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Osasuna

El juez concluye que Izco se apropió de dinero y ocultó la quiebra del club

Ve indicios para juzgar al expresidente por la salida de 926.000 euros

El expresidente de Osasuna Patxi Izco se dirige a la Audiencia en febrero de 2016, en una de las comparecencias judiciales a las que ha acudido en estos años.

El expresidente de Osasuna Patxi Izco se dirige a la Audiencia en febrero de 2016, en una de las comparecencias judiciales a las que ha acudido en estos años.

Actualizada 14/06/2019 a las 12:08
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Mientras el osasunismo mira a Primera, el seísmo judicial que sacudió los cimientos del club hace cuatro años y que sirvió para reiniciar la entidad, todavía sigue coleando. El juez ha concluido la investigación de la gestión de Patxi Izco (2003 -2012) y estima que hay indicios suficientes de que el presidente “dispuso o autorizó” la salida de 926.000 euros en metálico del club, utilizando parte de este dinero para su propio beneficio personal, y que ocultó la delicada situación económica de la entidad. En un auto que no escatima adjetivos descalificativos para el mandato de Izco, el magistrado de Instrucción nº 2 también aprecia indicios para juzgar al exgerente Ángel Vizcay, y al exauditor Adolfo Suárez. Por contra, decreta el archivo para los restantes miembros de la directiva.

La valoración que el juez Fermín Otamendi hace de la gestión del expresidente de Osasuna se puede resumir en uno de los párrafos del auto: “Hay contundentes indicios de que se apropió de dinero del club e hizo un uso personal del patrimonio de la entidad, y habría ordenado manipular la contabilidad de la entidad para ocultar o dificultar el descubrimiento de dichas acciones, así como la lamentable situación económica a la que había llevado a Osasuna su política expansiva en lo deportivo y despilfarradora en lo económico”. Su gestión del patrimonio social, añade unos folios más adelante, “provocó la quiebra del club”.

Detrás de estas frases, la investigación que se inició por la salida de 2,4 millones en efectivo de las arcas del club se concentra en tres bloques diferenciados. El magistrado aprecia indicios de que Izco dispuso o autorizó que se dispusiera de 500.000 euros en efectivo, cuyos recibos fueron autorizados por él mismo y sin que existan evidencias de su destino. Sí que constan indicios de que parte de ese dinero fue recibido por él mismo para su propio beneficio o el de terceros; otra parte fue empleada por Izco en España y en el extranjero “para gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre, mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e, incluso, en una ITV”. Estos gastos, añade el juez, no estaban relacionados con su actividad como presidente y no contaba con la autorización de los órganos de representación de la entidad. Otra parte del dinero, sigue el auto, fue incorporado al patrimonio de Izco “a modo de sueldo mensual”, cuando ningún precepto estatutario le autorizaba a ello.

El juez también imputa al expresidente el “haber impulsado las actuaciones necesarias para esconder la negativa situación económica del club”, de forma que la contabilidad “no reflejara la imagen fiel de la situación”. Así, añade, se perjudicó a los socios y a terceros, “que no podían conocer, a través de las cuentas anuales y la contabilidad social, el auténtico estado de la entidad”.

El segundo bloque se concentra en 76.611 euros que Izco, según “indicios racionales”, cogió de la caja del club en verano de 2011. La salida fue contabilizada en diciembre bajo el concepto de “pago a agente”, según las indicaciones que dio el propio expresidente al contable del club, “sin que exista ninguna justificación documental del destino dado a dicha cantidad”.

GRATIFICACIÓN AL AUDITOR

La tercera partida irregular que detalla el auto judicial se corresponde a los 350.000 euros que según la investigación Izco habría pagado al entonces auditor, Adolfo Suárez, como “gratificación” al encubrimiento que había hecho Suárez de estas salidas no justificadas y de la delicada situación económica del club a través de las auditorías anuales, que no reflejaban la situación real de la entidad pero que servían de “beneplácito” para que Osasuna no fuera expulsado de la Liga o la directiva tuviera que avalar un resultado económico negativo.

Este pago se hizo el último año de mandato de Izco a través de la sociedad holandesa Castelino, con la que Suárez tenía “fuertes vínculos”, llegando a actuar en su representación. Osasuna transfirió 350.000 a esta sociedad y ese mismo día Castelino realizó una transferencia de 325.000 euros a la auditoría de Suárez. En su auto, el juez subraya que tanto Castelino como Suárez están siendo investigados en la Audiencia Nacional por otra trama en la que hay exaltos cargos del PP implicados.

Para justificar este ingreso procedente de Osasuna, Castelino emitió un contrato falso por unos “supuestos servicios no prestados” en relación a la contratación del jugador Jukka Raitala -fue cedido a Osasuna de forma gratuita,- y estos documentos fueron utilizados por el club y el auditor para justificar la salida de los 350.000 euros, ordenada por Izco y que contó con la firma previa de Ángel Vizcay en el presunto contrato. Sobre las explicaciones dadas por el exgerente las califica de “absolutamente inconsistentes, increíbles e, incluso, en ocasiones absurdas”. Sobre el exgerente, afirma que todas las investigaciones han demostrado que conocía y controlaba el club “al milímetro”.

Ahora el juez da 20 días a las partes personadas para que formulen sus escritos de acusación, pidan el archivo -el fiscal ya lo pidió para Suárez- o reclamen la práctica de nuevas pruebas.

EXCULPA AL RESTO DE DIRECTIVOS: "SU MANDATO FUE PRESIDENCIALISTA"

El juez archiva la causa con respecto a los exdirectivos José Gómez, José Antonio Pascual y Miguel Archanco, y decreta el cese de la condición de posibles responsables sobre Fernando Vera, Íñigo Sanciñena, José Manuel Purroy y Tomás López, que no han sido imputados. El magistrado afirma que la instrucción ha revelado que Osasuna fue, durante el mandato de Izco, “una entidad eminentemente presidencialista” en la que la mayoría de las decisiones, al menos las extradeportivas, “se tomaban por el presidente y el gerente”. La participación en temas económicos y contables del resto de la junta directiva, agrega el auto, “era nula”. El magistrado detalla que el día a día de la operativa del club, incluidas las cuestiones relativas a la contabilidad y lo relativo al pago de impuestos o las cuentas anuales o la realización de la auditoría, “eran cuestiones en las que intervenían muy directamente el presidente y el gerente”. El juez concluye que los demás miembros de la directiva “no estaban al tanto del día a día del funcionamiento del club, de su contabilidad y de las decisiones que el presidente y el gerente adoptaban”.

El juicio por los posibles amaños sigue sin fecha

 

Dos años y cuatro meses han pasado desde que el juez concluyera su instrucción sobre los posibles amaños en partidos de Osasuna el año del descenso a Segunda División, en 2014. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la encargada de enjuiciar el caso, todavía no ha señalado siquiera la fecha en la que dará comienzo el juicio, que se estima que podría durar en torno a los dos meses por la gran cantidad de acusados (18) y testigos que se esperan.

Por este asunto, que también incluye salidas de dinero sin justificar durante el mandato de Miguel Archanco, y que fue el que desencadenó todos los líos judiciales de Osasuna en marzo de 2015, la fiscalía pide para Archanco 12,5 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva. Para Ángel Vizcay, solicita 14,4 años de cárcel, mientras que para Txuma Peralta la pena que reclama el Ministerio fiscal es de 12,5 años de cárcel.

En este frente judicial, la Audiencia Provincial dejó fuera del juicio a Osasuna como entidad, lo que evitó que la entidad pueda verse afectada administrativamente en caso de una condena por los supuestos amaños de dos partidos del Betis a finales de la temporada 2013-2014 y que acabó con el descenso del club rojillo a Segunda División. Cuando llegue a juicio, es probable que sea el primero que se celebra en España por el supuesto amaño de partidos de fútbol en el fútbol profesional.

Pero además de esta causa, también está pendiente de enjuiciarse los impagos de IRPF e IVA a las arcas forales entre los años 2010 y 2013. Por este asunto, en el que el club ya llegó a un acuerdo con Hacienda y abonó el dinero reclamado, la Fiscalía pide 12 años y 3 meses de cárcel para Patxi Izco, 15 años y 9 meses para Miguel Archanco, la misma pena que reclama para Ángel Vizcay, y 8 años y 9 meses para Txuma Peralta. En unas tres semanas se conocerán además las penas que solicita el fiscal por supuestos delitos en el mandato de Izco tras el auto de este jueves.

Las auditorías de 2004 a 2012 debieron ser desfavorables

 

La transferencia de 350.000 euros que Osasuna hizo a la Sociedad holandesa Castelino por la presunta gestión del fichaje de Jukka Raitala -que en realidad fue cedido gratis- la desmonta el magistrado Otamendi en su auto en cinco aspectos.
Apunta el juez que el representante de Raitala aseguró no tenía conocimiento de la empresa Castelino. Y que éste consideraba los 350.000 euros de la operación como una cantidad inapropiada para los derechos de imagen del jugador, que él mismo consideraba “de segunda categoría”. Además no hay rastro del pago de Castelino al jugador o a su club.

En el escrito se apunta que ninguno de los empleados de Osasuna conocía la participación de Castelino en la operación de Raitala. Según el auto, resulta ilógico que un comisionista cobre más que lo que, en principio, iba a cobrar el propio jugador.
Apunta el escrito de Otamendi que ni el representante legal de Castelino, ni Izco, ni Vizcay, tampoco Tomás López o José Gómez sabían qué gestiones hizo Castelino para traer a Raitala a Osasuna. Y por último, le resulta llamativo al juez que en la contabilidad del club no aparezca ningún apunte sobre Castelino ni la operación Raitala.

AUDITORIAS DEFICIENTES

Sostiene el juez instructor que existía una “manipulación de la contabilidad de Osasuna” para que ésta “no permitiera detectar las múltiples irregularidades cometidas durante la gestión” de Patxi Izco.

El juez apoya parte de su argumentación en un informe, en el que se apunta que “la contabilidad de Osasuna dejaba mucho que desear”, o en el hecho de que el propio Suárez como auditor del club, “admitió salidas de dinero con papeles firmados por directivos del club sin que se aportaran contratos, facturas ni evidencias de la contraprestaciones recibidas por Osasuna”. Explica en el auto el magistrado Otamendi que solicitó un informe al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre la actividad de sociedad de Adolfo Suárez de los ejercicios 2004-5 a 2011-12 se ajustaba a la normativa.

El informe de la ICAC es demoledor. Apunta que Adolfo Suárez “encubre los múltiples incumplimientos contables de Osasuna” y que sus informes de auditoría “no reflejaba a través de sus salvedades la realidad económica” del club. Según el estudio, la opinión del auditor (Adolfo Suárez) “en todas las auditorias -se refiere al periodo 2004-12- debería haber sido desfavorable e incluso denegada (2006-2007 y 2011-2012)”.

Además según el escrito citado en la instrucción, Suárez incumplió la norma contable en la auditoria de 2011-12 (el de los 350.000 euros a Castelino) en varios aspectos. Debía haber conservado los papeles de trabajo de la auditoria de 2010 y 11 y no lo hizo e incide en cuatro áreas en las que su trabajo fue deficiente: incumplimientos contables en algunas cuentas; la falta de análisis en las operaciones entre Osasuna y la Fundación Osasuna; la no obtención de evidencias en gastos de personal, y la ausencia de trabajo de auditoria en el área fiscal.

Ante el juez, Suárez negó que maquillara las auditorías y dijo que los 325.000 euros era dinero que él había adelantado.

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