Tras doce años de trabajo en solitario para agencias interacionales, Berraondo acaba de fichar como consultor para Zabala Innovation Consulting. Es el nuevo director de Innovación Social de la consultora navarra de 200 trabajadores, especializada en asesoría empresarial en I+D+i, con 1.500 empresas clientes en España y cuyo fundador José Mª Zabala fue reconocido recientemente como Empresario del Año 2016 en Navarra.

Un nuevo campo, el de la auditoría social que, según Berraondo , “va mucho más allá” de la RSC (responsabilidad social corporativa). Se dedican a asesorar a las pymes españolas para que adapten sus estructuras a las normas internacionales, a acompañarlas en sus inversiones, y a realizar talleres de sensibilización y capacitación de empresas en siete países de la zona: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Guatemala.

¿Qué empresa va a contratar una auditoría en derechos sociales si no tiene obligación legal de hacerla? Y menos en crisis.

Aquí, todavía no. El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos está en un cajón del Ministerio, sin aprobar. Pero, por obligación comunitaria, a partir de 2017, todas las pymes europeas de más de 500 empleados tendrán que incluir una evaluación de su impacto social en sus informes de gestión. Es un tema que viene para quedarse, como pasó con hace 20 años con el Medio Ambiente. Al principio, parecía una moda pasajera. Y hoy a nadie se le ocurre hacer nada en ningún ámbito sin tener su certificado ambiental. Ahora, cada vez se piden más requisitos sociales en las inversiones privadas.

¿Como una licencia social para operar?

Hay países como Chile, Colombia o México donde hoy es imposible trabajar si no tienes estudios de impacto social y licencia de las comunidades cercanas. Y no es algo que sea para otros países. Aquí tienes el conflicto de la mina de Zilbeti. Surge porque no ha habido un proceso previo de logro de licencia social como se tiene que hacer.

¿Qué intervención ‘social’ cabría hacer?

Tanto la de Zilbeti, como la de Geoalcali en Sangüesa. Deben tener estudios de impacto social bien realizados y sus programas de mitigación y compensación. Hay que analizar cómo va a afectar ese yacimiento al que vive alrededor, para bien y para m al. No solo en la parte ambiental. Por ejemplo, si a un ganadero le afectará en el agua o el pasto de su vacas, que se vea eso también. Saber que incluyes en el análisis a toda la población del valle y ofrecer soluciones: cómo se incentivan los impactos positivos y cómo se van a mitigar y compensar los negativos en el futuro. Compensaciones económicas o del tipo que sean. Es dar el protagonismo a las personas y cómo quieren beneficiarse o no de un proyecto.

¿Deberían revaluarse así también los ERE de despidos? ¿Que la empresa no se limite únicamente a indemnizar al empleado despedido, sino que compense el empobrecimiento que eso causa en el entorno?

Sí, claro. La variable social debería ser un factor de medición en todas las actuaciones de una empresa. A la hora de negociar un cierre, la empresa debería ver qué impactos sociales va a generar, y cómo se reparte eso entre la Administración y la empresa. Pero hay que evaluarlo dos años antes. Ahora, en Ecuador, me está tocando ayudar a una empresa que va a salir de una zona y quiere hacerlo de forma sostenible. Plantean proyectos de inversión social en 5 o 6 años, para dejar el mejor contexto posible cuando se vaya.