Diario de Navarra

El caso Osasuna empieza a ver la luz al final del túnel. El proceso que queda por delante es todavía muy largo porque el juicio seguramente no se celebrará hasta finales de este año o comienzos del próximo y la sentencia se demorará otro tanto. Sin embargo el jueves el juez Fermín Otamendi dio por finalizada la instrucción de la etapa en la que Miguel Archanco fue presidente de Osasuna entre 2012 y 2014. Un total de 18 personas se sentarán probablemente en el banquillo de los acusados por diferentes delitos. Tan diferentes que casi se puede hablar de tres juicios en uno: amaños, gestión de Archanco y papel de la junta gestora. El auto del juez Otamendi es claro y los motivos y justificaciones legales para sentar en el banquillo a cada una de las personas admiten poca discusión. Sin embargo sí debe establecerse un debate social al respecto (paralelo al judicial), porque no puede ser lo mismo dejar hundido al club como hicieron Miguel Archanco y los suyos, que cometer una presunta ilegalidad por intentar salvarlo. El fin no justifica los medios, está claro, pero el osasunismo debe conocer que sin la intervención de la junta gestora de Osasuna quedarían hoy probablemente un puñado de escombros. A la junta gestora, visto lo visto, hay que agradecerle en primer lugar haber librado al club de una gestora encabezada por Diego Maquírriain y Ángel Vizcay, que era la otra alternativa entre la que tuvieron que elegir los socios y que se quedó a 41 votos de resultar ganadora. Durante su paso por el club cometieron sin duda muchos errores fruto del desconocimiento, la falta de experiencia o simplemente por tener mal criterio. Sin embargo por encima de eso tuvieron que gestionar una situación límite. Llegaron a Osasuna y descubrieron que de las arcas del club habían salido 1,4 millones sin justificar durante la etapa de Archanco. Y si no eran capaces de justificarlos y cerrar debidamente la auditoría el club jamás hubiese podido inscribirse en Segunda División. En aquella situación no resulta difícil imaginar dónde hubiese acabado el club si no hubiese sido capaz de lograr su inscripción. Aquellos 1,4 millones de euros finalmente se justificaron con un contrato y unas facturas, las de Flefield, que resultaron ser un invento de Ángel Vizcay, según sostiene el juez. Si la junta gestora conocía, amparó o impulsó aquello solo lo saben ellos aunque no resulta difícil de imaginar. Javier Zabaleta, Luis Ibero, Jesús Dronda, Ángel Larrea y Pedro Zudaire se sentarán en el banquillo. No lo hará Marino Zulet, el único miembro de la gestora que ha sido exculpado por no estar presente en algunas reuniones que el juez considera claves para justificar con documentos falsos la salida de 1,4 millones de las arcas de Osasuna. Será el juez el que determine finalmente si los miembros de la gestora participaron en algo ilegal, pero para el osasunismo no puede ser igual la actuación de unos y otros en este caso. Su papel en aquellos momentos merece sin duda reconocimiento, especialmente el de Ángel Larrea, el hombre que pilotó las cuentas del club y puso los cimientos de su viabilidad actual con una seriedad desconocida hasta entonces en Osasuna. Es justo reconocerle a él y a sus compañeros el trabajo realizado sin que ello implique pasar por alto una presunta ilegalidad. Para eso están los tribunales, pero los socios del club deberían reconocer a quienes seguramente pagarán por hacer algo que casi todos ellos también hubiesen hecho. Quizá sean culpables, el tiempo lo dirá, pero su nombre no merece aparecer al lado del de Miguel Archanco, Txuma Peralta y compañía. Juntos, pero no revueltos.

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Juntos, pero no revueltos

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