Diario de Navarra

El vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, anunció ayer la encomienda dada al servicio jurídico del Gobierno de Navarra, a través de una orden foral reciente con su firma, para un posible inicio “de acciones legales por responsabilidad penal o civil” contra el que fuera presidente de la empresa Bioenergía Ultzama, el checo Jiri Bezdicek, como “parte del entramado societario” que se creó en la gestión de la planta de biogás de Lizaso. Según concluyó la Cámara de Comptos y ratificó ayer el propio Ayerdi, el proyecto tuvo una sobrefinanciación de fondos públicos, con una doble vía de subvención de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, por el mismo concepto y “proveedores diferentes”. Tal y como indicó en septiembre y ratificó ayer, la diferencia de más que abonó el Ejecutivo foral (341.651 más intereses) equivale al 30% de los 1.138.837,78 euros que Bioenergía Ultzama , en calidad de concesionaria definitiva, indicó por encima del proyecto en la justificación de las facturas para el acceso a las ayudas. Considera al checo Jiri Bezdicek “parte del entramado societario” de la planta de biogás Hasta ayer, las únicas personas jurídicas sobre las que el Ejecutivo navarro había ordenado a sus servicios jurídicos estudiar posibles acciones legales se ceñían a la propia Bioenergía Ultzama y a Levenger. Ambas firmas -la primera está en quiebra- se sucedieron en la gestión de la planta de biogás de Iraizotz como adjudicatarias del Ayuntamiento de Ultzama. La planta se inauguró a finales de 2010. Se cerró a principios de 2016. Costó 5,7 millones de euros, según Comptos. Las cuentas de Bionergía Ultzama y el Administrador Concursal señalan 5,1 millones. En la implicación del que fuera presidente de su consejo de administración, Ayerdi reparó en su participación “en calidad de socio, administrador o representante” de Levenger, Bioenergía Ultzama, la empresa de mantenimiento y la sociedad Vitkovice Power Engineerign. Fue con esta última firma, de origen checo, con la que Bioenergía Ultzama suscribió un contrato por valor de 2,5 millones de euros, que incluía -como significó Ayerdi- la instalación de producción de biogás (depósito de digestión anaerobia) y de coegeneración. El resto, hasta los 3.027.000 euros presentados por Bioenergía Ultzama a la antigua consejería de Industria para aspirar a subvenciones, correspondieron a la obra civil y la urbanización. A una pregunta de Geroa Bai en su comparecencia de ayer en la comisión de investigación, Manu Ayerdi no obvió “el papel” que tuvo el Ayuntamiento de Ultzama en 2008 “como solicitante y beneficiario” de una ayuda de Desarrollo Rural que -según dijo- acabó sufragando los mismos conceptos (depósitos de digestión anaerobia y obra civil). Tribunal de Cuentas No obstante, “la duplicidad de facturas” se produjo en Industria (hoy Desarrollo Económico) y no en Desarrollo Rural, como concluyó en su informe el primer departamento y contra la opinión expresada la semana pasada por la presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea. “Hubo un aumento del 165% en los depósitos y de 140% en la obra civil”, según expuso Patxi Leuza (Geroa Bai) con su lectura de un fragmento del informe de Desarrollo Económico. Los 1.138.837,78 euros que justificó de más fue “abonada por Bioenergía Ultzama al Ayuntamiento y éste a Levenger” dentro del sistema de relación que se estableció, según señaló Leuza. Sin apreciación de delito por parte de la fiscalía en un decreto emitido en julio, el Tribunal de Cuentas nombró el 20 de septiembre a un “delegado instructor” para analizar el caso. “¿Fue legal la concesión de las subvenciones por parte de Industria?”, atendió por interpelación Ayerdi de boca de Guzmán Garmendia (PSN). “La valoración que se hizo en su día es que sí lo era”. “Y si hoy llegase este expediente a su departamento, ¿lo admitiría?”, insistió Garmendia. “Se pedirían las aclaraciones jurídicas necesarias”, respondió el consejero. En el turno de UPN, el consejero reconoció no haber encontrado las facturas correspondientes a los 172.937 euros correspondientes a la supuesta duplicidad de la obra civil, señalada por Comptos. “No son de obra civil sino de canalización de gas, adecuación de una sala de calderas”, apreció Sergio Sayas (UPN). Solicitudes del ayuntamiento en 2008 1 Primera subvención solicitada por el Ayuntamiento a Desarrollo Rural. Junio de 2008. El departamento respondió en septiembre que el proyecto estaba dentro de las líneas de Infraestructuras Locales Ganaderas. El Ayuntamiento convocó el concurso de adjudicación de la construcción y explotación. Resultó elegida en noviembre Levenger. 2 Solicitud dirigida a Industria en septiembre. Manu Ayerdi dijo que el entonces alcalde de Ultzama, Patxi Pérez, solicitó una ayuda a Industria “en representación de una empresa que todavía estaba en constitución y que, además, dejó constancia de que no había solicitado ninguna otra ayuda”. El entonces primer edil -dijo-“tenía que ser consciente” de que sí había solicitado ayudas similares” (Desarrollo Rural). 3 Dos conceptos. Patxi Pérez diferencia las gestiones realizadas para el tratamiento de purines de las dirigidas a Industria. UPN acusa la falta de informe jurídico en las acciones legales Han transcurrido dos meses desde el anuncio del Gobierno foral de “enconmendar a su asesoría jurídica el estudio de acciones legales” contra las dos empresas gestoras de la planta de biogás y “aún no se ha interpuesto ningunda denuncia”. La aclaración correspondió ayer a Manu Ayerdi, que entiende que los servicios jurídicos “están trabajando sobre el asunto”. Según explicó, el anuncio del 6 de septiembre en el seno del Gobierno foral, se adoptó sobre la base de un “un informe realizado de forma conjunta entre los consejeros de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico”. “El procedimiento fue cotejado con la asesoría jurídica”, afirmó. El acuerdo era “conforme a ley, correcto y acorde a derecho”. UPN censuró con vehemencia la falta de un informe jurídico previo y calificó de “decisión política” la iniciativa adoptada por el Gobierno foral.

Diario de Navarra

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