Tecnología
El PSN presenta un proyecto de ley por los derechos digitales de las personas
El portavoz socialista Guzmán Garmendia presentó la iniciativa junto al secretario de Emprendimiento del PSOE, Francisco Polo


Publicado el 06/04/2018 a las 13:10
El PSN-PSOE ha presentado el proyecto de Ley Foral de Vida Digital, una iniciativa "absolutamente novedosa" y "complicada", según Guzmán Garmendia, que pretende recoger los derechos y obligaciones que tiene una persona en su entorno tecnológico desde que hace después de fallecida.
"No vamos a obviar que esta ley tiene una dificultad técnica inmensa", ha reconocido el portavoz de Desarrollo Económico del PSN, Guzmán Garmendia, quien ha manifestado en rueda de prensa que son "perfectamente conocedores de que hay que trabajarla muchísimo dentro del ámbito parlamentario" y en este sentido ha invitado al resto de grupos a trabajarla.
Acompañado por el secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE, Francisco Polo, ha destacado que "es una ley pionera porque aglutina toda la vida digital" de un individuo, tras lo que ha subrayado que aunque existen otros textos legales en Europa y Cataluña, en ninguno se ha recogido "toda la vida de las personas y sus derechos digitales".
Según ha indicado, la norma en cuestión pretende recorrer la vida completa de una persona hasta que se muere, así como recoger "todos los derechos y obligaciones que va teniendo una persona en su entorno tecnológico desde que nace hasta después de fallecida".
Entre los aspectos más importantes de la iniciativa, ha destacado el epígrafe relativo a que ninguna persona menor de 14 años pueda tener acceso a las redes sociales, así como los referentes a la prohibición de la difusión de imágenes de menores en internet.
La norma también contempla que todos los dispositivos públicos a los que los menores tengan acceso cuenten con un software preciso para controlar los contenidos que se visiten, al igual que ocurre en las wifi públicas.
Sin embargo, se apuesta por un "acceso universal" a internet una vez alcanzada una edad determinada. Por ello se establece la cesión de unas ayudas directas anuales de 50 euros para la conectividad digital de los residentes en la Comunidad Foral que tengan entre 16 y 22 años, todo ello con el fin de fomentar "que todo el mundo pueda entrar a internet con independencia de sus ingresos económicos".
Por otro lado, la ley establece la figura de la desconexión digital, de forma que los trabajadores de una empresa tengan "muy claro" cuándo desde su compañía se les puede llamar.
"Los periodos de descanso hay que respetarlos", ha reivindicado Garmendia, que ha añadido que esta desconexión digital "es fundamental para que la relación empresa-empleado sea lo más potente posible".
Aunque la propuesta socialista pretende fomentar la inmersión digital de la tercera edad, también establece la posibilidad de que las personas mayores puedan realizar determinados trámites de forma analógica. "A pesar de ser una ley digital, queremos tener un guiño con la tercera edad para que algunos trámites se hagan de forma analógica, pero cada vez menos", ha apostillado.
Garmendia, que ha defendido que los espacios de la tercera edad sean adaptados digitalmente, ha apostado por que la Administración priorice la enseñanza en temas digitales para que este sector de la población "no se pierda este tren".
La iniciativa plantea que todos los espacios digitales que tengan un mínimo del 20 % de financiación pública cumplan unos requisitos "muy escrupulosos" de adaptación a personas con discapacidad.
Por otro lado, la ley contempla el derecho al olvido, de forma que si una persona ha cometido un error en el pasado y está registrado en la red, dicho individuo tenga derecho a que se borren esos aspectos de su vida. Igualmente, se reivindica el derecho del ciudadano al control de todos sus datos.
Finalmente, se propone la creación de un registro de voluntades digitales para que las personas puedan dejar plasmado qué hacer con sus fotografías colgadas en la nube, perfiles en redes sociales o correos electrónicos una vez hayan fallecido. Además, se busca asegurar que aquellas personas que no se hayan inscrito también tengan ese derecho a que se anulen sus cuentas si así lo quieren sus herederos.