La jueza María Tardón ha citado como imputado para el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

Se trata por tanto de la primera imputación que se produce en esta causa, en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio, y que faltaban 19 mensajes y una conversación por desclasificar.

La imputación, de la que han informado fuentes jurídicas, se produce después de que el Gobierno haya accedido a desclasificar los informes elaborados en relación con estos hechos por el Centro Nacional de Inteligencia y que fueron requeridos por la jueza, quien además ha acordado llamar a declarar a dos miembros del CNI.

La magistrada la ha acordado en un auto de 11 páginas en el que acepta la inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

En esta misma resolución, requiere a la Comisaría General de Información de la Policía un informe con las incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia que consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y 5 de agosto.

Circunstancias todas ellas "compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles".

Asimismo, acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00:01 horas del 30 de julio y las 23:59 horas del 31 de julio.

Solicita estos dos informes con carácter previo a decidir sobre la batería de diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas esos días.

"Si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas", apunta.

Pese a esas sospechas, precisa Tardón, más allá de la declaración de un agente de policía, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que existieron actuaciones deliberadas de "interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos" investigados.

Dicho policía declaró que las comunicaciones operativas presentaban esos días graves deficiencias de funcionamiento, lo que le pareció anómalo, "hasta el punto de suscitarle la sospecha de que dichas incidencias pudieran guardar relación" con las entradas masivas de inmigrantes.

"Sin embargo, y como bien se señala en su escrito por el Ministerio Fiscal, tal apreciación constituye una valoración subjetiva del declarante, que tras percibir la eventual existencia de una alteración significativa de los sistemas de comunicaciones empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una situación de extraordinaria presión fronteriza, también apunta a que a ello pudo contribuir, precisamente, la saturación que tal situación pudiera generar, así como la proximidad de la frontera", observa la jueza.

Esa posible afectación de los sistemas de comunicaciones, añade, "constituye una hipótesis fáctica directamente relacionada con la capacidad de reacción institucional frente a los acontecimientos investigados y, por ello, merece ser objeto de comprobación".

Así, y pese a compartir el criterio de la Fiscalía sobre la necesidad de practicar diligencias para analizar todos estos extremos, la jueza cree más pertinente pedir primero información a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta.

Una vez incorporada esa información decidirá si recabar la colaboración de aquellos organismos del Estado con capacidad técnica y acceso a la información necesaria "para determinar si durante las fechas objeto de investigación se detectaron indicadores compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles".