Diario de Navarra

El conflicto interno que atraviesa Podemos va a visualizarse de lleno en el grupo parlamentario, donde más de la mitad de sus siete miembros ya no tienen reparo en mostrar su disconformidad con la dirección del partido, liderado por el secretario general, Eduardo Santos, y la presidenta de la Cámara foral, Ainhoa Aznárez. Cinco parlamentarios han anunciado para este martes, al margen de su partido, una rueda de prensa conjunta en la sede del Legislativo. Se trata de Laura Pérez, Fanny Carrillo, Carlos Couso, Rubén Velasco y Tere Sáez. Todos los representantes de Podemos, a excepción de la propia Aznárez y el portavoz del grupo parlamentario, Mikel Buil, alineado con la dirección. “No descartamos ningún escenario”, adelantaban ayer desde el grupo de cinco, así como que dentro de éste hay quienes abogan por dejar el grupo de Podemos para integrar otro en la Cámara foral como no adscritos. Una medida que no compartiría Sáez, pero que Pérez, Carrillo, Couso y Velasco llevan madurando desde el pasado viernes. Así lo aseguró la propia Carrillo durante una asamblea de miembros de Podemos críticos con la dirección que tuvo lugar la tarde del domingo en un local de la calle Descalzos de Pamplona, según asistentes a la misma. De entrada, la comparecencia prevista para este martes se asoma como una demostración de fuerza dentro del grupo de la Cámara por parte de los parlamentarios díscolos con la gestión del equipo de Santos al frente de Podemos. No es la primera. El pasado julio, los mismos cinco parlamentarios ya participaron en una rueda de prensa junto a otros militantes en contra del despido de tres empleados del partido, acusando a la dirección de aplicar la reforma laboral del PP. Podemos acoge en su seno un enfrentamiento de sectores desde las primarias con las que Eduardo Santos arrebató el liderazgo a Laura Pérez por sólo 28 votos, el último mayo. Una herida agravada después de que la Comisión de Garantías del partido haya suspendido cautelarmente de militancia a Pérez, así como de sus portavocías en el Parlamento, una vez que el Consejo de Coordinación (el núcleo duro de la dirección) le denunció por “posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo”. Si la resolución se confirma de manera definitiva, Podemos quiere que Pérez dimita como parlamentaria. - “Se trata de una vulneración grave de nuestro código ético y la denuncia no tiene nada que ver con una lucha ideológica interna” -ensalzó este lunes Eduardo Santos. - “Mucho me temo que subyacen motivos espurios, al tratar de eliminar a una potente rival en las futuras listas electorales autonómicas” -replica Rubén Velasco, parlamentario próximo a Pérez. Dentro de un expediente de unas cincuenta páginas, una de las acusaciones que la dirección morada vierte sobre Pérez es la de un posible uso de su escaño legislativo en beneficio propio, al participar en el debate de una iniciativa en defensa de docentes interinos de Educación, cuando era una de las afectadas. Pérez fue profesora interina de Secundaria entre los cursos 2010-2011 y 2014-2015. El departamento de Educación dictaminó que, para poder continuar en la lista de contratación, los interinos tenían hasta el 2 de junio de 2017 de tiempo para que acreditaran estar en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica (antiguo CAP, Certificado de Aptitud Pedagógica), o el día 7 si demostraban estar en vías de lograrla. Laura Pérez figuró en la lista provisional de excluidos que se publicó el 8 de junio, así como en la definitiva posterior. El 16 de junio, la comisión de Educación del Parlamento aprobó con el voto de Podemos una moción de UPN con la que se pidió al Ejecutivo una moratoria de al menos dos años en la exigencia del CAP. Pérez no formaba parte de la comisión, pero fue la portavoz de su partido en esa moción, que como tal no fue de obligado cumplimiento para el Gobierno. No ha habido aplazamiento. ACCIONES LEGALES DE PÉREZ La dirección de Podemos viene a sostener en su denuncia que Laura Pérez ocultó en ese momento al partido el interés personal que tenía en este tema, y que fue el pasado noviembre cuando la exlíder les pidió quedar liberada de tareas en el Parlamento para poder hacer las prácticas que forman parte de la obtención de la titulación para poder ejercer la docencia. El lunes, Pérez compareció por sorpresa en la sala de prensa donde los portavoces responden a los periodistas tras la sesión semanal de la Mesa y Junta. Después de pasar todos los portavoces (incluido Mikel Buil, cuya intervención fue seguida por Pérez desde la puerta), la parlamentaria anunció que va a emprender acciones legales contra los miembros del Consejo de Coordinación de su partido, además de agotar los cauces internos por lo que tildó de “filtración tergiversada y malintencionada”. “Es rotundamente falso que mediara interés personal alguno en la defensa de la moción”, dijo Pérez. “En el momento de conocer la orden foral de junio de 2017 yo ya me hallaba cursando el CAP desde enero de 2017. Transcurrido el año de formación, quedaba de nuevo habilitada para entrar en listas de Educación este mismo año 2018. Debido a que la legislatura termina en mayo de 2019, la exclusión o no de dichas listas no me afectaba personalmente”. Pérez defendió que la postura que adoptó en la moción “vino determinada por lo previamente debatido y acordado por el círculo de Educación” de su partido y “estaba avalada por la totalidad de los sindicatos”. Por otro lado, se refirió como “habituales” las sustituciones de parlamentarios de Podemos en comisiones, y manifestó que “en ningún momento ocultó a nadie” que estaba realizando un curso de formación desde enero de 2017. “Lo desarrollé sin faltar a ninguna de mis obligaciones”, concluyó. “Si la dirección de Podemos entiende que pudo concurrir algún tipo de incompatibilidad, no es comprensible cómo en su día no la detectaron a tiempo ni me apercibieron. Es lamentable que lo hagan seis meses después y como justificación a su solicitud de expulsión del partido”.

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