La Policía Nacional ha incautado más de 600 armas y objetos prohibidos en la vía pública de Navarra desde julio del 2017 hasta el momento actual con el objetivo de "prevenir" y "mantener la seguridad pública".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el responsable de prensa de la jefatura superior de la Policía Nacional en Navarra, José Francisco Montenegro.

El material, según ha detallado, fue intervenido por las patrullas de seguridad ciudadana y unidades de intervención policial en "aras de la prevención de la delincuencia en la vía pública".

Montenegro ha aclarado que los objetos intervenidos, "sin ser armamento en sí, grave, sí puede afectar en un momento determinado a la seguridad pública" y, por ello, se retira en base a la reglamentación de armas y la ley de seguridad ciudadana.

Las sanciones ante una incautación de un arma considerada prohibida pueden oscilar entre los 100 euros, correspondiente a una infracción "leve", hasta alcanzar los 30.000 euros por una "grave".

En este sentido, ha explicado que la misión de las patrullas es "prevenir sobre todo en puntos negros localizados o en zonas de ocio donde se vea que hay un aumento, un repunte de alteración de orden".

Tras aseverar que "Pamplona es una de las ciudades más seguras de España", ha mencionado algunos de los materiales intervenidos como machetes, bastones, pistolas de mentira, cables de acero, cuchillos o navajas, siendo éste último el material que más se ha incautado.

Ha sostenido que un agente de Policía Nacional, en virtud de su "poder discrecional", que consiste en valorar la situación de peligro, está obligado a retirar de la calle el material que considere oportuno.

Asimismo, ha aclarado que, una vez incautada el arma en la vía pública, se propone "para sanción a la delegación del Gobierno" y tras ello, se abren tres posibles vías.

Una de ellas, según ha comentado, es que la persona pague la sanción impuesta y recupere el arma, aunque generalmente no se reclaman, otra vía es la destrucción siguiendo un protocolo, y la tercera es que el ente jurídico decide qué hacer con ella.

En este sentido, ha apuntado que de las más de 600 armas incautadas solo 80 han llegado a ser propuestas para sanción, ya que "se intervienen muchas armas para evitar un problema mayor".