En el Consejo de Ministros celebrado bajo la presidencia del jefe del Estado se tomaron medidas económicas que se acordó proponer como una contribución a la justicia social, un freno al crecimiento de los precios y las rentas, eliminando los comportamientos especulativos y las actitudes inflacionistas. Se aprobaron dos importantes decretos-ley, pendientes de la sanción del jefe del Estado. En ellos se determinaba que los convenios colectivos no supondrían un incremento superior al índice del crecimiento del coste de la vida. Se reducía el impuesto sobre el trabajo personal. Las plusvalías por venta de acciones serían gravadas en un 15%. Se modificaban las tarifas del impuesto general sobre la renta. Y se establecía un régimen de vigilancia de precios, que no podrían modificarse sin autorización del Gobierno.