La juez de Instrucción nº 5 de Pamplona ha dado por concluida la investigación sobre la mayor estafa piramidal en la historia de Navarra. Y el resultado es abrumador: el asesor pamplonés Miguel Olagüe Roncal, en colaboración con sus dos hijas, habría estafado a 50 familias del valle de Ultzama y cuenca de Pamplona un total de 12,9 millones de euros a lo largo de 23 años. Los datos figuran en el auto en el que la magistrada asegura que existen indicios racionales para imputar un delito de estafa agravada a los tres procesados, más otro de falsedad documental al asesor.

Las cifras sobre lo adeudado las concretó Policía Foral en un informe y distan mucho de las que reconoció el asesor en junio de 2015, cuando apurado por las deudas acumuladas se presentó en el juzgado y confesó todo el entramado. Entonces estimó que debía 1,5 millones de euros, ya que muchos de los afectados ya habían cobrado los intereses por el camino. Desde noviembre de 2015 se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.

En su último auto, la magistrada resume en cinco folios cómo se gestó esta estafa millonaria. Explica que desde 1992 el asesor fue recibiendo importantes cantidades de dinero de personas con las que tenía relación por su condición de asesor fiscal o por amistad, “con la promesa de llevar a cabo inversiones”. A cambio, prometía intereses muy superiores a los de mercado y que en algunos casos llegaban hasta el 12,75%. Durante los primeros años, el procesado devolvía los intereses solicitados, “lo que reforzaba la credibilidad en la fiabilidad de las inversiones”, resalta la juez. Así, los clientes volvían a invertir estos intereses en el supuesto negocio.

Olagüe declaró en su día que las inversiones se dispararon en 1992, año en el que reapareció en su vida un misterioso hombre: Felipe Martínez Martínez. Aseguró que esta persona se encargaba de invertir el dinero en los negocios inmobiliarios y que por eso le entregaba todo el dinero que recibía de los inversores navarros. Lo hacía, según relató, en un hotel de Madrid próximo al estadio Santiago Bernabéu y allí le traspasaba el dinero, a menudo billetes en bolsas de basura que le daban los inversores. El asesor pamplonés dijo que no tenía ni un solo justificante de todas esas entregas.

En 2002, Felipe Martínez desapareció y se llevó consigo entre 1,5 y 2 millones de euros, aseguró Olagüe. A partir de entonces, según su versión, continuó con el montaje pagando los intereses con el dinero de nuevos inversores y también con su propio patrimonio, hasta que se arruinó. “No tuve la gallardía para pararlo a tiempo”, dijo a la juez. La Policía Foral investigó al tal Felipe Martínez y su conclusión fue que simplemente no existía.

Según la magistrada, Olagüe entregaba a los clientes unos balances sin especificar de qué sociedad eran y en los que figuraba un activo de millones de euros. Además, afirmaba que tenía tres titulaciones universitarias y que era miembros del Consejo de Administración del Banco Santander y Banco Popular. El auto apunta también a sus dos hijas. Señala que ambas trabajaban en la gestoría y que “colaboraban en la actuación de su padre, explicaban a interesados el objeto de la inversión y firmaron alguno de los recibís”. Además, “Olagüe decía a los inversores que, en caso de fallecer, sus hijas conocían el entramado de sociedades”.

Algunos abogados de afectados por la estafa han pedido diligencias complementarias para indagar sobre si Miguel Olagüe tenía algún tipo de póliza de seguro contratada a través de la asesoría, con el fin de poder determinar alguna responsabilidad civil al seguro y cobrar de esta manera lo adeudado. El asesor pamplonés asegura que está arruinado y que no se ha quedado nada de lo que invirtieron los afectados. Entre los afectados hay ganaderos, familias con escasos conocimientos financieros que invertían todos sus ahorros y los han perdido, un empresario de la construcción y hasta un taxista que vendió su plaza e invirtió los 120.000 euros logrados en las supuestas inversiones. La juez subraya que algunos afectados no han podido ser localizados y otros han preferido no denunciar.