Las puertas del juicio por la violación denunciada en los Sanfermines de 2016 se abrirán el viernes 24 y lunes 27 a los periodistas. Solo a los periodistas. Sin grabadoras ni cámaras, podrán asistir a las conclusiones finales de todas las partes y al turno de la última palabra de los cinco acusados. Una nota aclaratoria enviada por el Tribunal Superior de Justicia a raíz de una polémica generada en las redes sociales por la admisión de un informe de detectives dio pie a que el defensor de tres acusados lo solicitara, “porque solo así la gente podrá entender el fallo, sea en un sentido o en otro”. Todas las partes estuvieron de acuerdo y el tribunal, con el voto en contra de uno de los tres magistrados, lo aceptó.

“Mañana movida”, decía el letrado que lo había solicitado, Agustín Martínez, durante un breve receso. Se refería a la tensión vivida en la sala al inicio de una sesión en apariencia de transición (declaraban policías y dos testigos), pero que se había desatado a raíz de una aclaración que el gabinete del TSJN envió el miércoles por la tarde a los medios. Para la defensa, con esta nota el tribunal había “roto” su propia imposición de cerrar el juicio a la opinión pública. “Si han enviado una nota de prensa por una prueba admitida y que ninguna parte recurrió, ¿cuántas notas de prensa tendrá que enviar en caso de sentencia absolutoria?”, argumentó el abogado.

Cronológicamente, todo arranca con la admisión de dos informes detectives. El primero fue incorporado en verano por la defensa del exmilitar junto a su escrito de defensa. Contenía fotografías subidas a las redes sociales por la denunciante (se habían retirado los seguimientos) y la prueba se admitió sin que ninguna de las partes lo recurriera. El lunes, en la primera sesión del juicio, la defensa de los otros tres acusados presentó otro informe: en este caso constaba solo de una fotografía que la víctima había subido a una red social en septiembre de este año y que según la defensa debía valorarse en relación al estrés postraumático de la joven. Las acusaciones se opusieron y el tribunal la aceptó “sin perjuicio de su posterior valoración”.

Según fuentes jurídicas, en casos de peticiones de cárcel muy elevadas los tribunales tienden a ser “más flexibles” a la hora de admitir las pruebas de la defensa, y además evitan así posibles recursos o protestas por vulneración del derecho de defensa.

La admisión de esta prueba fue publicada por varios medios el martes y el miércoles estalló en las redes sociales y medios de comunicación, con protestas incluidas de algunos representantes políticos, que no entendían que la justicia aceptara como prueba el seguimiento de unos detectives a una víctima de violación, cuando además el mismo tribunal había rechazado admitir los whatsapps de los acusados previos al 7 de julio y el vídeo de la agresión sexual denunciada en Pozoblanco (Córdoba), con los mismos implicados.

Tal fue la magnitud de la polémica -se ha organizado una protesta ante el Ministerio de Justicia para hoy- que el gabinete de prensa envió un mensaje a los medios a modo de “aclaración” que simplemente incluía tres puntos cronológicos sobre la admisión de esta prueba. Fue suficiente para que la defensa viera una vía por la que solicitar la apertura del juicio.

Ayer, antes de que empezaran a declarar los testigos, el letrado Agustín Martínez tomó la palabra para exponer que la única forma de terminar con la “la guerra” abierta contra las decisiones del tribunal y la “distorsión” de lo que algunos medios están publicando era “abrir las puertas” el resto del juicio. “Así se verá lo que aquí se está haciendo, que no es otra cosa que practicar la prueba con rigor y de acuerdo al Derecho”. Añadió que no hacía falta proteger la intimidad de los acusados - “más no se puede vulnerar ya”- y que solo habría que proteger la de la víctima. Subsidiariamente, pidió que las conclusiones fueran abiertas.

Todas las partes, menos la defensa del exmilitar, se posicionaron en contra de declarar públicas las vistas que quedaban, pero la apertura de las conclusiones del juicio fue aceptada por unanimidad. El tribunal decidió abrir las conclusiones, al entender que no se vulnerará el derecho a la intimidad, algo que sí se produciría haciendo públicas todas las vistas, algo que rechazó.

El tribunal adoptó la decisión de abrir las conclusiones finales por dos votos a uno. Una magistrada se opuso, argumentando que no se habían modificado las condiciones que llevaron a decretar que el juicio fuera a puerta cerrada, y que si la decisión entonces se tomó para proteger la intimidad ante determinadas pruebas, el mismo argumento era válido para los comentarios que sobre estas mismas pruebas harán las partes en las conclusiones finales.

El abogado de la defensa Agustín Martínez, por contra, lo consideró “positivo”: “Es fundamental que todos escuchen cuáles son los argumentos en los que apoyamos nuestra valoración, con todos los elementos, con palabras, con datos, con hechos”. La acusación particular prefirió no pronunciarse al respecto.