UPN ha pedido este martes suprimir del texto del Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos que se tramita en el Parlamento de Navarra una disposición adicional introducida ahora por el cuatripartito que establece que las empresas contratadas por el Gobierno formen en euskera a su personal que atiende al público.

La disposición que pretenden suprimir los regionalistas recoge que "las empresas subcontratadas, cuando el cumplimento del contrato exija un servicio de atención al público, elaborarán un plan de euskera para que las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua".

Esta obligación, a juicio de UPN, es "absolutamente desproporcionada e injustificada pues, por un lado, obliga a todas las empresas y autónomos que contratan o desean contratar con las administraciones sin distinguir la zona lingüística de Navarra en la que se encuentran y, por otro lado, se exige en lugares y situaciones donde la necesidad de atención en euskera es inexistente".

Con esta "desmedida exigencia" se pretende "extender su imposición ideológica nacionalista al ámbito de la contratación obligando a empresas, pymes y autónomos a desarrollar planes de euskera en entornos donde esta lengua no se usa", han denunciado los regionalistas.

Por otro lado, UPN ha presentado una pregunta al vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, sobre el recorte para contratación de empleo social protegido en distintas localidades, que en el caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta ha supuesto la reducción en el número de meses para contratar del 26% mientras aumentan los perceptores de renta garantizada.

El partido regionalista quiere saber los motivos por los que distintas entidades locales se han visto perjudicadas en la resolución de la convocatoria del Programa de Empleo Social Protegido, "sufriendo un recorte importante en la financiación y el número de meses que tienen para contratar a personas en situación de exclusión social".

Los regionalistas se han referido, por ejemplo, al caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, que engloba los municipios de Peralta, Falces, Funes y Marcilla, y que "ha sufrido un recorte de un 26%, habiéndosele concedido este año un total de 79 meses de empleo frente a los 107 que se le concedieron en 2017".

Para UPN, "llama la atención este recorte cuando están en constante aumento las unidades perceptoras de Renta Garantizada en dicha Mancomunidad y en otras". En concreto, han apuntado, en 2015 había 292 unidades perceptoras y hoy hay 340. "Es el mundo al revés y da muestra de la errática política que está llevando a cabo el cuatripartito", ha manifestado.

La formación regionalista ha denunciado que, "en un contexto como el actual de recuperación económica y de empleo global, esta recuperación no está llegando a los perceptores de renta garantizada, que siguen en la misma situación y no están teniendo oportunidades de acceder al empleo".