La vida de los navarros tiene su reflejo en los tribunales, ahora y también el el siglo XVII. El Archivo Real y General de Navarra ha puesto en su web 95.000 fichas descriptivas referidas a procesos judiciales del siglo XVIII, que ahora están a disposición de historiadores, investigadores y todas las personas que estén interesadas en ellas, a través de la página de Archivo Abierto.

No todos los pleitos llegaban a los Tribunales Reales (el Consejo Real y la Corte Mayor), ya que las máximas instancias judiciales del reino actuaban por sí mismas, pero también resolvían recursos sobre sentencias que se habían fallado en tribunales inferiores.

Las 95.000 fichas disponibles desde ahora dan una idea de qué tipo de problemas preocupaban a los navarros del siglo XVIII hasta el punto de llegar a los tribunales para obtener una solución.

Impago de deudas

Muchos de los pleitos son sobre cuestiones menores, como el impago de deudas, que esos tiempos podían llevar a una persona a la cárcel. Los litigantes no solo querían cobrar una deuda sino, en ocasiones, proteger su patrimonio.

En 1772 el señor del palacio de Anderaz (Abárzuza), un sacerdote, y su nuera, Francisca Ignacia Ladron de Cegama, actúan contra su hijo y marido, que estaba preso por deudas en la Ciudadela de Pamplona para que no respondiera de ellas con los bienes del mayorazgo.

A los tribunales reales no solo llegan casos que afectan a individuos, sino que se puede comprobar que los municipios eran muy activos a la hora de pleitear, tanto contra particulares, como contra el fiscal, pero también entre ellos.

En 1713 la villa de Peralta presentaba una demanda contra la ciudad de Tudela, sobre pago de 1.500 reales por la venta de 100 robos de trigo y 100 robos de cebada para alojamiento de soldados, cuyo coste corría por cuenta de los municipios.

Se trataba de una sociedad muy regulada en cuestiones que hoy nos resultan lejanas. Por ejemplo, los gremios controlaban multitud de profesiones hasta su abolición en 1813 y eran muy celosos de sus competencias. En varios de los procesos, por ejemplo, el Gremio de Chocolateros de Pamplona actúa contra diversas personas por ejercer el oficio, como en la causa de 1763 contra María y Micaela Celaya o en la de 1766 contra Francisco Vicente Larumbe y Goñi “por ejercer el oficio sin examen”, o incluso por la mera venta de chocolate.

Apostar era una actividad que acababa de vez en cuando en los tribunales cuando una de las partes intentaba cobrar una apuesta. Lo más interesante es que los pleitos permiten conocer sobre qué se podía apostar en el siglo XVIII: una carrera de caballos entre Tolosa y Pamplona, la siega de unos terrenos, juego de pelota (en un caso hay un conflicto porque los jugadores se retiraron antes de acabar el partido), la edad de 2 novillos, la cantidad de tela empleada en la confección de la casaca de un militar, o levantar 77 kilos de trigo con un brazo atado.

En ocasiones, lo que llega a los tribunales es una pelea producida a causa de la apuesta, o de una partida de naipes. En ocasiones, las autoridades intentan actuar contra quienes se dedican a juegos prohibidos, como como el zacanete (en el que se mezclaban hasta 6 barajas).

En otros casos son los propios naipes, las propias barajas, el objeto de la disputa. En 1701 el Hospital General de Pamplona y Matias de Lacabe, que tenía arrendado el estanco de naipes (es decir, que tenía la exclusiva de su venta), pleitean contra el francés Juan Bonicart, natural de Francia, acusado de introducir una docena de barajas de naipes de Francia y condenado a pagar 200 ducados de multa.

En las causas en las que aparecen agresiones o peleas es frecuente que aparezca que a los acusados tienen que pagar multas por lo que se llama un “medio homicidio”. Con esta expresión se refieren a las lesiones en las que se produce una efusión de sangre.

Quizás lo más notable no sean los casos que llegan en apelación sobre las peleas o agresiones en sí, sino aquellos en los que instituciones como el Valle de Burunda o el ayuntamiento de Sesma, o nobles como la Marquesa de San Adrián, le disputan al fiscal el cobro de esas multas por medios homicidios.

Aunque no aparece la palabra “asesinato” cuando se recurre al buscador, “muerte” devuelve 2.114 documentos (aunque no todos se refieren a muertes de personas; un buen número se refiere a la de ganado y otros a cuestiones de herencia).

Y en algunos casos el interés del tribunal es sorprendente. En 1724 aparecieron tres personas muertas en Ziordia, y lo que llega al tribunal es la petición del alcalde del valle de Burunda de que se puedan vender las caballerías encontradas junto a los cadáveres.

Lo que hoy definimos como delitos contra la libertad sexual también están presentes en el material digitalizado. Una búsqueda con la palabra “violación” devuelve solo 39 expedientes en todo el siglo, aunque en varios de ellos aparece que la víctima era una niña.

Uno de los casos más llamativos deja claro que los problemas de la justicia no son nuevos, y que la víctima de una violación podía sufrir las iras de los poderosos. Es el del pleito del fiscal contra “Diego de Huarte, Francisca Pedrosa, natural de Corella, Joaquin de Resa, procurador de los Tribunales Reales, y otros, vecinos de Tudela, sobre violacion con fuerza de Maria Sanz Montañana, su criada, niña de 16 años, natural de Tarazona (Zaragoza), complicidad en el delito y soborno para impedir la denuncia e incitar al abandono de la ciudad de Tudela”. La causa, dice la ficha de Archivo Abierto, tiene 282 folios.

El término que más aparece, en 675 ocasiones, es el de estupro, que hoy ha desaparecido del Código Penal y que el diccionario académico define en una de sus acepciones así: “Antiguamente, coito con soltera núbil o con viuda, logrado sin su libre consentimiento”.

Es significativo que, aunque la gran mayoría de los causas se refieran a la violación en sí, un número notable, se refieran a la indemnización que recibía la mujer para tener una dote con la que casarse, como María Isabel de Goñi, vecina de Mendigorría, que en 1777 pleiteaba para que su vecino Joaquín de Jaca le pagase 300 ducados, que entonces era cantidad importante, para compensar el estupro.

Esta actuación supone un importante paso en el proyecto de publicación de las fichas correspondientes a los procesos judiciales de los Tribunales Reales del Reino de Navarra. Así, en estos momentos, es posible acceder a un total de 293.000 descripciones. En 2015 se publicaron 93.000 correspondientes al siglo XVI; en 2017 se publicaron 105.000 fichas sobre pleitos del siglo XVII y ahora se hace un nuevo aporte de 95.000 nuevas referidas al siglo XVIII.

Todo este material volcado en una base de datos es accesible por internet desde el buscador web Archivo Abierto. Su consulta es libre y gratuito y constituye el mayor conjunto de datos históricos sobre el Reino de Navarra.

El Gobierno de Navarra inició en el año 1992 la catalogación de esta serie de procesos judiciales por considerarlos una de las fuentes primarias más prometedoras para el avance de los estudios históricos y el mejor conocimiento de la historia de Navarra. A fecha de hoy, después de casi tres décadas, los trabajos todavía no han concluido.

Un equipo especializado formado por 3 técnicos de la empresa Scriptum S.L. catalogan a diario los pleitos en dependencias del Archivo Real y General de Navarra y crean anualmente 6.600 fichas descriptivas. Además, está previsto que las fichas correspondientes a los procesos judiciales del siglo XIX, en estos momentos en proceso de elaboración, puedan volcarse en 2022.

Las fichas publicadas en internet hacen referencia a pleitos procedentes de los fondos del Archivo de Navarra conocidos como Tribunales Reales es decir, el Consejo Real y la Corte Mayor, que fueron las máximas instancias judiciales del Reino. Ambos tribunales, a través de sus cuatro secretarías y sus ocho escribanías, respectivamente, produjeron durante su existencia cientos de miles de procesos judiciales.