Diario de Navarra

Hoy en día disfrutamos de un ordenamiento jurídico con códigos sistematizados de normas civiles y penales que afectan a toda la ciudadanía por igual y que garantizan la aplicación del derecho con unos criterios homogéneos, equitativos y de alcance universal. Sin embargo, esto que nos parece algo evidente y consustancial a nuestra sociedad fue un triunfo del estado liberal del siglo XIX. Hasta entonces la situación había sido muy distinta, lo que hacía que la aplicación del derecho fuera una cuestión mucho más compleja de lo que pensamos. En el caso del reino de Navarra conocemos perfectamente sus fueros, leyes y ordenanzas y también conocemos los organismos que se ocupaban de interpretar ese derecho y de administrar justicia. Sin embargo, cuando alguien cometía un delito, ¿cómo se aplicaban esos fueros? ¿Existía un código legal que actuaba por encima de las tradiciones forales locales? ¿Se aplicaba el derecho a todos por igual? Para responder a estas preguntas basta detener la mirada en el amplio caudal de información que contienen los procesos judiciales custodiados en el Archivo Real y General de Navarra. TRES CONDICIONES DE GENTES En nuestra sociedad todos los ciudadanos disfrutamos de los mismos derechos y libertades, somos libres e iguales ante la ley, una ley que se aplica sin diferencias de nacimiento, origen o clase social. Sin embargo, el reino de Navarra, durante toda su larga trayectoria histórica, se caracterizó por acoger una sociedad estamental, es decir, desigual. Una sociedad fuertemente jerarquizada en la que cada individuo se definía por su nacimiento y en la que su existencia venía condicionada por el estatuto jurídico de su grupo de pertenencia: los nobles, los burgueses o ruanos habitantes de las buenas villas, y en el otro extremo los siervos o campesinos que eran la mayor parte de la población. Las consecuencias de ese sistema estamental afectaban a todos los ámbitos de la vida y se reflejaban especialmente en las obligaciones -y privilegios- fiscales, judiciales y militares. A efectos judiciales, no era lo mismo ser noble que campesino, y mucho menos formar parte de las minorías judías y musulmanas. Los grupos privilegiados de la sociedad navarra, nobles y burgueses, consiguieron que la Corona respetase sus garantías judiciales, entre ellas la ventilación de sus pleitos en sus propias instancias, la inviolabilidad de domicilio o la libertad personal de quien otorgaba fiador de derecho. Algunas de estas garantías también eran compartidas por el campesinado, aunque este grupo no disfrutó de todas las ventajas judiciales de los grupos privilegiados. Las diferencias no solo se manifestaban en el derecho procesal. En el ámbito penal los fueros marcaban una descompensación en la responsabilidad que se exigía al noble y en la penalización mayor de los actos cometidos contra su persona, a diferencia de lo que ocurría cuando el campesino actuaba como agresor o como víctima. Sin necesidad de rescatar el meticuloso sistema de artículos forales que regulaban estas cuestiones, resulta paradigmático el delito de violencia sexual. Según el Fuero General de Navarra, cuando un infanzón forzaba a una labradora pechera y se demostraba su culpabilidad era condenado al pago de una multa de “medio homicidio”, es decir, una sanción tasada en la mitad de una multa por homicidio. Pero si el delito se producía en la dirección inversa y era un labrador pechero el acusado de haber forzado a una mujer infanzona, su culpabilidad conllevaba la condena a muerte. El delito de violencia sexual es quizá el más elocuente de esta desigual consideración de la responsabilidad penal de unos y otros, si bien es algo que en otros delitos no se aprecia tan claramente. Los nobles, por supuesto, también podían ser condenados a muerte por determinados hechos delictivos. Pero incluso en este caso, la aplicación del ritual penal contemplaba modalidades más honrosas en función de la categoría social del reo. En una suerte de simbología jerárquica de la ejecución, los nobles castigados con la pena capital recibían la muerte por ahogamiento, al igual que las mujeres de todas las clases sociales. En aquella mentalidad era una forma de evitar el denigrante espectáculo del cuerpo ahorcado en el patíbulo, ritual reservado para los hombres villanos. Aunque solemos asociar la decapitación como la modalidad de ejecución por excelencia de la alta nobleza, esta no se configuró hasta mediados del siglo XIV para aplicarse a personalidades principales implicadas en delitos de traición regia, como el caso de los ricohombres Rodrigo de Úriz y Ramiro Sánchez de Asiain, mandados decapitar por Carlos II en 1377 y 1380, respectivamente, acusados de crimen de lesa majestad. DERECHO ESCRITO Y JURIPRUDENCIA Durante siglos se mantuvieron vigentes y coexistieron los fueros municipales de Estella, Pamplona, Tudela y Logroño-Laguardia, y las recopilaciones normativas del Fuero de Viguera y Val de Funes, los fueros de la Novenera y el Fuero General de Navarra. Ese derecho escrito quedó fosilizado desde muy pronto, pero eso no impidió que la administración judicial se dotase de otros medios para renovar la práctica jurídica. Los principales impulsores de esta renovación fueron los más insignes juristas del reino, que formaban parte de los organismos superiores de justicia. Como ya apuntó José M. Lacarra, la Corte Mayor fue el cauce ordinario de introducción del derecho común en la jurisprudencia navarra. Los jueces del tribunal supremo del reino manejaban con demostrada solvencia los fueros navarros y con ello aseguraban la continuidad de la tradición jurídica pirenaica. Pero al mismo tiempo daban continuas muestras de sus amplios conocimientos sobre el derecho romano y canónico aprendido durante su formación académica. Gracias a ello, los problemas cotidianos de la vida judicial que los textos legales navarros no resolvían se solucionaban con arreglo a fórmulas jurídicas extraídas de los manuales de Derecho. Por ese motivo en sus sentencias pueden encontrarse desde soluciones penales caracterizadas por su arcaísmo hasta usos procesales perfectamente adaptados a los nuevos tiempos con formulismos y soluciones jurídicas más universales. Una muestra de ese derecho fosilizado y arcaico era el recurso a las ordalías o juicios de Dios. En Navarra se conocían tres modalidades: la ordalía de las candelas, la de las gleras del agua caliente y la más usual de todas ellas, la del hierro caliente. Mediante la ordalía del hierro caliente el acusado debía coger con la mano -que previamente había estado tres días cubierta con un paño- un trozo de hierro ardiente, bendito, colocado en el altar, y dar tres pasos con él sin soltarlo. Transcurridos tres días se descubría la mano y a falta de quemaduras, en opinión de los herreros, no existía culpabilidad. Era un procedimiento exculpatorio que aparecía descrito en el Fuero General de Navarra pero que para el siglo XIV se consideraba anticuado y las autoridades judiciales no lo contemplaban, máxime cuando la Iglesia había cuestionado las ordalías desde el lV Concilio de Letrán de 1215. Por eso sorprende que en una sentencia dictada en 1370 la corte judicial de Mixa-Ostabarets diera a dos vecinos la oportunidad de salvarse de la acusación de hechicería tomando el hierro caliente en la ermita de San Esteban de Orcoyen, único lugar del reino regulado para ello. En el orden civil también encontramos en plena Edad Moderna rastros de ese arcaísmo de ciertos artículos del Fuero General de Navarra, una norma que se había puesto por escrito en los siglos XIII y XIV pero que seguía vigente por cuanto su versión actualizada y modernizada, el Fuero Reducido, no había conseguido sancionarse. El archivero Florencio Idoate rescató varias noticias del siglo XVI en las que algunas localidades limítrofes, como Villafranca, Peralta y Funes, dirimieron sus diferencias mediante la prueba judicial de “la clueca y los pollos”. Dicha prueba estaba contemplada para aquellos casos en los que el río abriese un nuevo cauce y dejase aislada una franja de terreno de su municipio de pertenencia, lo que permitía asignarla al municipio colindante. Y en efecto la propiedad de esas tierras quedaba para la localidad desde la que una gallina con sus polluelos pudiera pasar por seco, sin necesidad de nadar, como así verificaron los tribunales en cierta ocasión en aplicación de dicha norma. LA APLICACIÓN ¿DE QUÉ DERECHO Y EN DÓNDE? A diferencia de otros espacios soberanos europeos, donde la Corona consiguió promulgar un código legal para todo el reino, en el reino de Navarra nunca llegó a sancionarse un único derecho de aplicación general para todos los navarros, pese a que en la práctica el Fuero General de Navarra se había concebido como un derecho territorial. Debido a esa circunstancia durante siglos se mantuvieron vigentes y coexistieron los fueros municipales junto con otros fueros de alcance territorial. Todos ellos, además de muchos otros privilegios de menor importancia otorgados a diversas comunidades de la Navarra medieval, contenían multitud de preceptos de carácter judicial y penal indispensables para la administración de justicia. Esa riqueza normativa, origen de la idiosincrasia foral de Navarra, tuvo sus peculiares consecuencias en el plano práctico. Aunque podría pensarse que los tribunales aplicaban un mismo derecho penal para toda la población, lo cierto es que el castigo estaba mediatizado por la localidad en la que se cometía y juzgaba el delito. La variedad de ordenamientos jurídicos vigentes en Navarra provocó una gran diversidad a la hora de dictar sentencia por parte de los jueces, que debían respetar las disposiciones de uno u otro fuero a la hora de dictar sentencia. Esto producía en la práctica verdaderos desfases penales entre unas comarcas y otras. ¿Cuáles eran estas comarcas jurídicas? La más extensa del reino se extendía desde la merindad de las Montañas a la zona septentrional de las merindades de Sangüesa y Tierra Estella. En esa comarca, que la documentación denomina “las montaynas” o “las comarquas”, regía el Fuero General de Navarra. El resto del reino era un mosaico de pequeñas áreas en las que estaban vigentes distintas tradiciones jurídicas. Las principales coincidían con los fueros municipales de Estella, Pamplona, Tudela y Logroño, que se habían ido extendiendo desde esas localidades a otras villas, creando lo que se ha dado en llamar “familias de fueros”. Y junto a ellos no hay que olvidar las comarcas que resultaban de la aplicación del Fuero de Viguera y Val de Funes o de los fueros de la Novenera, entre otros. UN CASTIGO DIVERSIFICADOo: LA MULTA POR HOMICIDIO De todos los delitos ordinarios, el homicidio se configuró como el crimen por antonomasia del espectro delictivo, de manera que prácticamente todos los fueros incluyeron disposiciones penales que regularon su castigo. La pena generalizada en todos ellos fue el pago de una multa. Quizás hoy pueda sorprendernos que en la sociedad medieval el homicidio se castigara con el pago de una sanción económica. Eran sanciones elevadas, que podían llegan a las 50 libras, pero que no dejaban de ser multas. En cambio, otros delitos que hoy pueden parecernos de menor gravedad que la muerte de una persona se castigaban con penas corporales de mutilación o flagelación e incluso con la ejecución capital. Esta concepción penal reflejaba un sistema de valores que dista mucho del actual. Pero en el caso del homicidio lo más llamativo no era solo que la responsabilidad penal se extinguiese con el abono de una multa. O que esa multa no buscara resarcir o compensar a la víctima o a su familia, sino que la cobrase íntegramente el Fisco. Lo verdaderamente sorprendente de la multa por homicidio en la Navarra medieval fue sin duda la tremenda diversificación de variantes en función del lugar de comisión del delito. Tal era la variedad de penas como la diversidad de fueros vigentes en el reino. Y esto no es una idea obtenida únicamente de la lectura de los preceptos forales. La práctica judicial, que conocemos a través de las sentencias conservadas, confirma este modo de proceder. Así, en Pamplona, en virtud del fuero, el homicidio se castigaba con la altísima multa de 50 libras, regulación que se extendía a toda la Cuenca de Pamplona. Lo mismo sucedía en Tudela según regulaba su fuero, y en Cáseda y Peña según el fuero de Daroca. Pero en Estella y Sangüesa sus respectivos fueros indicaban una sanción mucho menor, nada menos que la mitad, 25 libras, y en algunas villas como Funes, Falces, Lerín, Cárcar, Azagra, Andosilla y Rada, aforadas al fuero de Funes, la sanción sólo alcanzaba las 15 libras, al igual que en Zúñiga y el valle de Lana según sus respectivos privilegios. La escala penal del homicidio terminaba en el amplísimo territorio conocido como “las montañas”, donde la multa se quedaba en solamente 12 libras según recogía el Fuero General. Y en las villas fronterizas con Castilla aforadas a Logroño el homicidio estaba tasado en 10 libras. En Caparroso su fuero tasaba el homicidio en 100 cahíces meitadencos, es decir, mitad de trigo y mitad de cebada. Esta última cantidad también se pagaba en Miranda de Arga, Larraga, Mendigorría, Artajona y Berbinzana, villas en las que regían los fueros de la Novenera, al igual que en Tafalla, Beire, San Martín de Unx y Pitillas, además de en Ujué y en la Valdorba -si bien para el siglo XV Mendigorría, Artajona y Tafalla quedaron aforadas a Estella-. Esta penalidad ofrecía una lectura totalmente dispar: en Pamplona y Tudela, y en sus áreas circundantes -la cuenca de Pamplona y el albalá de Tudela- matar a alguien en la Edad Media tenía un coste que duplicaba al castigo que recibían los homicidas de las localidades aforadas a Estella e incluso era cuatro veces mayor que la pena prevista en la mayor parte del reino al estar aforada al Fuero General. Para complicar más la situación, a comienzos del siglo XIV algunas localidades renovaron completamente el castigo del homicidio simple perpetrado entre vecinos, a través de una drástica ordenanza. La ordenanza, conocida como “qui mate que muera” disponía la muerte en la horca de todo vecino o foráneo que asaltase con armas a otro hombre en el recinto urbano. Así se reguló en 1310 para Estella y en 1330 para Tudela, lo cual no es de extrañar, pues en la villa ribereña se cometían anualmente entre 6 y 7 homicidios, lo que suponía casi la cuarta parte del total de homicidios del reino. Esta rigurosa regulación solo se aplicó en Navarra en determinadas áreas con objeto de atajar la alta incidencia de las muertes violentas, a diferencia de lo que ocurrió en otros países europeos, como Francia, en la que este castigo agravado terminó por extenderse en el siglo XIV a todos los casos de homicidio. Félix Segura Urra es doctor en Historia y director del Archivo Real y General de Navarra.

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