Se pospone el debate de la Ley Foral de Transparencia a la semana que viene

Primero se determinará qué competencias tiene el Consejo de Transparencia de Navarra respecto al Parlamento

La fachada del Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo.
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La fachada del Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo.CALLEJA
La fachada del Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo.

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EFE. Pamplona

Publicado el 17/04/2018 a las 11:28

La comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha aplazado el debate y votación de la Ley Foral de Transparencia a la semana que viene y ha aprobado la constitución de una Ponencia para determinar la adscripción y competencias del Consejo de Transparencia respecto del Parlamento.

Así se ha determinado en la sesión de este martes por la mañana, en la que estaba previsto aprobar el dictamen de dicha Ley Foral.

Tras haber acordado aplazar el debate y votación de la norma a la semana que viene, se ha consensuado la creación de una ponencia para, "advertidos por los Servicios Jurídicos, someter a estudio la adscripción del Consejo de Transparencia de Navarra al Parlamento y las atribuciones de dicho órgano sobre la actividad de la Cámara".

La Ponencia, que tras quedar formalmente constituida ha mantenido su primera reunión, "deberá dilucidar si avala o no y en qué términos la vinculación del Consejo de Transparencia de Navarra al Parlamento, así como los actos parlamentarios que estarían sometidos al escrutinio de dicho órgano".

Igualmente, se ha establecido que el apartado de ética y transparencia del proyecto de Ley de Buen Gobierno sea dictaminado en la Comisión de Régimen Foral "por afectar a la Ley del Gobierno de Navarra".

Un total de 36 enmiendas parciales han sido presentadas al proyecto de Ley Foral: 27 de PSN, 54 de UPN y 5 suscritas conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

Cabe recordar que la norma, remitida por el Ejecutivo Foral, "tiene por objeto regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno" para "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que asegure el buen gobierno, todo en aras a favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía".

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