Diario de Navarra

El 6 de octubre pasado, el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007 en vigor. El resultado de la votación, con 128 votos a favor, 113 en contra (PP, UPN, Ciudadanos y Vox) y 18 abstenciones (ERC), muestra a las claras que la contestación a la misma es grande, ya que una norma de estas características debería contar con el visto bueno de todos los partidos democráticos, y el PP, UPN y Ciudadanos, al menos, lo son. Pero algunas enmiendas introducidas por Bildu, PNV, PDECAT, Más País y CC, quebraron un consenso que hubiera sido posible y deseable. Tras su entrada en vigor el pasado 21 de octubre, el lunes 24 Diario de Navarra publicó un claro resumen de la misma, que me gustaría comentar brevemente para ustedes. Además de asuntos llamativos pero de escaso interés histórico, como la extinción de títulos nobiliarios, caso del ducado de Mola con grandeza de España y la retirada de la grandeza de España al conde de Rodezno, la ley incluye asuntos de mayor fuste: la declaración del régimen franquista como ilegal, una nueva definición de víctima, la declaración de dos días de recuerdo a las víctimas y a los exiliados, el cambio de nombre del Valle de los Caídos a Cuelgamuros y su resignificación, la investigación por un fiscal de sala de las violaciones de derechos humanos, la retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática, la creación de un Centro de la Memoria Democrática, el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre los hechos ocurridos entre 1936 y 1978, la actualización de contenidos educativos y la promoción del conocimiento de la memoria democrática, entre otros. Pero con ser todo ello importante, nada lo será tanto como conseguir el objetivo fundamental: buscar a los desaparecidos, fusilados la mayor parte de ellos y enterrados en cunetas y fosas comunes, y darles un entierro digno. Que 83 años después de iniciada la guerra civil, miles de compatriotas estén todavía sin identificar es un baldón que un país democrático como el nuestro no se puede permitir. De ahí que éste deba ser, a mi juicio, el verdadero objetivo que los próximos gobiernos de España, sean del color que sean que sean, estén obligados a acometer. Y ello, no a iniciativa de familiares y asociaciones, sino por exigencia del propio Estado, que asume su búsqueda, sin perjuicio de la competencia de otras administraciones públicas. La elaboración de un mapa de localización de fosas y la creación de un banco estatal de ADN de víctimas para comparar perfiles genéticos en la identificación de restos, se antojan elementos decisivos en este proceso. Hace tres años, por estas mismas fechas, escribía un artículo a propósito de la exhumación de los restos de Franco. Me permito recordar algunas reflexiones, que no han perdido actualidad. Quedan algunas asignaturas pendientes, decía. La más importante, enterrar dignamente a los que, ochenta años después, yacen todavía en cunetas, además de resignificar el Valle de los Caídos como lugar de concordia y de memoria con el mayor consenso posible. Y para las nuevas generaciones de españoles que nacieron en democracia, redoblar un esfuerzo conjunto para explicar adecuadamente una etapa histórica que dividió profundamente a las dos generaciones anteriores a ellos. Cuando realidades y símbolos tan disputados como España, su himno y su bandera sean respetados por todos y no se los apropie nadie porque son de todos y pertenecen al patrimonio común; cuando miles de españoles asesinados y malenterrados en cunetas y fosas comunes reciban un entierro digno -un derecho de lesa humanidad-, entonces, solo entonces, podremos decir que aquella penosa etapa habrá quedado definitivamente superada. Apliquémonos a ello, no vaya a ser que en el próximo centenario de la guerra civil, en 2036, no lo hayamos hecho y se nos caiga la cara de vergüenza.

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Buscar a los desaparecidos y enterrarlos dignamente

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