Los colectivos Andrea y Lunes Lilas han mostrado "decepción" al conocer que José Diego Yllanes, condenado por el homicidio de Nagore Laffage, trabaja en una clínica médica en Madrid, tras lo que han instado a revisar las leyes que regulan los antecedentes penales de los profesionales médicos.

El psiquiatra José Diego Yllanes, quien fue condenado a doce años y medio de prisión por el homicidio de la joven irunesa Nagore Laffage el 7 de julio de 2008, disfruta desde el pasado mes de julio de un tercer grado y ahora se ha sabido que trabaja en una clínica de Psiquiatría y Psicología de Madrid.

Esto ha llevado a los citados colectivos a solicitar una revisión de la legislación en la materia, ya que, según opinan en un comunicado, es "demasiado laxa". En este sentido preguntan a los profesionales médicos si "pondrían su vida y su bienestar bajo el cuidado de alguien condenado por asesinar a una joven tras rechazar mantener relaciones sexuales con él".

Apuntan que la única regulación legal que existe en la actualidad data de 2015 y contempla solo los delitos sexuales, acoso y abuso sexual, prostitución o trata de seres humanos, y solo es de obligado cumplimiento entre los profesionales del ámbito público que trabajen con niños y adolescentes.

A su juicio este es "un gran agujero legal que deja fuera otros delitos igualmente graves como pueden ser los de homicidio, asesinato o similares".

Es por esto por lo que hacen un llamamiento tanto al Ministerio de Sanidad, como a los colegios profesionales y entidades sanitarias públicas y privadas para aumentar el ámbito de protección de esta ley a todos los pacientes e incluir otros delitos graves o muy graves como los ya citados.

Respecto al caso concreto de Yllanes, subrayan su "rechazo y decepción" tras conocer que el psiquiatra trabaja en una clínica, lo que achacan a la "aplicación de privilegios" por su estatus económico y social.

La contratación de Yllanes y la aparición de su nombre junto con el de restos de profesionales de la clínica en su página web ha generado malestar en las redes sociales y ha llevado a la dirección del centro a retirar su nombre y su imagen de la misma.

Esa "contundente respuesta social" es valorada por las asociaciones, que esperan que el titular del centro tenga en cuenta "esta reacción social y no haga oídos sordos a las reclamaciones de la sociedad".