Diario de Navarra

Los cinco sindicatos con representación en la Policía Foral mostraron ayer su rechazo a los recortes de servicios, turnos y horas extras estructurales que ha propuesto el Gobierno de Uxue Barkos. “Tras el eufemismo de optimizar recursos no hay más que recortes salariales y privatización de servicios, hechos sorprendentes en un gobierno que se decía del cambio”, manifestó APF, palabras que suscribe también CSI-F/SPF. Ambas centrales profesionales suman mayoría en la comisión de personal del Cuerpo. Por su parte, CCOO, ELA y UGT calificaron ayer de una “vuelta de tuerca más” las medidas anunciadas por Interior. A su juicio, están adoptadas como “vendetta” (venganza) tras el fracaso del proyecto de nueva Ley de Policías que impulsó el Ejecutivo. El plan del departamento de María José Beaumont pasa, tal y como se ha concretado en un documento remitido a los sindicatos, por las siguientes acciones: eliminación del servicio nocturno y la tarde de los domingos en la Audiencia (éste se realizaría por un vigilante jurado y a su vez se suprimiría el servicio de vigilancia privada en diurnos, excepto los festivos por la tarde); supresión de noches y domingos completos en el Parlamento (sustituidos por elementos de seguridad pasiva apoyada por patrullaje dinámico); eliminación de las noches en la división de Intervención y reducción del número de efectivos en los grupos de Intervención (su cometido principal pasará a dar respuesta y apoyo al resto de unidades del Cuerpo); eliminación del servicio nocturno en la brigada de Juegos y Espectáculos y el grupo de Seguridad Privada y Sistemas; supresión de tardes en diferentes unidades y puestos concretos como Educación Vial, Recursos Humanos, Inspección y Control; desaparición del grupo de Custodia y Traslado de detenidos, creando un nuevo grupo operativo en la división de Prevención y Atención Ciudadana (sus integrantes se dedicarían a custodia y traslado de detenidos únicamente en aquellos casos en los que surja la necesidad); derivación a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los servicios de Tráfico y Seguridad Ciudadana “que no se puedan atender por los recursos existentes en el servicio programado y no sean considerados de especial trascendencia”; y la sustitución de los policías forales encargados de la protección de accesos a la comisaría central de Beloso por vigilantes de seguridad (“supondría la ganancia de 9.324 horas, seis agentes”, calcula Interior). La adopción de estas medidas acarrearía, afirma el Ejecutivo, refuerzos como dos agentes en Juegos y Espectáculos; uno en Medio Ambiente; seis en Policía Judicial; y otros seis en Prevención y Atención Ciudadana, para las comisarías de Alsasua y Elizondo. “En cuanto a la procedencia de estos efectivos, serían diez de Intervención, cuatro de la Audiencia y dos del Parlamento”, detalla Interior. “Supone un retroceso de la Policía Foral”, censuraron ayer APF y CSI-F/SPF. “En la Audiencia y el Parlamento se pierden varios puestos de trabajo a favor de la seguridad privada. Por otra parte, se limita la actuación de un buen número de unidades al eliminar turnos de tarde o de noche, restando eficacia y rapidez a la hora de prestar servicio. Y se acaba con el grupo de Custodia y Traslado de detenidos, una unidad especializada que realizaba su trabajo de manera exquisita. Así mismo, las reubicaciones de Intervención van a suponer que funciones en orden público se vean cercenadas de manera drástica y se potencie a otros Cuerpos”. Ambos sincicatos profesionales prevén el 12 de diciembre someter al referéndum de toda la plantilla el acuerdo al que llegaron con Interior, Geroa Bai y Bildu para, si logra el plácet mayoritario, remitirlo a los grupos parlamentarios y que se tramite una nueva ley policial que sustituya la actual, de 2015. Por su parte, Javier Ojer (CCOO), Oscar Moreno (ELA) y Iosune Sánchez (UGT), también hablaron ayer de “recortes” y “repliegue”, y exigieron la dimisión de toda la cúpula de Interior. “Las medidas suponen una privatización de servicios, un grave ataque que incumple el acuerdo programático de los socios del Gobierno”, dijo Moreno. “Es incompatible con un Gobierno que se autodenomina del cambio. Es del cambio a peor”, ahondó Ojer. “La apuesta de este Gobierno es hacer trabajar más a la gente y quitar una media de unos 3.000 euros a los afectados por las medidas”. “No son recortes, sino un repliegue”, alega Barkos UPN acusa a la consejera Beaumont de “hacer que la Policía Foral sea la pagana de sus fracasos políticos, su falta de diálogo y su incapacidad” Los cargos principales de Interior trasladaron a los sindicatos de la Policía Foral el miércoles el plan de recorte y redistribución que quieren implantar en el Cuerpo. Ayer, antes del pleno, la consejera María José Beaumont no quiso hacer declaraciones cuando los periodistas quisieron recabar su opinión sobre las medidas. Sí lo hizo la presidenta Uxue Barkos, quien alegó que “no se aplicarán recortes” en Policía Foral, sino que “se realizará una suerte de repliegue efectivo, pues determinados servicios que venían siendo atendidos van a ver mermada su presencia y van a tener que ser sustentados por otras Fuerzas y Cuerpos”. “Recortes, no”, insistió la presidenta. “Dijimos y venimos diciendo desde el Gobierno una y otra vez que la aplicación de la ley de 2015, que es la ley que en estos momentos tenemos, nos iba a llevar necesariamente a una reordenación de los servicios y a una suerte de repliegue efectivo”. Los recortes propuestos por el Gobierno en Policía Foral fueron interpretados en UPN como una “venganza” tras el “fracaso” de Beaumont en la elaboración de una nueva ley que sustituya a la actual. “Está haciendo que la Policía Foral sea la pagana de sus fracasos políticos, de la falta de diálogo con la que está dirigiendo el departamento desde que asumió sus responsabilidades y de su incapacidad para sacar adelante el departamento”, censuró el regionalista Sergio Sayas. “La causa de que se replieguen servicios de la Policía Foral, por imposición del Gobierno y sin someterlo a consenso alguno, no es sólo la ley de 2015, por mala que sea, es también responsabilidad de la actitud de prepotencia con la que está actuando el Gobierno en esta materia, que ha impuesto cada una de sus decisiones y que está llevando a la Policía Foral a situaciones límite que van a ser difíciles de revertir”, apostilló Sayas. UPN ha presentado una proposición de ley para derogar la ley de 2015 y crear una ponencia parlamentaria donde “debatir entre todos los partidos y todos los representantes de las policías de Navarra para hacer, de una vez, la ley que las policías necesitan”.

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Todos los sindicatos de Policía Foral, contra los recortes del Gobierno

APF y SPF ven “recortes salariales y privatización de servicios”; y ELA, CCOO y UGT una “vendetta” de Beaumont

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