Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra utiliza su oficina en Bruselas para trasladar su postura en el caso Alsasua, la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas el 15 de octubre de 2016 que estos días se está juzgando en la Audiencia Nacional. Ayer, el Gobierno de Uxue Barkos informó en una nota que su delegado en Bruselas, Mikel Irujo, mantuvo una “reunión de trabajo” con el presidente del grupo European Alliance del Comité de las Regiones, el belga Karl Vanlouwe, de Nueva Alianza Flamenca y miembro del Parlamento regional de Flandes. Detalló que Irujo entregó a Vanlouwe la resolución que aprobaron el Parlamento navarro (con el voto a favor del cuatripartito) y el Gobierno. En el acuerdo de las instituciones navarras se manifiesta la “máxima preocupación” por lo ocurrido y su desacuerdo con la calificación de los hechos como delito de terrorismo. El Ejecutivo señaló ayer en su nota que Vanlouwe trasladó su “preocupación” y su “sorpresa por la calificación de terrorismo para los hechos que se están juzgando”. Agregó que el político belga se comprometió a trasladar la resolución a sus representantes en el Consejo de Europa y que estudiará si presentar una resolución sobre el caso en el Parlamento de Flandes. La nota del Gobierno foral detalla que el grupo que preside Vanlouwe, European Alliance, en el Comité de las Regiones, está formado por representantes de regiones de diez países, entre ellos España. Se da la circunstancia de que el único miembro español que figura en la web de este grupo es el propio Irujo, que está como delegado del Gobierno navarro y suplente en el Comité de las Regiones desde marzo de 2016 (la titular es la presidenta Uxue Barkos, que no está inscrita en ningún grupo político). El acuerdo que llevó Irujo La resolución que Irujo entregó a Vanlouwe fue aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de septiembre con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el rechazo de UPN, PSN y PP. En ella, se cuestionaba la petición de la Fiscalía tanto en la calificación de los hechos (actos terroristas) como en el principio de “proporcionalidad”. Y se pedía al Gobierno navarro que realizara gestiones ante los órganos comunitarios para “determinar” si es correcta la “transposición” en España de la definición europea de terrorismo, y si es “compatible” la petición del Fiscal con la Carta de Derechos Fundamentales. Además, se encomendaba al Ejecutivo que realizara gestiones en órganos comunitarios “para aunar criterios que eviten situaciones desproporcionadas como esta”. El 28 de noviembre, el Gobierno navarro aprobó esta resolución y se sumó a otra declaración aprobada en la Cámara por el cuatripartito manifestando su “máxima preocupación” por “el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso por la falta de proporcionalidad que lo rodea, y que se manifiesta” en las peticiones de prisión y las medidas cautelares adoptadas.

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El Gobierno de Barkos utiliza su oficina en Bruselas para el 'caso Alsasua'

En una nota, destaca la “preocupación” del grupo European Alliance, del que forma parte Irujo, su delegado en la UE

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