iñigo Urkullu se citaron en el Señorío de Bertiz, donde anunciaron públicamente un documento de “propuestas y compromisos compartidos para consolidar la convivencia” después del fin de la banda terrorista. En dicho guión figura como paso “a corto plazo” alcanzar consensos parlamentarios en ambas comunidades para “adaptar la política penitenciaria al nuevo contexto”. Consensos para los que los ejecutivos de los nacionalistas Barkos y Urkullu consideran “punto de partida” impulsar el acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas a sus lugares de residencia.


Los máximos responsables de los ejecutivos foral y vasco comparecieron ante los medios de comunicación en el Palacio de Bertiz sobre las cuatro y media de la tarde -antes compartieron un aperitivo-, en un acto durante el que los periodistas no pudieron hacer preguntas. El encuentro contó también con la presencia de Álvaro Baraibar, director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, y Jonan Fernández, su homólogo vasco. Las administraciones de Iñigo Urkullu y Uxue Barkos pretenden la creación de un “grupo de trabajo” sobre política penitenciaria en el que se integre el Gobierno central de Mariano Rajoy.

 

Junto al acercamiento de los reclusos de ETA, los ejecutivos vasco y navarro emplazan a los presos a “desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción”; instan a que se aplique “con criterio humanitario” el ordenamiento jurídico “tanto para personas presas enfermas o con menores a su cargo como septuagenarias”; y abogan por una política de reinserción “con itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido definitivamente”. El posicionamiento del Estado llegó ayer mismo: el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, adelantó que no se va a cambiar la política penitenciaria.


‘RECHAZO', NO 'CONDENA’

La promoción de una “declaración crítica y global sobre el pasado que, incluyendo la violencia de ETA, sea compartida por primera vez por todas las fuerzas políticas” es otro de los compromisos a corto plazo de la estrategia pactada entre los gobiernos vasco y navarro. Hay que recordar, sin embargo, la distinta realidad de ambos ejecutivos, ya que mientras Urkullu tiene en la oposición a EH Bildu, partido que se niega a condenar a ETA, Barkos es presidenta gracias a un acuerdo con los abertzales.

 

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La “reflexión crítica y compartida” a la que aspiran las dos administraciones parte de consideraciones como que el final de ETA “no puede suponer pasar página sin una valoración crítica y explícita sobre lo sucedido, o que la construcción del futuro “se asienta “en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas del terrorismo y la violencia”. El plan conjunto habla de “todas” las víctimas. “Ante todas las víctimas, es necesario reconocer que ninguna causa tuvo nunca un valor mayor que la vida, dignidad o integridad de cada una de ellas”, señala. También a la hora de exhibir un compromiso por “reparar a todas las víctimas, sea cual sea la causa de su victimación”. “Rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas u otras vulneraciones de derechos humanos”, apostilla un texto que fija que la construcción de una memoria “plural y compartida” debe basarse “en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia”. ‘Rechazo’, no ‘condena’.


El documento común de propuestas y compromisos tras el anuncio del fin de ETA fue repartido a los periodistas por los equipos de comunicación de los ejecutivos. Uxue Barkos e Iñigo Urkullu no abordaron su contenido en sus respectivas intervenciones desde los atriles. “ETA nunca debió existir porque nunca nadie debió creer que podía tomar las armas para atacar a otras personas en la supuesta defensa de una idea o proyecto”, manifestó una Uxue Barkos que criticó que el comunicado de disolución de la banda terrorista “no ha proyectado una mirada ética y crítica a las consecuencias de su acción, reconociendo la injusticia del daño causado a las víctimas, a todas ellas sin excepción”.


Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu acentuó que “ETA desaparece como amenaza pero no como triste recuerdo”. “Utilizar la violencia y la violación de derechos humanos como arma política fue un radical error humano, ético, político y democrático”, prosiguió el presidente vasco, para afear a los terroristas por no haber sido capaces de “expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas”.

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