Diario de Navarra

Álvaro Fernández se desmarca por completo del contrato de trabajo que firmó con Osasuna para su inscripción como jugador en la Federación Española de Fútbol en agosto de 2016 y por el cual, daba al club la opción de ampliar su vinculación tres temporadas desde su finalización en junio 2017 hasta junio de 2020. El portero del Mónaco, ahora cedido en el Extremadura, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia después de que en primera instancia, la juez comunicara el sobreseimiento y el archivo de la querella presentada contra el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y su gerente, Ángel Ardanaz, por falsedad documental. Esta querella fue la respuesta a la demanda del club ante la FIFA. Álvaro no pone en duda el informe sobre las firmas emitido por la Brigada Provincial de Policía Científica que concluye que eran válidas, pero cuestiona la aparición de ese contrato y que lo firmara. “Hay algo raro en dichos documentos y en la forma y momento en que se obtuvieron dichas firmas, totalmente ajenas a la voluntad y al conocimiento de mi mandante”, sostiene su abogada en su escrito. Osasuna espera que en un breve periodo de tiempo se resuelva a su favor este recurso y el caso se traslade a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, que determinará si el Mónaco debe pagar una indemnización por haber fichado a un futbolista con contrato en vigor y si establece un castigo, también para el propio Álvaro. El club pedirá los 10 millones que figuran en la cláusula de rescisión de ese contrato de 2016 o en su defecto de 3, si se considera que no formaba parte del primer equipo (el club le comunicó a tiempo que iba a tener ficha profesional). DOS CONTRATOS Álvaro comunicó a Osasuna en mayo de 2017 que se marchaba al no aceptar una prórroga que figuraba en un contrato privado de 2015 . “Le comunico que no acepto dicha prórroga y por lo tanto mi contrato finalizará el 30 de junio de 2017, quedando libre para poder continuar mi carrera como futbolista en cualquier otro club que estime conveniente a mis intereses”, remitió en una carta en el que a su juicio se contemplaba la opción de prórroga. El riojano entendía que quedaba libre y en julio fichó por el Mónaco. En ese documento se podía leer una frase (“si éste expresamente así lo acepta”) que daba lugar a interpretaciones del poder unilateral de Osasuna en ampliar el contrato tres años. Aun así el espíritu reflejaba que el club se guardaba la opción si lo consideraba oportuno. Resultaba ilógico pensar que la opción de prórroga dependiera del jugador. Aun así, era una laguna. En Osasuna siempre se ha tenido la teoría de que Álvaro no sabía de la existencia de otro contrato posterior, el que firmó en 2016. Aquí no se abría al debate de interpretación que permitió su fuga. Este hecho trascendió a comienzos de agosto de ese 2017. El presidente y el gerente firmaron un contrato federativo de jugador profesional de un año más tres temporadas opcionales con las mismas condiciones que el anterior y dejando muy claro el poder para la prórroga. Se firmó porque el jugador cambiaba de estatus, a sénior, y había cumplido 18 años. Era necesario incluirlo en la plataforma digital de competiciones de la Liga y había que generar el expediente federativo. Con él compitió en la 2016-17 con el Promesas y llegó a debutar con el primer equipo en Villarreal en Primera. La aparición posterior de este contrato es el argumento que emplea ahora. Expone en el recurso sus sospechas. “Después de tres meses discutiendo sobre la finalización del contrato de 2015, sorpresivamente y de forma muy oportuna para el club querellado, aparece este nuevo contrato como llovido del cielo, un contrato supuestamente suscrito el año anterior (2016) que ata al jugador hasta 2020 y que fija una cláusula de rescisión de 10 millones de euros”, dice su abogada, que se pregunta por qué cuando Álvaro comunicó su decisión de abandonar Osasuna, no se le remitió este contrato federativo que luego apareció.

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Álvaro Fernández dice que las firmas fueron ajenas a su voluntad

No pone en duda la caligrafía de su firma tras el informe policial, pero sí la validez y la aparición del contrato

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