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El Gobierno frena por decreto la jubilación anticipada

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.
efe
  • colpisa. madrid
Actualizada 16/03/2013 a las 06:00
Jubilarse anticipadamente será más difícil a partir del real decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones para el retiro antes de la edad ordinaria de jubilación y para acceder a la jubilación parcial, cuyo coste para el sistema de Seguridad Social se acerca a los 10.000 millones de euros anuales (7.000 por las jubilaciones anticipadas y 2.400 millones por la parcial) , según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. El ahorro -o menor coste- para el sistema cuando la reforma tenga plena aplicación será de 5.000 millones anuales, según fuentes del ministerio. 


Se mantiene la diferencia entre jubilación anticipada forzosa (cuando procede de un despido) y anticipada voluntaria. Con los cambios aprobados será necesario haber cotizado un mínimo de 35 años para poder jubilarse de forma voluntaria y 33 años para la forzosa (ahora son 30 años y se elevaba a 33 en la ley 27/2011 cuya entrada en vigor se suspendió hasta abril en lo que se refiere a estas figuras). El retiro sólo se podrá adelantar en cuatro años a la edad legal de jubilación ordinaria en el caso de la forzosa y en dos años si el retiro anticipado es voluntario. Eso significa que irá elevándose progresivamente a la vez que se eleva la edad legal, de forma que al finalizar el periodo transitorio en 2027 cuando la jubilación ordinaria se produzca a los 67 años, la anticipada forzosa se situará en 63 años y 65 la voluntaria siempre que hayan cotizado menos de 38 años y medio. No obstante, como la ley permite seguir jubilandose a los 65 años para los que tengan largas carreras de cotización (el número de años se eleva paulatinamente hasta los 38 años y seis meses cotizados), en esos casos seguirán pudiendo retirarse anticipadamente a partir de los 61 años si es forzosa y a los 63 si es voluntaria.


El objetivo del Gobierno es frenar las jubilaciones anticipadas, que el año pasado ascendieron a 127.000, el 42% del total, y con pensiones un 16% más altas que la media (algo lógico porque el que puede retirarse anticipadamente es el que ha cotizado por una base reguladora más alta que le da derecho a una mayor pensión). En todo caso, el Consejo de Ministros aprobó nuevos coeficientes reductores que son más duros para los que se jubilan de forma voluntaria porque «no se puede tratar igual a quien se ve forzado a jubilarse que al quien puede seguir trabajando». El Ministerio de Empleo vigilará que no se 'simulen' despidos para beneficiarse de las mejores condiciones de la jubilación anticipada forzosa. Todas estas modificaciones no afectarán a los expedientes de regulación de empleo ya firmados o que se acuerden antes del 15 de abril y se respetarán los compromisos hasta 2019. Pero una de sus consecuencias probables es que los ajustes de plantilla que ahora se intentaba hacer menos traumáticos a través de las jubilaciones anticipadas serán mucho más duros para los trabajadores. Especialmente cuando confluya con otra de las novedades del decreto que se refiere a la 'enmienda Telefónica'.

Cobrar a la vez trabajo y pensión


Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro del 50% de la pensión, medida que beneficiará especialmente a los autónomos. El trabajo podrá ser por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial pero la pensión deberá ser de jubilación ordinaria o demorada, no se podrá compatibilizar con la jubilación anticipada o bonificada por trabajos penosos o tóxicos. Hasta ahora, sólo se podía simultanear trabajo y pensión cuando los ingresos no superaban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o con trabajos a tiempo parcial. Los funcionarios públicos jubilados podrán compatibilizarlo sólo con un trabajo privado, nunca público.


Para poder acceder deberá haberse cumplido la edad ordinaria de jubilación y tener derecho a la pensión completa. La pensión a cobrar a la vez que los ingresos por trabajo será el 50% de la pensión que corresponda al trabajador (sin complementos a mínimos, pero con las revalorizaciones a las que hubiera lugar). Durante ese tiempo, se cotizará sólo por contingencias profesionales e incapacidad temporal más una 'cuota de solidaridad' del 8% (6% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador). Cuando el trabajador-pensionista decida jubilarse definitivamente percibirá el 100% de la pensión (y el complemento a mínimo al que tuviera derecho), pero esa pensión no se incrementará por haber prolongado el periodo de trabajo.


La Federación de Autónomos ATA valoró positivamente que, por primera vez, este colectivo podrá jubilarse anticipadamente y la compatibilidad entre trabajo y pensión. Más de la mitad de los cotizantes mayores de 65 años son autónomos, cifra que supera los 70.000. Asimismo, ATA calcula que 35.000 autónomos se beneficiarán desde abril de la compatibilización de trabajo y pensión.

Jubilación parcial


En el caso de la jubilación parcial, la edad de acceso se sitúa en dos años respecto a la edad de jubilación ordinaria, por lo que también irá aumentando progresivamente desde los 63 años y un mes de este año hasta los 65 años en 2027. Se exigirán 33 años de cotización mínima (25 años en caso de discapacidad) y una antigüedad de 6 años en la empresa. Los jubilados parciales podrán reducir su jornada entre un 25% y un 50%, y hasta un 75% si el trabajador nuevo (relevista) es contratado a tiempo completo e indefinido. El relevista tendrá que estar en el paro, ser empleado de la empresa con contrato temporal o socio trabajador de una cooperativa. Entre la base de cotización del jubilado parcial y su relevo deberá existir un 65% de equivalencia. Ambos cotizarán por el 100% de la jornada -auqnue se empezará por el 50% este año y se irá incrementando en cinco puntos porcentuales cada ejercicio-. El contrato del relevista ha de durar hasta que el mayor llegue a la edad legal de jubilación y si el contrato es indefinido, dos años más.


El Gobierno señaló que el decreto es «fruto de un diálogo muy intenso» con los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo y los agentes sociales. Sin embargo, Carmen López, secretaria de Política Social de UGT, aseveró que se había adoptado sin diálogo y sin consenso y anunció que estudiarán la posible inconstitucionalidad del decreto.

Nueva reforma de las pensiones


Por otro lado, el Gobierno designará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones y la remisión de una propuesta al Pacto de Toledo. El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones como la edad de jubilación, los años de cotización exigidos, los años que se utilizan para calcular el importe de la pensión. El establecimiento del factor de sostenbilidad está previsto en la ley de 2011 que entró en vigor en enero pero aún no se ha definido.

El mecanismo se vincula a la esperanza de vida de la población y ya está implantado en varios países europeos con fórmulas diversas. Algunas fuentes señalan que podría utilizarse para eliminar o cambiar la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC. La ministra de Empleo aseguró que el sistema es sólido, pero que debe reformarse para afrontar los problemas del envejecimiento demográfico. Respecto a si el decreto se tramitará como proyecto de ley, el ministerio no quiso pronunciarse.


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