Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra llamó hace unos días a Osasuna para concretar un encuentro, que tuvo lugar ayer mismo, en el que se abordase el pago de los 8,2 millones que actualmente se encuentran judicializados y que ponen en riesgo la viabilidad del club. A raíz de una auditoría de gestión encargada por la propia directiva de Luis Sabalza afloraron una serie de cantidades que las directivas de Patxi Izco y Miguel Archanco habrían defraudado a Hacienda en el pago del IVA y del IRPF. Eso hizo que Hacienda acudiese a los tribunales reclamando, en varios procedimientos, 8,2 millones de euros. La cifra es importante, pero no insalvable para Osasuna. Sin embargo al tratarse de un procedimiento judicial, además de la deuda al club le puede corresponder pagar una multa de entre 12 y 24 millones de euros. Ese escenario, y más con el equipo en Segunda, es el que haría prácticamente imposible la continuidad del club después de haber superado ya enormes dificultades en los últimos tres años. La reunión que mantuvieron ayer representantes de Osasuna con el interlocutor nombrado por el Gobierno permite alumbrar algo de esperanza. En todo este proceso fue clave el gesto que le pasado 10 de abril tuvo Osasuna al depositar en el juzgado 5,7 millones de euros como gesto de buena voluntad. El club mostró así su intención de reparar el daño realizado por sus anteriores gestores con la esperanza de poder reducir el castigo. El siguiente paso es que el club reconozca judicialmente los hechos que se le imputan, algo que debe ocurrir antes del 15 de este mes. La disposición del Gobierno a negociar abre sin duda un nuevo escenario que puede resultar mucho más beneficioso para Osasuna. De momento en el encuentro mantenido ayer el club rojillo ya puso de manifiesto que no está de acuerdo con los 8,2 millones que le atribuye Hacienda porque considera que hay cantidades contabilizadas por duplicado. El club tratará de demostrar sus argumentos y cuando tenga la contestación, año por año, volverá a celebrarse un nuevo encuentro. Lo principal, en cualquier caso, es ahora mismo que ambas partes se pongan de acuerdo en la cantidad que Osasuna debe finalmente abonar. A partir de ahí las dos partes pasarán a una segunda fase: el calendario de pagos. El Gobierno de Navarra ya mostró en la reunión de ayer su disposición a pactar un calendario de pagos una vez que ambas partes se pongan de acuerdo en la cantidad final que defraudó Osasuna entre 2010 y 2013. Sin embargo el proceso no acabará ahí. Ahora mismo ante los tribunales hay dos partes acusadoras: Gobierno y Fiscalía. Si se produce el acuerdo con el Ejecutivo navarro tocará después hablar con la Fiscalía para intentar pactar una rebaja de la multa. Si Osasuna simplemente negase los hechos en los tribunales y esperase la sentencia podría, en caso de ser condenado, arriesgarse a una multa de entre 12 y 24 millones. Un pacto con la Fiscalía le podría permitir reducir notablemente esta cantidad lo que, unido a un calendario de pagos, permitiría a Osasuna seguir caminando sin problemas. El club rojillo pagará esta temporada cerca de 35 millones de euros a la Hacienda Foral, ha entregado su patrimonio por 42 millones, ha pagado 11 de deuda en una sola temporada (además de los impuestos corrientes) y ahora debe hacer frente a otro 8,2 de la envenenada herencia de Izco y Archanco.

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El Gobierno de Navarra tiende la mano a Osasuna

El Ejecutivo y Osasuna se sientan para pactar el pago de 8,2 millones

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