Diario de Navarra

El Parlamento de Navarra ha dado el visto bueno a una mejora retributiva para sus trabajadores hasta el año 2020, a pesar de contar con el criterio en contra del interventor de la Cámara, quien considera que el incremento no cuenta con “habilitación legal”. En contraposición, la letrada mayor del propio Parlamento ha emitido un informe en el que habla de “absoluta falta de respaldo jurídico” de las consideraciones del interventor y afirma que “no existe precepto alguno que exija dicha habilitación legal”. La medida ha sido aprobada por la Mesa del Legislativo, gracias a los votos a favor de la presidenta Ainhoa Aznárez (Podemos), Unai Hualde (Geroa Bai) y Maiorga Ramírez (EH Bildu). Los dos representantes de UPN en el órgano, Alberto Catalán y Óscar Arizcuren, se opusieron. La mejora retributiva es consecuencia de un acuerdo suscrito por Aznárez, Hualde y Ramírez con la junta de personal de los funcionarios al servicio del Parlamento. Prorrogado automáticamente a partir del 1 de enero de 2020 si antes no es sustituido por otro, el acuerdo establece, entre otras cuestiones, un incremento durante los años 2017, 2018 y 2019 de los complementos de puesto de trabajo en los siguientes porcentajes: un 6,10% para el nivel A, un 5,60% para el nivel B, y un 5,50% para los niveles C y D. Mejora que en el pacto rubricado se justifica “teniendo en cuenta que el personal de la Cámara debe garantizar siempre la atención a todas las actividades que se desarrollen en el Parlamento y con el fin de mantener la adecuación de las retribuciones de los puestos de trabajo a la dedicación y adaptación exigidas a los mismos para el mejor desarrollo de la actividad parlamentaria y extraparlamentaria”. El jefe del Servicio de Intervención y Asuntos Económicos del Parlamento, Fernando Zulet, ha cifrado en un total de 517.800 euros la repercusión en las cuentas de la Cámara de la modificación: 83.000 euros correspondientes al año 2017, 172.300 euros este año y 262.500 euros en 2019. Por partidas, 361.000 euros corresponden dentro del cálculo a aumento en las retribuciones del personal funcionario, 37.200 a las del personal contratado y 119.600 euros en Seguridad Social. “Los trabajadores, por vía complemento, van a recuperar el nivel adquisitivo que se había perdido durante estos años”, declaró el jueves la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. “Había que cumplir con un acuerdo que estaba encima de la mesa desde 2007 y que estaba incumplido”. Interventor: “Sin tener en cuenta las limitaciones legales” El contenido retributivo del acuerdo entre los representantes políticos del Parlamento y los de los funcionarios cuenta con la disconformidad del interventor, quien ha emitido un informe de reparo en el que sostiene que el sueldo inicial de cada uno de los niveles de los funcionarios de la Cámara tiene que ser el “fijado anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de Navarra para los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra” (actualmente, 25.789 euros al año en el nivel A; 21.696 en el B; 17.997 en el C; 15.674 en el D; y 13.787 euros en el E), y que los aumentos de la retribuciones complementarias de los funcionarios parlamentarios deben sujetarse “a los límites establecidos para cada ejercicio” en la misma Ley Foral de Presupuestos de la Comunidad foral, “conforme a lo previsto en el artículo 28.4 del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra”. Este artículo fija que “las retribuciones de los funcionarios se actualizan anualmente en el porcentaje que se determine en los correspondientes Presupuestos de Navarra” y, a juicio del interventor, “condiciona” la libertad de pactos entre la Mesa de la Cámara y la junta de personal de los funcionarios. Según Zulet, respecto al año 2017, el incremento de las retribuciones de los trabajadores parlamentarios “no ha tenido en cuenta la existencia de limitaciones legales”, y concreta que el acuerdo refrendado “incumple” el artículo 6 de la Ley de Presupuestos de Navarra para el pasado año. Artículo que establecía que las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra experimentarían “el incremento máximo global establecido para 2017 en la legislación estatal para el personal al servicio del sector público”. El interventor entiende también vulnerado el artículo 28.4 del Estatuto del Personal del Parlamento y avanza que, respecto a los aumentos para 2018 y 2019, “su efectividad directa quedará supeditada a la ‘actualización’ de los límites y contenidos” que establezcan los Presupuestos de Navarra de esos años. Letrada: “El interventor no sigue una mínima lógica argumental” La letrada mayor de la Cámara foral, Idoia Tajadura, ha emitido un informe en contra del elaborado por el interventor. Según ella, sus consideraciones “no sólo no siguen una mínima lógica argumental ni resultan congruentes con su actuación en ocasiones precedentes, sino que además se basan en un planteamiento que soslaya totalmente la autonomía parlamentaria”. La letrada, quien afea al interventor por basar su reparo “exclusivamente en valoraciones jurídicas y no económicas o presupuestarias”, ya que considera que es a los servicios jurídicos de la Cámara a los que “corresponde en exclusiva el asesoramiento en cuestiones de índole jurídica”, defiende que el artículo 6 de la Ley de Presupuestos de Navarra para 2017 “se refiere únicamente al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra pero no al del Parlamento”. Así mismo, Tajadura acentúa que el mismo artículo “contempla las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo”. “El precepto que el interventor invoca como impedimento para la adecuación de complementos vendría, precisamente, a legitimarla”, apostilla. Sobre la vulneración del artículo 28.4 del Estatuto del Personal parlamentario que esgrime Zulet, la letrada mayor del Parlamento foral replica que el acuerdo “no contempla la actualización anual de las retribuciones sino una modificación de los complementos de puesto de trabajo que la Mesa puede aprobar sin necesidad de habilitación legal”. Tajadura concreta que “siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria”.

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El Parlamento aprueba una mejora retributiva para sus trabajadores

La medida, con aumento del complemento de puesto de trabajo hasta 2020, tiene un informe en contra del interventor

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