Diario de Navarra

La tensión larvada en estos meses entre el Ministerio de Empleo y los servicios de empleo de las CC AA estalló el 26 de julio en el transcurso de la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid y en la que el Gobierno central tenía previsto acordar la distribución de 167 millones de euros adicionales este año entre las 17 Comunidades para programas de empleo, la mayoría de ellos destinados a reforzar o financiar nuevas actuaciones con parados de larga duración. Aunque sube hasta 22,8 millones este año, el presupuesto estatal para Navarra ha bajado un 49% entre 2013 y 2016 La Conferencia tenía previsto abordar la nueva Estrategia Española de Activación por el Empleo 2017-2020, una planificación de las políticas activas de empleo que sustituya la anterior de 2014-2016, en la que se viene trabajando desde abril con las Comunidades Autónomas, así como acordar el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) de 2017, con sus indicadores y la distribución regional de fondos. En él, se incluía la citada asignación adicional de 167 millones, resultante de ajustar, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, las cuantías adelantadas en abril de forma provisional por el Ministerio (1.893 millones de €) para que las Comunidades fueran aplicando sus programas de atención, colocación y formación de parados, bien a través de la gestión directa de sus servicios públicos o con la subcontratación de entidades. De ellos, a Navarra le corresponden 1.607.908 euros, que se suman a los 21.200.625€ ya recibidos en abril y que ya han sido empleados en distintos programas. La cuantía total asignada este año supondría así un aumento de 3 millones sobre lo percibido en 2016 cuando el dinero de Madrid tocó mínimos: 19,64 millones. Rechazo a las propuestas De cara a la reunión del miércoles, las Comunidades no gobernadas por el PP habían consensuado unos “puntos básicos” comunes, como la libertad para decidir si realizar ciertos programas a través de las oficinas públicas, o subcontratando agencias privadas de colocación como pide el Ministerio, o que el coste del personal contratado cada año para ‘planes extraordinarios’ no se impute al capítulo de gasto de personal de los servicios regionales. También hay discrepancias interregionales con los indicadores para asignar el dinero del Plan de Garantía Juvenil. La “negativa” del Ministerio a admitir sus propuestas alimentó el malestar de las comunidades no afines al PP, que arrastran, como todas, el impacto de la reducción de fondos en los últimos años y la falta de recursos para gestionar las políticas que el Ministerio les “impone” sin consenso y sin tener en cuenta que “somos nosotras las que tenemos que aplicarlas”. La difusión, por parte del Ministerio, de una nota de prensa dando por hecho el acuerdo en el reparto antes de concluir la reunión fue la gota que colmó el vaso entre los responsables regionales de empleo. Como expresión de malestar, diez comunidades decidieron por unanimidad no admitir la votación del punto décimo del orden del día, el único de carácter decisorio, que era el relativo a la distribución adicional de fondos, después de ver cómo sus propuestas en los 9 puntos anteriores, de carácter consultivo, caían en saco roto. “El Estado no puede diseñar las políticas activas de empleo en contra del mayoría de las comunidades que representan a la mayoría de la población española”, indicaron. Votaron a favor seis comunidades gobernadas por el PP y se abstuvo el gobierno de Vitoria, ya que la CAV no financia sus políticas activas de empleo por transferencias del Ministerio como el resto, sino que lo deduce vía ‘cupo’ en el Convenio con el Estado. Críticas del PP en Navarra Ese mismo día, coincidiendo con la publicación trimestral de la EPA que dejaba a Navarra como la única comunidad donde sube el paro este año, la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, aprovechó para manifestar, a través de un comunicado, su “indignación” con el Gobierno de Navarra por “haber rechazado” 1,6 millones para políticas de empleo. “Nosotros no hemos rechazado nada” replicaba Paz Fernández, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo (SNE). “Al contrario. Estamos intentando que se apruebe un marco presupuestario que nos permita volver a lo que había en 2011”. Entonces, llegaban a Navarra más de 30 millones al año del Ministerio para políticas activas de empleo. Entre 2013 y 2016, el presupuesto estatal para empleo se ha recortado un 49% en Navarra, según el Gobierno foral, que se queja también de que Estado también se ahorra en el paro, ya que la cobertura de desempleo (cobro de prestación o subsidio) actualmente no llega al 49% de lo parados, cuando antes de la crisis alcanzaba al 81%. “Lo que no cubre el Estado, lo cubre Navarra” dice Fernández, en alusión al incremento sostenido de perceptores de renta básica estos años. La responsable del SNE confía en que la situación se reconduzca en una próxima reunión de la Sectorial que pidieron las comunidades ‘díscolas’. “Hemos emplazado al secretario de Estado para volver a sentarnos. Espero que sean sensatos. Al fin y al cabo, ese dinero no es suyo. Si no lo aplican, la patronal y los sindicatos les pedirán cuentas”. Cabe recordar que el dinero para políticas activas procede mayoritariamente de cotizaciones, y no de los Presupuestos del Estado. EN CIFRAS 22.808.533€ presupuesto estatal que llegará en 2017 a Navarra para políticas activas de empleo. Se destina a financiar acciones de formación, orientación y contratación de parados realizadas directamente o contratadas por el Servicio Navarro de Empleo. Serán 3 millones más que en 2016. -49% de recorte en tres años. Según el Gobierno foral, el dinero estatal asignado a Navarra para programas de empleo se recortó un 49% entre 2013 y 2016. 47% de parados que cobran la prestación o subsidio de paro en Navarra. Antes de la crisis, la cobertura del paro, que sufraga el presupuesto del Estado, llegaba al 81% de parados. ¿Qué son las políticas activas de empleo? Aunque su distribución la realiza el Ministerio de Empleo, la mayoría del dinero procede de las cotizaciones de empresas y trabajadores A diferencia de la tramitación y abono de la prestación por desempleo y los subsidios a parados (las llamadas políticas pasivas de empleo) que gestiona de forma centralizada el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), la gestión de las políticas activas de empleo está transferida a los servicios autonómicos de empleo. Son las Comunidades quienes reciben cada año del Gobierno central el presupuesto y los criterios para aplicarlas a través del diseño de programas y talleres de formación para los distintos tipos de desempleados, medidas de orientación laboral e intermediación con empresas para colocarles. Para ello, se nutren de fondos que el Ministerio de Empleo les reparte cada año en función de unos indicadores de paro y cumplimiento de objetivos previos. En abril de 2017, el Gobierno central asignó provisionalmente 1.893 millones a las Comunidades. De ellos, Navarra recibió 21.200.625€, cuantía que supone 1,5 millones más que el año previo, y a la que se sumarán otros 1,6 millones pendientes del ajuste final del presupuesto del Estado. Sin embargo, el origen de estos fondos no es presupuestario. La mayoría de los 2.000 millones de € que se repartirán esta año a las Comunidades proceden de dinero recaudado con las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para este fin. El Ministerio lo recibe y lo reparte. El resto, en mucha menor proporción, se completa con los presupuestos del Estado, el Fondo Social Europeo y las CC AA.

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