Diario de Navarra

Los responsables sindicales del ramo de la construcción no tienen ninguna duda de que la crisis económica ha disparado el número de casos de explotación laboral en la obra pública en Navarra. Jornadas maratonianas muy por encima del máximo permitido en el convenio provincial o el pago de la hora trabajada a la mitad del precio estipulado son prácticas comunes en muchas subcontratas. Sin embargo, el elevado desempleo en el sector y la certeza de que una denuncia ante Inspección de Trabajo supondrá el despido fulminante frenan en seco cualquier intento por cambiar la situación. Puertas adentro, los sindicatos con mayor representatividad en el sector, UGT, ELA y CC OO, conocen multitud de casos de trabajadores que les trasladan sus dudas sobre las condiciones draconianas que les imponen algunas empresas, pero solo unos pocos acaban formalizando una denuncia. Quienes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, hartos de padecer un calvario laboral, saben que tendrán que buscarse nuevos horizontes en otras empresas y sectores tras recuperar vía indemnizaciones las cantidades adeudadas por el incumplimiento del convenio. Muchos otros, la mayoría, continúan soportando las duras condiciones de trabajo debido a que, con edades por encima de los 50 años y una escasa formación, no tienen otra alternativa. “La gente tiene miedo. Saben que si denuncian perderán su puesto de trabajo. Tan solo conozco un par de casos se han animado a denunciar y han sido despedidos”, lamenta Demetrio Muñoz, responsable de Construcción en UGT de Navarra. Desde ELA, Jokin Arbea explica que la crisis económica “redujo drásticamente las obras públicas y se multiplicó el paro”. “Por ello, los trabajadores que permanecen están dispuestos a aceptar condiciones laborales precarias con tal de no perder sus empleos. No ha habido por parte de los poderes públicos un verdadero interés por reciclar a estos trabajadores”, critica Arbea. PERFIL DE LOS AFECTADOS Según los testimonios recabados, en algunas subcontratas se ha dado el caso de que las nóminas que les obligan a firmar a sus asalariados son más altas que lo que después les ingresan en cuenta. “Se introduce el concepto de ‘adelanto’ para ciertas cantidades que no se abonan nunca”, denuncia Demetrio Muñoz. El perfil del trabajador afectado, según la experiencia de la federación de Construcción y Servicios de CC OO, tiene una antigüedad de 30 a 40 años y le resulta “muy difícil recolocarse en otras empresas o sectores”, por lo que están dispuestos “a aceptar condiciones laborales a la baja para seguir cotizando a la Seguridad Social”. Aunque estas irregularidades se daban antes de la crisis económica, ahora se han multiplicado. No obstante, los distintos sindicatos hacen cálculos dispares del número de empresas que recurren a estas prácticas. Unos elevan el porcentaje en torno a la mitad de las subcontratas en obra pública, cuyo grueso trabaja en la actualidad en el recrecimiento de Yesa y las obras de ampliación del Canal de Navarra. Otros, por contra, hablan de casos cada vez más frecuentes, pero no por ello generalizados. “Ni todas las empresas ni todas las subcontratas son iguales”, matizan desde la federación de Construcción y Servicios de CC OO. Por su parte, Javier Liria, presidente de la Asociación Navarra de Empresas de Construcción de Obra Pública (Anecop), niega la mayor e insiste en que no le consta que se estén dando estas situaciones de explotación laboral. Liria incluso se atreve a poner “la mano el fuego” por las empresas que forman parte de Anecop, aunque reconoce que la asociación no aglutina a todas las compañías que trabajan en Navarra, algunas de las cuales provienen de otras zonas de España. Por la experiencia de los sindicatos, estas prácticas abusivas son habituales principalmente en pequeñas subcontratas con plantillas de entre 15 y 30 trabajadores. Algunas de estas subcontratas han estado reclamando en los últimos años a sus empleados reducir drásticamente los salarios o bien aumentar considerablemente la jornada para evitar el cierre. De esta forma, si el convenio establece un salario mensual de 1.710 euros por 160 horas de trabajo para un oficial de primera, que se traduce en 10,68 euros la hora, estas subcontratas obligan a aceptar condiciones más duras. “El problema es que les plantean que les van a abonar siete euros la hora, por ejemplo. Si el salario que cobran es de 1.710 euros al mes, lo dividen por siete euros la hora y da 244 horas de trabajo. En convenio, no pueden pasar de 160 horas, lo que significa que las otras 84 deberían ser extras, que se abonan a 19 euros, pero se las pagan como horas normales”, expone Demetrio Muñoz. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los representantes de los trabajadores se quejan de que cuentan con poco margen para intentar corregir estas irregularidades. DIFÍCIL CONTROL La federación de Construcción y Servicios de CC OO confirma que resulta harto complicado controlar las horas trabajadas y que, pese a los requerimientos de los diferentes sindicatos en la mesa de negociación para que se fiscalicen, las empresas aseguran no tener recursos ni capacidad para hacerlo. “Lo que se puede medir son la longitud de zanja abierta o los metros cúbicos de hormigón, pero un control horario es imposible”, expone Javier Liria. Los sindicatos tampoco lo tienen fácil para acceder a las obras para supervisar in situ las condiciones de trabajo, ya que, según denuncian, les ponen trabas burocráticas para realizar su labor. La única medida efectiva, por tanto, es denunciar directamente a Inspección de Trabajo. Este organismo recuerda que no puede informar “sobre procedimientos abiertos contra una empresa concreta”, aunque señala que se ponen en marcha “cuando un trabajador o un sindicato denuncia formalmente una irregularidad”. “En Inspección de Trabajo hay muy buenos profesionales, pero están desbordados. Por eso reclamamos que se transfiera la competencia y el Gobierno de Navarra ponga más recursos”, sugiere Jokin Arbea. Existen otros instrumentos para impedir que se vulneren las condiciones laborales, como las certificaciones de los contratistas exigen a las subcontratas para garantizar que se respetan unos mínimos, pero estos trámites se quedan en “papel mojado”. “A los trabajadores se les presenta un documento en el que tienen que firmar y se les dice que si no lo hacen no cobraran porque es la condición para que pague la contrata. Es una especie de chantaje”, explica Demetrio Muñoz. Desde ELA, Jokin Arbea propone otra fórmula para atajar estas irregularidades a través de los pliegos públicos de contratación para obras públicas, que tendrían que exigir que todas las empresas adjudicatarias, así como las contratas y la cadena de subcontratas, tengan que respetar íntegramente las condiciones del convenio de la construcción de Navarra indistintamente de su origen. “Si quieres, vienes. Si no, a la calle” J. A. es un extrabajador de una pequeña subcontrata, cuya sede está ubicada en Navarra, de obra pública con una plantilla de diez empleados, aunque llega a contar con 25 asalariados “en picos de trabajo”. Fue despedido recientemente tras denunciar su situación ante la Inspección de Trabajo: “Nos obligaban a firmar nóminas de 1.500 euros al mes, pero nos pagaban menos de la mitad, unos 700 euros”. Cansado de sufrir una situación de “explotación laboral constante” a lo largo de los últimos siete años, se animó a presentar una denuncia junto con otros dos compañeros, también despedidos, después de asesorarse en un sindicato. Soportó varios años una condiciones laborales “inaceptables” por pura necesidad. Tanto él como sus compañeros eran amenazados con el despido por los responsables de la empresa: “Si quieres, vienes. Si no, a la calle”. Amenazas verbalizadas, según asegura J.A., por quienes acudían a la obra en coches “de gama alta” y comían “en los mejores restaurantes”, mientras los trabajadores tiraban “de bocadillo” en unos pocos minutos libres. Y críticas también a los representantes de las grandes empresas contratistas, a quienes acusa de conocer estas prácticas y “no hacer nada”. En la actualidad, J.A. ha encontrado otro trabajo mejor pagado, pero reclama “que se haga algo” para acabar con la explotación laboral que se produce cada vez con más frecuencia en la obra pública.

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Sindicatos alertan del aumento de explotación laboral en obra pública

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