Diario de Navarra

Jesuita nacido en Madrid en 1964, José Ignacio García es desde hace un año y medio el director regional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Europa, con sede en Bruselas. Para esta división del JRS, la ‘crisis Siria’ ha supuesto volver a lugares ‘congelados’ como los Balcanes y empezar a trabajar en otros donde nunca había sido necesario, como Grecia. García, que antes estuvo seis años al frente del Centro Social Jesuita Europeo, “muy volcado en temas ambientales”, alerta de que “la línea dura” se está imponiendo entre los estados europeos. “Nuestra sociedad necesita gente que venga, pero parece que hay miedo a aceptarlo”, sostiene. “El mundo no puede funcionar en unidades cerradas. Y además, es que es un movimiento imparable”. ¿A cuánta gente atiende el JRS en Europa? Estaremos trabajando con en torno a 5 o 6 mil personas, en unos 14 o 15 países. Tenemos una presencia más fuerte en Italia, otros proyectos son muy pequeñitos. En Macedonia, por ejemplo, tenemos una ‘safe house’ con 30 plazas para personas vulnerables. Trabajamos también en centros de detención y de recepción, donde las poblaciones fluctúan más. ¿La crisis ha desestabilizado su funcionamiento? Nos ha obligado a abrir en lugares donde no estábamos, como en Grecia. Una zona que teníamos casi congelada, como eran los Balcanes, hemos tenido que reactivarla. Y en algunos sitios estamos haciendo cosas que antes no. En Portugal, por ejemplo, nos encargamos de la reubicación de las personas que llegan, como hacen en España CEAR o Cruz Roja. ¿En qué situación está ahora el derecho de asilo y cómo ha afectado esta última oleada? Europa tiene una larga tradición de asilo, pero esta crisis ha acaparado mucha atención porque las cifras eran muy importantes (más de un millón solo de sirios) . Además, está todo el efecto en la opinión pública. Algo que debería ser asumido con naturalidad porque tenemos capacidad de sobra, se ha convertido en un ‘súper problema’, debido sobre todo a la instrumentalización que hacen algunos grupos. El asilo es un compromiso internacional, una respuesta de solidaridad pero vinculada jurídicamente. Esto no va de que uno quiera un día hacer una buena obra. ¿Pero no se han cambiado las reglas de juego cuando ha convenido sin mucho problema? Ahí está el tema, que la crisis ha hecho que todo se sacuda. Hasta ahora, había unos procedimientos; mejorables, pero los había. Ahora vemos las limitaciones. Otra pregunta fuerte que tenemos encima en Europa es cuál es la relación entre el asilo y la inmigración. La realidad es que no hay una forma un poco ordenada de migrar hacia Europa, y que una de las pocas puertas que se tienen es pedir asilo. De forma que un sistema que está pensado para una situación concreta, se distorsiona porque todo el mundo va a la misma ventanilla. ¿Está pervertido? Claro. Se critica porque “es una coladera”, pero es que a aquellos que verdaderamente lo necesitan, tampoco les funciona. ¿Cuáles son las perspectivas a medio plazo? Las perspectivas son ‘chungas’. Está habiendo presión pública para que se controlen las fronteras, y los políticos sienten que tienen que ofrecer resultados. Ahora, la estrella de las propuestas es el retorno, confiando con mucha ingenuidad en que esto va a despejar el sistema. Luego está el tema de externalizar fronteras, es decir, que el control nos lo hagan otros, como hace Marruecos para España. Por último, seguimos utilizando las detenciones de modo sistemático, tanto para el que llega como para el se va a expulsar. Y no funciona. ¿Estas políticas en la línea más dura son, entonces, reflejo de lo que reclama el ciudadano? Creo que nuestras sociedades están divididas. Nosotros hemos hecho un proyecto de investigación que recopila más de 400 iniciativas en Europa de nivel comunitario, creadas o utilizadas para acoger e incorporar a población extranjera: una parroquia, un equipo de fútbol, un grupo de música. Cuantitativamente, creo que esto es la mayoría, que hay una mirada positiva. En Alemania, por ejemplo, ha sido muy impresionante la respuesta. En Francia tenemos un programa que se llama ‘Welcome’, donde hay 2.000 familias que acogen en su casa gente. Son respuestas muy comprometidas. ¿Y en España cómo les acogemos? Estas personas vienen con una protección inicial, pagada por la UE, de entre 6 meses y un año y medio. En general, hay una protección suficiente durante ese plazo. El problema llega cuando termina ese tiempo, que está pensado para que la persona aprenda la lengua y se pueda integrar. Pero la experiencia está demostrando que no es así. ¿No? No. La semana pasada la Universidad de Comillas sacó una investigación que demuestra que la gente termina estos periodos sin haber aprendido la lengua ni haber encontrado trabajo, con lo cual la integración es bastante complicada. ¿Qué sucede después? Que se ponen en las filas de los servicios sociales de los ayuntamientos, que se sienten un poco invadidos cuando empieza a aparecer gente que ellos no controlaban. Ahí hay un ‘gap’ (hueco) por un tema de competencias. Lo llevamos tiempo diciendo: sería muy importante que estos programas estuvieran mucho más conectados con las autoridades locales. Traemos gente, les ayudamos un tiempo y después los colocamos en zonas de marginación social. ¿Qué tipo de integración estamos proponiendo? ¿Distinguen entre migrantes y refugiados en sus programas? Hay proyectos que están dirigidos solo a demandantes de asilo, básicamente los que hacemos en los centros de detención. Pero en otros muchos no hacemos ninguna distinción. Ahora hay un cierto mensaje en el aire: refugiado bueno, porque necesita ayuda; migrante malo, porque viene a aprovecharse. Para nosotros, esto es inaceptable. En el fondo, la pregunta que subyace es qué empuja a la gente a moverse. Si tu país está en guerra, para todos es evidente; pero, ¿y si en tu país no hay futuro?

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"El asilo se distorsiona porque no hay forma ordenada de migrar a Europa"

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