Diario de Navarra

“No hay ningún indicio” de que la Renta Garantizada esté provocando un ‘efecto llamada’ en los flujos de inmigrantes que llegan “a ninguna zona” de Navarra. Así lo aseguró ayer el vicepresidente Miguel Laparra, que dio a conocer el balance de datos relativos a esta prestación social, que el año pasado tocó techo con 35.500 personas agrupadas en casi 16.000 unidades familiares. Lo hizo en rueda de prensa acompañado por Gema Mañú y Andrés carbonero, del servicio de Inclusión y Protección Social. El Gobierno reconoce que existe un repunte en la llegada de inmigrantes (el saldo migratorio del primer semestre de 2017 arrojó un resultado de 819 personas llegadas desde otros países) y lo valora como un fenómeno “positivo”, vinculado a la recuperación de la actividad económica, especialmente, al descenso de la tasa de desempleo. Sin embargo, no comparte la alerta lanzada por Cáritas hace unas semanas. “El semestre posterior a la aprobación de la Renta Garantizada (15 de noviembre de 2016) llegaron 668 personas menos que el semestre anterior, un 34% menos”, informan. En ese sentido, consideran que la percepción de Cáritas puede tener que ver con que la entidad atiende, en buena medida, “a quienes no acceden al empleo porque no tienen permiso de trabajo, ni tampoco a la Renta Garantizada, para la cual se exige dos años de residencia en Navarra, uno en el caso de familias con menores a cargo”, recuerdan. Según los datos que ofrecieron ayer, un tercio de las 15.918 familias que perciben la prestación tienen otra nacionalidad. Es una proporción que ha variado mucho a lo largo del tiempo. En los años previos a la crisis económica era superior, rozando casi la mitad de perceptores. En 2011, por ejemplo, había casi el doble de perceptores españoles que extranjeros y desde entonces su número ha crecido a una velocidad inferior que la de locales. Entre 2016 y 2017 los inmigrantes sumaron 833 familias más, frente a 545 españolas. Retorno de 1,002 euros Laparra hizo una valoración “muy positiva” de la Renta Garantizada, que supuso el año pasado una inversión de 98 millones de euros en números redondos. “Supone una mayor inserción laboral, mayor cobertura, mayor protección y mayor impacto económico y generación de empleo”, sostuvo. Sobre esos 98 millones de euros, 50 millones más que en 2014, aseguró que se trata de “un esfuerzo presupuestario con un retorno muy importante”. “Por cada euro invertido hay un retorno de 1,002 euros a la economía navarra”, considerando los efectos directos (algo más 67 millones de euros), los indirectos (15 millones) o los inducidos (casi 16 millones de euros). Además, se estima que ha creado 1.229 empleos y ha generado 15,3 millones de euros de retorno en impuestos (IVA e IRPF). En cuanto al acceso al empleo de los beneficiarios, se ha duplicado entre 2014 y 2017, pasando de 1.082 a 2.360 las personas que perciben la prestación y tienen ingresos por trabajo. El perfil de las familias El vicepresidente estimó que 2017 fue el año techo en el volumen de personas que recurren a la Renta Garantizada. El máximo se registró en el mes de junio, con 12.526 unidades familiares y, a partir de entonces, se inició una fase de estabilización e, incluso, de leve descenso. La previsión del Ejecutivo es que, “de no entrar en juego otros factores”, la curva seguirá descendiendo. Los hogares sostenidos por una mujer con hijos a su cargo siguen suponiendo una importante proporción del total, un 35% (3.082 familias). Los hogares unipersonales, es decir, compuestos por una persona sola, son prácticamente la mitad de los 15.918 totales. Si se mide por personas individuales, el 36% son menores de edad y el 51,8%, mujeres. Por zonas, crecen ligeramente las personas beneficiarias en Pamplona y su comarca, así como en Estella, mientras que bajan en Tafalla y Tudela. Pamplona y su Comarca absorben el 63,7 % de las ayudas y la zona básica de Tudela, un 15,5 %. “En la Ribera persiste una situación de mayor necesidad, pero la recuperación y la reducción del paro está siendo más rápida que en otras zonas, de ahí el descenso”, contextualizó. Por último, Laparra destacó que la cuantía media ha pasado de 504 euros al mes de promedio en 2014 a 641 en 2017, aunque para los hogares unipersonales se redujo un 5% entre 2016 y 2017. 36,5 meses, media de cobro El tiempo medio de permanencia en el cobro de la prestación fue el año pasado de 36,46 meses, con un promedio de interrupciones de 1,26 (se considera como tal cuando hay al menos un mes sin percibirla). Es el dato más bajo de la última década, a pesar de que la Renta Garantizada eliminó el límite temporal de cobro. El Gobierno lo atribuye a los estímulos al empleo que la prestación contempla, así como al cambio en el perfil del receptor: se ha pasado de que sean personas en una exclusión duradera, a recurrir a la Renta Garantizada cuando se termina la cobertura por desempleo. Más jóvenes y mayores de 65 La ampliación del derecho a la prestación que contempla la Renta Garantizada para jóvenes y mayores de 65 años queda reflejada en los datos. Entre 2014 y 2017 se han triplicado las personas de entre 18 y 24 años que cobran la prestación, pasando de 309 a 915. Los menores de edad como cabeza de familia (el cobro es por unidad familiar) son anecdóticos, con 4 casos. A la vez, los mayores de 65 años se disparan hasta los 437, si se contemplan los 121 que la perciben en la modalidad general y los 316 que lo hacen por la vía de la deducción fiscal. 373 casos de extinciones El 1,56% de las prestaciones concedidas, 373 en total, se vieron extinguidas por diferentes motivos. El incumplimiento de las obligaciones supuso 198 suspensiones: 62 por cambios en la situación económica, 36 por traslado a otra comunidad, 35 por renuncias, etc. El segundo bloque, con 175 casos, son los cambios en las condiciones: 80 por no comunicarlos, 67 por no participar en la oferta de empleo o formación de la Administración, 20 por no comunicar cambio de domicilio, etc.

Diario de Navarra

El Gobierno desvincula el repunte de inmigración de la Renta Garantizada

Lo atribuye a la mejoría experimentada en el mercado de trabajo

El presupuesto invertido el año pasado en esta prestación social fue de 98 millones de euros, un 18% más que en 2016

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